Tres grandes escándalos de corrupción con un nombre en común. Es el de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2011 con los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y ahora en el punto de mira de dos jueces sevillanos y uno malagueño. El motivo: su presunta relación con el célebre 'caso de los ERE', y con las 'Operaciones Edu' y 'Cirene', que investigan el megafraude en los cursos de formación. Fernández, que llegó a ingresar en prisión por orden de la juez Mercedes Alaya en el primero de los sumarios, ha visto cómo en los dos últimos meses se le ha relacionado con los otros dos escándalos que salpican directamente a la Junta de Andalucía. Fernández dejó el PSOE, precisamente, por su imputación en el caso de los ERE.
Un informe de la Operación Edu' destaca que un empresario investigado presumía de "gran amistad" con el consejero que daba las subvenciones
La investigación judicial más reciente que le señala es la 'Operación Cirene' que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Velez, y que la semana pasada llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a realizar 16 detenciones, entre ellos del que fuera el tesorero de la UGT en Andalucía durante años, Federico Fresneda, el 'Bárcenas' del sindicato en esta comunidad. Las pesquisas apuntan a que el sindicato presuntamente nutrió una supuesta 'caja B' con fondos públicos dedicados a la formación, los cuales eran desviados a otros fines mediante facturas falsas o infladas. Sin embargo, los datos recopilados por los agentes del instituto armado gracias a los testimonios de testigos, la documentación intervenida en los registros y, sobre todo, los correos electrónicos encontrados extienden la implicación más allá de la UGT y de las empresas que colaboraban supuestamente con el sindicato en el fraude.
De hecho, entre los investigados se encuentran dos exconsejeros de Empleo, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a las pesquisas. Uno es Antonio Ávila, quien fue también presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo público en el epicentro de todos estos escándalos. Él fue quien firmó en diciembre de 2012 la resolución que exoneraba a 1.700 entidades andaluzas de justificar gastos de los cursos de formación que impartían. El segundo que aparece es, precisamente, Antonio Fernández, máximo responsable de la Consejería en el periodo investigado y, por tanto, encargado de vigilar que el dinero público que entregaba la Junta a estas entidades se dedicara al objetivo para el que estaba previsto, la formación. Según las fuentes consultadas, las pesquisas en torno a ambos aún están en una fase "muy inicial". "Sus nombres aparecen en la documentación, pero aún falta concretar su nivel de participación", añaden.
"Tráfico de influencias"
Algo similar ocurre en el caso de la Operación Edu. En ésta, el nombre de Antonio Fernández figura en el informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que la Policía entregó el pasado 6 de mayo a la Fiscalía de Málaga y que llevó a ésta a judicializar el fraude. En dicho documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se apunta a la supuesta existencia de "algún tipo de tráfico de influencias con algún alto cargo de la Junta de Andalucía por parte de alguno de los empresarios beneficiarios". Los autores del informe se refieren en concreto a un tal Pablo Andrés Viedma, propietario de la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, una de las 17 empresas investigadas por embolsarse de modo irregular 1,5 millones de euros de una convocatoria de subvenciones de diciembre de 2010 en Málaga.
En el 'caso de los ERE', la juez Alaya impuso a Antonio Fernández la mayor fianza civil de todos los imputados: 807 millones de euros
Según el testimonio recogido por uno de los alumnos de sus cursos, este empresario, de reconocida militancia socialista, "manifestaba que tenía una gran amistad con el responsable de adjudicar los cursos de formación de la Junta de Andalucía". Unas palabras que fueron corroboradas por uno de los tutores del curso, quien afirmó que fue el propio Viedma quien supuestamente le dijo a él "y a sus compañeros que tenía relación con el consejero de Empleo de la Junta y a raíz de esta amistad le concedieron una gran cantidad de cursos". Tras estas declaraciones, la UDEF estudió las adjudicaciones que le habían concedido a la Asociación Axarquía de Formación y Empleo y a otras sociedades del entono familiar del empresario hasta concluir que fue "especialmente agraciada por las subvenciones entre los años 2009-2012", periodo en el que recibió más de medio millón de euros por impartir este tipo de cursos. El informe detalla que en esta etapa investigada, hubo dos consejeros de empleo, a los que cita por su nombre: Antonio Fernández entre 2009 y 2010 y su sucesor, Manuel Recio, que se mantuvo hasta 2012.
Mientras las operaciones 'Cirene' y 'Edu' están aún en una fase inicial, el otro gran caso que implica al exconsejero de Chaves y Griñán está cerca de finalización. Es el de los ERE, un sumario por el que Antonio Fernández llegó a ingresar en prisión. La juez Mercedes Alaya lo encarceló entre abril y agosto de 2012, y sólo pudo abandonar el centro penitenciario tras abonar una fianza de 450.000 euros que pagaron sus amigos y conocidos tras una colecta de meses. Recobrada la libertad, la magistrada le impuso una fianza civil de 807 millones, la más alta de toda la causa, por todas las ayudas públicas concedidas en una década por su departamento durante su etapa como consejero (2004-2010) y viceconsejero (de 1995-2004).
Fernández, que fue concejal de Jerez y diputado provincial durante once años, está imputado por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil en esta causa. En uno de sus últimos informes, la Guardia Civil destaca que, según la documentación incautada en el registro a una de las empresas 'fantasmas' de la trama, la póliza de prejubilaciones en la que el exalto cargo de la Junta figuraba como beneficiario se contrató "para su uso y disfrute". Los autores del documento policial dan, de hecho, al exconsejero la consideración de "intruso", es decir, una de las personas que cobró de modo presuntamente irregular dinero público.
