El exgerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, se ha negado a declarar en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE irregulares, al igual que han hecho otros imputados por este caso. Mellet, que ha afirmado sentirse víctima de una "persecución personal" en los últimos tres años fruto de una "batalla política entre los grandes partidos para alcanzar cotas de poder".
Durante su intervención, en la que no ha aceptado preguntas de los parlamentarios, ha dicho que comparece en la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades políticas y administrativas relacionadas con la concesión de ayudas sociolaborales y tramitación de expedientes de regulación de empleo, "sin haber tenido responsabilidad política ni administrativa en administración alguna".
Mellet está imputado en los cuatro sumarios relacionados con Mercasevilla y cuyo ERE fue el origen que destapó la supuesta trama en relación a las ayudas sociolaborales. El exgerente ha justificado su decisión de no declarar ni de responder preguntas con el hecho de encontrarse en un proyecto judicial, si bien ha asegurado que cuando acaben los juicios no tendrá "ningún problema" en volver a la comisión y declarar.
Aunque ha adelantado que no iba a contestar preguntas, ha querido aclarado que quería hacer una serie de declaraciones que pudieran ser "de interés" para la comisión. De esta manera ha querido dejar claro que "en ningún momento" ha desempeñado ninguna actividad de función pública, administrativa o política durante el tiempo que fue gerente de Mercasevilla. "No tuve por tanto ninguna capacidad de decisión o de actuación desde un punto de vista político o administrativo", ha añadido.
"Mi tiempo ocioso en esta comisión de investigación no tiene ningún sentido"
"Me encantaría poder responder a sus preguntas porque seguro que resolvería muchas de las cuestiones que tiene. Pero entienda que no puedo declarar por estar inmerso en un proceso judicial, por lo que mi tiempo ocioso en esta comisión de investigación no tiene ningún sentido". Así se ha expresado el exparlamentario socialista andaluz Ramón Díaz Alcaraz (PSOE), quien se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante la comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE y solo ha leído una declaración en la que ha defendido las ayudas investigadas para mantener el empleo, y ha lamentado que se asocien con fraude.
Alcaraz incluso ha solicitado que se le dejara marcharse ya que no podía responder, algo a lo que finalmente se ha negado la comisión pues consideraba que era obligación del asesor asistir a las preguntas de los parlamentarios.
Conciencia tranquila
Díaz Alcaraz, primero de los comparecientes citados, ha acudido ante la comisión asistido por su abogado, Manuel Navarro Lledó, y ha leído un comunicado de diez minutos en el que ha asegurado que "tiene la conciencia tranquila" y que "jamás conoció una actuación ilegal, ni siquiera irregular", durante los cuatro años en los que trabajó como asesor de la Consejería de Empleo.
"Soy la persona con menos responsabilidad política de cuantas han sido citadas"
Ha lamentado que "haya calado en la opinión pública una injusta relación entre fraude y ERE" porque las ayudas permitieron llevar "una vida digna" a "miles de trabajadores expulsados del mercado laboral". Ha asegurado que el hecho de estar imputado en el caso que instruye la juez sevillana Mercedes Alaya le impide someterse a las preguntas de la comisión pero aún así ha defendido que es "la persona con menos responsabilidad política de cuantas han sido citadas" en la comisión y la de "menor capacidad de decisión" en torno a los ERE.
Ha relatado que en octubre de 2005 se incorporó a la Consejería de Empleo para centrarse en la lucha contra la siniestralidad laboral y luego intervino en las ayudas investigadas, cuya finalidad era "conseguir condiciones de vida dignas a los trabajadores expulsados del mercado laboral", lo que además permitió "mantener cientos de empresas abiertas y conservar miles de puestos de trabajo".
Fue una política apoyada por todos los partidos, incluidos los que ahora están presentes en la comisión de investigación, y por el propio Parlamento de Andalucía, ha añadido Díaz Alcaraz.
Pese a su negativa a declarar, el exparlamentario del PSOE ha dicho que "cuando se sustancie el procedimiento judicial" no tendrá inconveniente en someterse de nuevo a la comisión y ha pedido que se le hagan llegar las preguntas que pensaban plantearle para decidir "si las puede contestar".
Ha asegurado tener la conciencia tranquila porque nunca conoció ninguna actuación "ilegal, ni siquiera irregular" y ha afirmado que su único interés fue "mantener el empleo y la actividad productiva bajo el paraguas de la legalidad".
Diz-Lois Ruiz: "Yo era un simple jefe de servicio"
El exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois Ruiz, imputado por el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación creada en el Parlamento, ni a responder las preguntas formuladas por los distintos grupos, al tiempo que ha eludido toda responsabilidad en este caso, subrayando que era "un simple jefe de servicio".
Diz-Lois ha anunciado acciones legales contra la comisión de investigación si se le realizaban preguntas
Así se ha pronunciado Diz-Lois en su intervención en la comisión de investigación, en la que ha anunciado que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra este órgano, si se le realizaban preguntas, al considerar que dichas cuestiones podrían "lesionar su derecho a la defensa", así como también sus derechos "al honor, la intimidad y la propia imagen", recogidos en la Constitución.
Por su parte, el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IU), le ha respondido que la comisión reconoce y respeta su derecho a no declarar y no contestar las preguntas de los grupos, pero que entiende que "no se lesionan sus derechos constitucionales", por lo que procedió a pedir a los grupos parlamentarios que formularan sus preguntas.
Tres comparecencias al día hasta sumar 23 comparecientes
El miércoles comparecerán el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, imputado por la Justicia, y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien se encuentra en prisión desde el pasado mes de marzo, siendo el único imputado en la cárcel, tras la salida de su chófer y de Antonio Fernández.
El jueves, en la penúltima sesión que tendrá lugar esta semana, comparecerán en la comisión parlamentaria los también imputados por la Justicia Juan Márquez, exdirector general de Trabajo; Daniel Rivera, exdirector general de Empleo, y Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo.
Las comparecencias de esta semana se cerrarán el viernes con las declaraciones del exviceconsejero de Empleo Justo Mañas; del exconsejero de Empleo José Antonio Viera; y del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien salió de la cárcel el día 10 de agosto tras pagar la fianza de 450.000 euros impuesta por la juez Mercedes Alaya.
Está previsto que en la mayor parte de las jornadas se celebren tres comparecencias al día, que tendrán una duración máxima de tres horas y por las que pasarán un total de 23 comparecientes, dado que el exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez no lo harán, el primero por no haber sido localizado por la comisión y la segunda por problemas de agenda.
En relación a la ordenación de las comparecencias, cada compareciente contará con un primer turno de una hora como máximo. A continuación, cada grupo parlamentario contará con un turno de pregunta-respuesta que se alargará como máximo 20 minutos, y de ser necesario se abrirá un segundo turno de preguntas con un tiempo máximo de 10 minutos por grupo. Para finalizar, el compareciente contará con un último turno para realizar una intervención final con un tiempo máximo de 30 minutos.
