El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazó hace unos días el recurso de un preso etarra que pedía ser acercado al País Vasco. La sentencia supone un aval a la política de dispersión de internos de la banda. Sin embargo, desde sectores proetarras se interpretó en sentido completamente opuesto. Ven en la resolución una puerta abierta a un futuro acercamiento por la vía legal de todo el colectivo de presos de ETA. Y tienen algunas razones para pensar así.
La dispersión de etarras, ya se sabe, fue una medida iniciada hace 30 años. Consiste en separar a los presos para evitar que ETA ejerza sobre ellos un control. Si se les juntaba, se retroalimentaban entre ellos y así no había forma de que experimentaran esa reflexión personal que les lleva a la reinserción en la sociedad, fin último de cualquier condena. Además, juntos tenían más posibilidad de generar problemas de seguridad en los centros. Eso daba como resultado un mapa de etarras desperdigados en cárceles de toda España y Francia, algunos a muchos kilómetros de distancia de sus familias.
Hay dos elementos nuevos que cambian el escenario de la política penitenciaria. El primero es que los reclusos ya tienen libertad para pelear por mejorar su situación en prisión de forma individual. Antes ETA imponía siempre plegarse a estrategias conjuntas que eran rechazadas de plano por la administración y los tribunales. La segunda novedad es que ETA se ha disuelto. Y la consecuencia inmediata es que hay más recursos, que los jueces empiezan a estudiarlos con detenimiento y que en sus resoluciones tienen en cuenta que la banda ya no mata.
Dos sentencias recientes
Basta asomarse a las dos últimas sentencias que han marcado el debate sobre la dispersión en los últimos quince días. Una de ellas es la que permitió el traslado al exjefe de ETA, Mikel Carrera (tres asesinatos) desde París a una cárcel más cerca del País Vasco. El Tribunal administrativo de París da el visto bueno al argumento del terrorista y dice que “la organización ETA abandonó definitivamente la lucha armada en 2014”. La fecha, es errónea. La banda decretó el cese de sus acciones armadas ofensivas en 2010, el cese definitivo de la violencia en 2011, escenificó su último desarme en 2017 y anunció su disolución en 2018.
Lo que es evidente es que el hecho de que ETA ya no mate influye a los jueces. Eso a pesar de que las fuerzas de seguridad aún advierten de algunas amenazas vigentes, también en las prisiones. El cese de actividad de la banda también estaba en la citada sentencia del Tribunal de Estrasburgo favorable a la dispersión. En concreto, lo que hace el tribunal comunitario es rechazar las pretensiones del etarra Gorka Fraile, preso en Badajoz, y defender las decisiones de la administración española, que rechazó acercarlo al País Vasco en 2016. “Tenía en cuenta las circunstancias en el momento concreto, es decir, cuando ETA aún no se había disuelto”, dice la sentencia.
Esa frase sirvió a la red abertzale Sare a celebrar a través de un comunicado que, “de manera indirecta, (Estrasburgo) considera que esta política de alejamiento no tiene ningún sentido ni fundamento jurídico, hoy, ante la inexistencia de ETA”. Dicho de otro modo, si Gorka Fraile hubiese recurrido hoy, la sentencia habría sido diferente. Y recursos hay en marcha como para que eso suceda en un plazo corto de tiempo, según confirman a este periódico fuentes jurídicas. De hecho, actualmente Gorka Fraile se encuentra en una cárcel de Cantabria, de las más cercanas al País Vasco, y ha empezado a disfrutar de permisos penitenciarios.
El auto de Marlaska
A nivel nacional, una de las decisiones de referencia fue el auto emitido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tumbó el recurso presentado en 2015 por el etarra Carlos Trenor, de 71 años. La resolución matizaba que se había producido “el cese definitivo de la actividad armada, que no disolución o cesación global de la actuación de la banda terrorista”. El autor de esa frase fue el actual ministro de Interior y exjuez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, el mismo que ahora desde el Gobierno lleva a cabo una política de acercamientos selectivos de etarras.
A nivel europeo, el debate gira en torno al derecho a tener una vida familiar en prisión tal y como recoge el artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos. Desde el entorno de ETA sostienen que eso es incompatible con estar lejos de sus familiares. Otras voces autorizadas entienden que consiste en garantizar las visitas a los centros penitenciarios y no a la distancia a la que cumplan condena.
La Ley no obliga al Gobierno a que los presos de ETA cumplan condena en una cárcel u otra. La dispersión no es un derecho ni una obligación. Se trata de una medida administrativa que depende del Ministerio del Interior. Su motivación es política, estratégica. También Francia ha anunciado una revisión de su política penitenciaria. A principios del año pasado, las autoridades galas se comprometieron con las víctimas a no acercar etarras con delitos de sangre, pero las víctimas dicen tener datos de que eso no se ha cumplido al menos en cinco casos, sin incluir el de Carrera Sarobe.
De facto, el final de la dispersión ya está en curso en el país galo. La cárcel de Lannemezan, a unos 230 kilómetros de San Sebastián, acoge a trece etarras, según datos de Etxerat. La otra cárcel situada más cerca del País Vasco, la de Mont de Marsan acoge a otros 12 terroristas. Entre las dos reunen ya a más de la mitad de los 41 presos terroristas en territorio francés. En España, donde aún hay más de 200 etarras, los acercamientos son más transparentes y no necesariamente al País Vasco, aunque el ritmo de traslados es superior del que esperaban las víctimas.
La disolución de ETA hace desaparecer el riesgo a que un acercamiento derive en problemas de seguridad en las prisiones. Sin embargo, las víctimas recuerdan que el problema de la retroalimentación sigue presente de cara a la reflexión interna personal de los etarras con cuestiones aún pendientes como el arrepentimiento o la colaboración con la Justicia (300 atentados sin resolver). Hace pocas fechas, la Guardia Civil alertó de grupúsculos disidentes contrarios al fin de la violencia y que tienen como caldo de cultivo algunos presos especialmente radicales como Iñaki Bilbao, entre otros.
