La incautación de material sanitario para mitigar el desabastecimiento en los hospitales ha enfrentado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía, que hasta este momento había recalcado su lealtad institucional al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El consejero andaluz de Sanidad, Jesús Aguirre, ha remitido una carta al Ministro del ramo, Salvador Illa, para manifestarle el malestar de la Junta por el “requisamiento de 150.000 mascarillas el pasado domingo 15 de marzo” al principal proveedor del Servicio Andaluz de Salud, que suministra 200.000 unidades semanales al SAS.
Aguirre recalca en su misiva que otras empresas proveedoras del SAS han informado de que el Ministerio de Sanidad ha contactado con las mismas para “derivar su producción”, inclusive los pedidos que la Junta de Andalucía tenía “en curso”. “En este momento apenas tenemos existencias para el resto de la semana y comenzamos a sufrir las consecuencias de dicha escasez, por lo que tanto la seguridad de los pacientes como de los profesionales se está poniendo en riesgo”, afirma el consejero andaluz, “a pesar de una gestión de compra con previsión”.
Según apunta el consejero, el consumo semanal previsto es de 250.000 mascarillas quirúrgicas, 30.000 FFP2 y 20.000 FFP3. Por ello, “ante la situación de extrema gravedad generada”, la Junta existe al Gobierno que “se garantice de manera inmediata a los andaluces el suministro suficiente para atender las necesidades descritas y que, por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, se tenían perfectamente programadas”, remacha Jesús Aguirre. Por el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez aún no se ha pronunciado al respecto.
