Carlos Dívar no sólo salvó ayer con holgura su puesto de presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, sino que incluso frenó el primer intento de dejar por escrito un futuro compromiso del órgano de gobierno de los jueces de dar transparencia a los polémicos gastos de representanción de los 21 miembros del mismo. Tras las cinco horas que duró el pleno de urgencia celebrado ayer para analizar el escándalo de sus 20 viajes a todo lujo a Puerto Banús (Marbella), Dívar y los vocales Concepción Espejel y Claro José García frenaron la propuesta de Manuel Almenar de aprobar una declaración en el que se recogía la necesidad de elaborar ya un "Plan de Transparencia en el ejecución del Presupuesto del Consejo" y su aprobación urgente en el pleno a celebrar el próximo 31 de mayo.
La razón que esgrimieron para oponerse fue que el momento elegido no era el adecuado para votar ya que la reunión de este jueves era exclusivamente "deliberativa". "Aunque no hubiera estado en el orden del día, el presidente tenía potestad para incluirlo y que se votara, pero se negó", señalan fuentes del Consejo que reconocen que la actitud de Dívar provocó un enorme malestar.
Dívar y dos vocales se negaron a que en un semana se aprobara el plan que obliga a "justificar y motivar" todos los gastos
El escrito, de sólo tres párrafos y al que ha tenido acceso Vozpópuli, tendrá que esperar, por tanto, hasta el pleno ordinario de la semana que viene para ser de nuevo estudiado, lo que retrasará a las puertas del verano la aprobación del plan de control. En él, sus autores, que consiguieron recabar el apoyo de diez vocales tras varios días de reuniones en la sombra entre los miembros del Consejo --todo un logro en una institución tan dividida-- se limitaban a reconocer el "profundo pesar por el quebranto" causado por los últimos acontecimientos, a admitir la mala imagen que se había causado ante los ciudadanos dada "la difícil situación que atraviesa nuestro país" y a comprometerse a aprobar el plan "en el que se delimite de la forma más exhaustiva posible, y con el fin de que estos hechos no vuelvan a producirse, el régimen de fiscalización de todos los gastos que se realicen, con expresa justificación y correlativa motivacion" sin más demora el 31 de mayo.
El objetivo de dicho plan, ahora frenado por Dívar, es borrar lo más rápidamente posible la imagen de despilfarro que ha acompañado al Consejo desde que saltó el escándalo. Para ello, se pretende modificar una norma interna de 1996 que permite a los vocales no justificar sus gastos oficiales. El sector enfrentado a Dívar insiste en que cuando un miembro del CGPJ invite, por ejemplo, a alguien a comer con cargo al presupuesto de protocolo, debe hacer constar el nombre de esta persona en la factura, algo a lo que siguen oponiéndose un grupo importante de sus miembros, entre ellos el propio Dívar, que consideran que un alto cargo del Estado, como es el presidente de la institución, no debe facilitar estos detalles.
El bloqueo de la tímida propuesta de transparencia se produjo al final de una "tensa, muy tensa" reunión de los 21 miembros del CGPJ, en palabras de uno de los asistentes, que empezó a las diez de la mañana y terminó poco antes de las tres de la tarde. En la misma, hubo un cruce de duras acusaciones entre dos sectores irreconciliables que augura que el órgano de gobierno de los jueces va a quedar prácticamente inoperante en el año y medio que le queda de mandato. En el mismo, cuatro vocales --Féliz Azón, Carles Cruz, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles-- solicitaron por escrito la dimisión de Dívar "ante la insuficiencia de las explicaciones" que éste había dado ayer mismo y los días anteriores sobre sus viajes a Puerto Banús con cenas para dos personas en restaurantes de lujo a cargo de los gastos de representación.
Cuatro más uno
En el texto, los cuatro miembros del CGPJ consideraban que la exclusión por parte de la Fiscalía General del Estado de responsabilidades penales no eximía a Dívar en ningún caso de las responsabilidades políticas, toda vez que "han sido vulneradas las exigencias de transparencia y austeridad que son exigibles a todo servidor público y mucho más a quienes revisten la representación del poder judicial". Un quinto vocal, José Manuel Gómez Benítez, que fue quien destapó el escándalo, reiteró a título individual y de forma verbal la petición de dimisión del presidente que ya había hecho en un pleno anterior.
El vocal que destapó el escándalo se disculpó por denunciar ante la Fiscalía sin informar al pleno del Consejo, pero se negó a dimitir
Sin embargo, estos cinco vocales "indignados", como les han empezado a llamar, chocaron frontalmente con una "amplia mayoría" de compañeros que se negaron a apoyarles ya que, en palabras de Gabriela Bravo, a ellos sí les habían parecido "satisfactorias" las explicaciones de Dívar sobre sus viajes. Incluso, un grupo de siete de éstos --el vicepresidente Fernando Rosa, Almudena Lastra, la propia Gabriela Bravo, Gemma Gallego, Claro José García, Antonio Dorado y Concepción Espejel-- contraatacaron y presentaron a su vez otro escrito en el que pedían la dimisión, precisamente, de Gómez Benítez, al que acusaban en el mismo de actuar sin respetar "la lealtad mínima exigible" a un miembro del Consejo por haber denunciado al presidente ante la Fiscalía.
"No sólo no se ha limitado a lanzar la más grave acusación que puede dirigirse contra el representante del poder judicial en España, sino que se ha dedicado a visitar medios de comunicación dando su explicación de los hechos, que es, interpretada por aquéllos, la que ha llegado a la sociedad", denunciaban en el escrito. Gómez Benítez, según revelaron a este diario fuentes del Consejo, pidió disculpas por haber acudido a la Fiscalía directamente, pero rechazó de plano la posibilidad de presentar su dímisión.
Niega "irregularidades"
Dívar hizo lo mismo cuando solicitaron la suya al asegurar que se sentía respaldado por una mayoría de los miembros del Consejo que, no sólo habían rechazado firmar la petición de los cuatro 'indignados', si no que en en este mismo pleno le habían mostrado su confianza. Dívar, que al comienzo de la reunión había dado nuevas explicaciones sobre sus polémicos viajes y comidas, insistió en que no había "irregularidades" en sus gastos de protocolo y que, de hecho, el auto de la Fiscalía había dejado meridianamente claro que no había "infracción penal".
Lo más parecido a un 'mea culpa' que hizo fue "lamentar el quebranto que le ha supuesto para el CGPJ, el Tribunal Supremo y la carrera judicial" los sucesos de los últimos días, de los que, por otra parte, no se sentía responsable. De hecho, y a pesar de que un buen número de vocales le insistieron que debía ser él quien saliera al término del pleno a dar explicaciones a la prensa, se negó, lo que obligó a la portavoz, Gabriela Bravo, a hacerlo. Esa negativa de Dívar enconó aún más el enfrentamiento que ya se vivía en la reunión, destacaron a Vozpópuli las fuentes consultadas.
Sobre la dimisión de Dívar, el resto de los miembros del Consejo, un total de ocho vocales, decidieron mantener una actitud 'pasiva' de respaldo a la institución. "A mi no me ha gustado ni la actitud del presidente ni la de Gómez Benítez, pero apoyar la petición de dimisión del presidente hubiera sido hacerle más daño al Consejo y a la judicatura", se justificaba ayer este diario uno de ellos. Otro mostraba a este diario su malestar porque Dívar no hubiera salido a "dar la cara" ante los medios para dar explicaciones: "Es cierto que el prestigio del presidente es ya irrecuperable, pero la dimisión no hubiera impedido la situación de bloqueo en el que irremediablemente va a caer el Consejo", se lamentaba.
