El exinterventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, de cuyo testimonio depende en buena medida la imputación del presidente andaluz en el caso de los ERE fraudulentos, mantuvo contacto iniciado ya el procedimiento judicial con la actual consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo. Se da la circunstancia de que Martínez Aguayo ejerció de número dos de José Antonio Griñán en su etapa como consejero de Economía y Hacienda (2004-2008), periodo en el que habría cometido una presunta omisión en la detección de ilegalidades en torno a la famosa partida 31L de los presupuestos. Entonces, Griñán tuvo conocimiento, según la juez Mercedes Alaya, de los informes adicionales de advertencia sobre irregularidades en el procedimiento para pagar las ayudas y subvenciones sociolaborales con cargo a dicho fondo de reptiles.
Según consta en la declaración judicial que prestó anteayer Gómez Martínez, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en un momento del interrogatorio la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se interesó por las posibles presiones que el Gobierno de Griñán hubiese ejercido sobre el exinterventor. Y ello, porque Gómez Martínez se descolgó el pasado noviembre, una vez conocido el dictamen de la comisión parlamentaria, con el envío de una carta al presidente de la Cámara, Manuel Gracia, en la que decía que la citada comisión de investigación había unido su nombre al "caso de corrupción más importante de la historia de España" y había obtenido "un resultado fraudulento, que se une al inmenso fraude de los ERE" tras haber "ocultado deliberadamente los datos, testimonios e informes relevantes". Gómez Martínez recalcó en la misiva que Griñán y Martínez Aguayo "recibieron las auditorías en las que la Intervención ponía en su conocimiento las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo y nada hicieron para combatirlas; antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los eres".
El exinterventor general de la Junta le mostró a la consejera de Hacienda "su más enérgica protesta por la manipulación que se estaba haciendo en el ámbito político del informe de actuación”, el documento que no llegó al Consejo de Gobierno con las ilegalidades detectadas
En concreto, avanzada ya la comparecencia, Alaya formuló al exinterventor la siguiente pregunta: “Cuando se inicia el procedimiento judicial y comienza a cuestionarse su actuación ¿Ha tenido usted alguna reunión con los que fueron viceconsejero y consejero de Hacienda o con el que fuera presidente de la Junta sobre el tratamiento que se le dio al tema, sobre el que debió darse o sobre alguna otra circunstancia relacionada?”. Ante ello, Gómez Martínez no eludió la interpelación y admitió haber mantenido con Martínez Aguayo “dos o tres reuniones” en 2012, cuando él “ya no tenía responsabilidades”. En esas citas, reconoce, “han cambiado impresiones” sobre el asunto de los ERE, “pero en ningún caso con carácter ejecutivo, o de hacer cosas”, matiza.
En ese momento, el exinterventor general de la Junta relata que “le ha mostrado su más enérgica protesta por la manipulación que se estaba haciendo en el ámbito político del informe de actuación”, el documento que no hizo con las irregularidades detectadas y por el cual se habrían elevado las mismas al Consejo de Gobierno. Gómez Martínez criticó a la consejera --y así se lo contó a la juez-- que desde el Ejecutivo andaluz hablaran de “inactividad de la Intervención”. Según el declarante, Martínez Aguayo le “trataba de explicar la posición del Gobierno”, pidiéndole que no lo entendiera como una “agresión”, sino como un intento de “templar gaitas”. A ello, el exinterventor añadió que la consejera “no le daba ninguna explicación convincente” sobre el sistema de concesión de ayudas irregulares.
Si bien Gómez Martínez ha destapado la mecánica de la Junta en el caso de los ERE, la consejera también echó tierra sobre su propio tejado cuando el pasado abril rechazó tener responsabilidad en este fraude y apuntó a los que fueron consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.
Menoscabo de los fondos autonómicos
Con todo, Alaya imputó al exinterventor sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales "por dictar informes u omitir los mismos" en relación al sistema por el que se concedían las ayudas vinculadas a los ERE, habiendo permitido "en connivencia con otros el torcimiento de la Ley y del derecho y el menoscabo de los fondos de la Junta durante más de una década". Sin embargo, le exonera de no haber realizado el informe de actuación para "no forzar a los responsables políticos" de la Junta a tener que pronunciarse sobre las anomalías que él había denunciado hasta en 15 ocasiones. Alaya no adoptó medida cautelar alguna contra él, ni personal ni real, y sólo la Fiscalía Anticorrupción solicitó que comunique al Juzgado cualquier cambio de domicilio.
