La Justicia blinda la causa del 'tito Berni'. La Audiencia Provincial de Canarias ha denegado la petición del mediador de esta red, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, de revocar la autorización que dio a la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción para inspeccionar todos los teléfonos móviles que dieron origen a la trama. Con este pronunciamiento se cierra la puerta a que se pueda plantear la nulidad de las actuaciones.
En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, los magistrados recalcan que el mediador de la trama dio su consentimiento de manera voluntaria al inicio del procedimiento para que los investigadores pudieran diseccionar sus teléfonos móviles. Se trata de pruebas determinantes para la instrucción porque de ellos salieron los indicios de irregularidad de la red, además de las fotografías de las fiestas en las que contrataron servicios de prostitutas y consumían drogas.
Así pues, los magistrados dan la razón a la instructora del caso 'tito Berni', María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, quien el pasado mes de junio negó al mediador de la trama retornar todos los teléfonos que siguen en posesión de la Policía Judicial. La juez explicó entonces que él se ofreció a entregarlos de manera voluntaria y que todavía quedan muchos archivos pendientes de analizar.
Pruebas clave contra 'tito Berni'
Ahora, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Canarias recuerda no solo que hubo consentimiento del empresario, sino que se respetaron sus garantías procesales teniendo en cuenta que cuando facilitó los móviles lo hizo acompañado de su abogado. Además, razonan que, incluso aún dándole la razón, el análisis de los terminales que propició el inicio de esta causa de corrupción no es "reversible".
"El hecho de que el investigado con posterioridad haya cambiado de dirección letrada y optado por una estrategia de defensa distinta, no puede afectar a lo por él voluntariamente manifestado", indica el auto. Además, los magistrados frenan los efectos de un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que "no consta que se haya producido una vulneración grosera de derechos fundamentales".
Hasta en cuatro momentos distintos y siempre con asistencia letrada, mantuvo el consentimiento en la investigación de sus terminales y nunca alegó inconveniente alguno ni restricciónAuto de la Audiencia Provincial de Canarias
Cabe recordar que el mediador y persona de confianza del exdiputado del PSOE 'Tito Berni' reclamaba que la Policía Judicial cesara de inspeccionar sus terminales y que se los devolvieran. Del mismo modo solicitaba también que se tomara declaración al que fuera su abogado, Plácido Alonso Peña, y que la Policía Judicial informara sobre cada una de las visitas que el mediador realizó a la sede de la Policía en Tenerife.
Consentimiento del mediador
Navarro Tacoronte facilitó estos teléfonos a la Policía a raíz de una denuncia que interpuso en diciembre de 2021 el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña. El mediador, a quien se le imputa el papel de nexo entre la rama política y los empresarios de la causa, aportó las fuentes de prueba para demostrar que la denuncia acerca de que se efectuaron una serie de cargos en su tarjeta sin su consentimiento era falsa.
Citado por los agentes, el mediador demostró que los pagos eran consentidos y dijo que podía probarlo cuando se le requiriera. "Es decir, hasta en cuatro momentos distintos, siempre con asistencia letrada y sin que su abogado manifestara óbice alguno, consta cómo el investigado ofreció y mantuvo el consentimiento en la investigación de sus terminales telefónicos y nunca alegó inconveniente alguno ni restricción", indica el auto.
De esta forma, el consentimiento prestado en su primera declaración el 26 de enero de 2022 lo reiteró un día después ya como investigado. Entonces expuso que autorizaba "expresamente" al Grupo de Delitos Tecnológicos a que analizaran los datos que obraban en sus teléfonos móviles. Lo que no se esperaban los agentes es encontrar el material que destapó una trama de corrupción que afectaba a empresarios y a cargos públicos y que tenía en el epicentro al diputado bautizado como 'tito Berni'.
La red de 'Tito Berni'
Así pues, el 1 de febrero de ese año la magistrada amplió las diligencias de investigación a los delitos de cohecho y tráfico de influencias y acordó la intervención policial de los teléfonos entregados por el mediador. La Audiencia Provincial de Canarias recuerda ahora que dicha resolución no fue recurrida y que, además, Navarro Tacoronte declaró por tercera vez el 22 de febrero de aquel 2022 ratificando las declaraciones prestadas tras la denuncia que le interpuso Peña por estafa.
En abril de ese año se produjo la cuarta declaración para ampliar su confesión a raíz de los nuevos datos que la Policía había extraído de su terminal. De nuevo en este caso "no manifestó duda alguna ni cuestionamiento del pleno ejercicio de su derecho de defensa". En dicha comparecencia, el mediador aportó más conversaciones de Whatsapps esta vez en relación a la presunta participación del General de la Guardia Civil, Francisco Espinosa.
Para el avance de esta causa -que se ha tornado en un procedimiento vasto y complejo- fue determinante no solo las pruebas aportadas por el mediador, sino también sus propias confesiones. El empresario desveló en sede judicial que la trama cobraba un 'peaje' a empresarios de las islas que querían obtener tratos de favor de la Administración.
Para ello se aprovechaban de la influencia y el peso político que tenía 'tito Berni', en su condición entonces de diputado del Congreso, y también su sobrino, Taishet Fuentes. El político cogió el testigo de Fuentes Curbelo cuando este fue nombrado parlamentario y asumió el cargo del director general de Ganadería. Al respecto, el mediador expuso que se beneficiaron "ilícitamente" y que incluso se extorsionó a empresarios de la industria láctea y ganadera.
