El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido no investigar las duras acusaciones que José Manuel Villarejo vertió contra Ignacio Stampa y Miguel Serrano, los dos fiscales que comenzaron investigándole en el marco del caso Tándem. El órgano ha inadmitido la querella interpuesta contra ambos "ante la total inexistencia de indicios de infracción penal" respecto de ambos.
El auto -que se conoce en pleno proceso de juicio contra el comisario jubilado- se pronuncia sobre todos los puntos recogidos en la querella del agente encubierto, entre los que se encuentran las supuestas filtraciones de información reservada de la causa a Podemos. Al respecto, los magistrados concluyen que no se aporta "la menor evidencia" de que hayan permitido interesadamente alguna filtración para favorecer a este partido político -que ejerce la acusación popular- o para frustrar su puesta en libertad, la cual se produjo finalmente en marzo del año pasado.
El comisario recogió en su querella que existía un claro interés por parte de los fiscales en respaldar a esta formación y puso como ejemplo que nunca se le ha dejado pronunciarse sobre una presunta financiación irregular de la formación cuando se ha referido al "apoyo financiero de Venezuela e Irán". "El alegato de que los querellados no tuvieron interés en seguir interrogándole sobre una información que podría incriminar a dicho partido no pasa de ser, amén de genérica, una apreciación subjetiva que no constituye indicio alguno de criminalidad", explican.
Este pronunciamiento se produce en plena crisis dentro de la Fiscalía General del Estado por el ya bautizado como el caso Stampa. El fiscal, que acabó saliendo del procedimiento Tándem al no conseguir plaza fija en Anticorrupción, fue investigado también por presunta revelación de secretos a los abogados de Podemos, pero las pesquisas terminaron archivadas. Ahora, miembros del Consejo Fiscal litigan para que se les dé acceso a su expediente, pese a que la cúpula del Ministerio Público sostiene que es información reservada y que solo darán traslado de la misma si lo autoriza Stampa.
Una quincena de irregularidades
El propio Villarejo ha manifestado en diversas ocasiones que estos fiscales colaboraban con el partido que le acusa en el procedimiento Tándem, aunque éste no es el único argumento que recogió su querella. El policía apuntó a irregularidades en el origen de esta investigación y dijo que habían abierto algunas piezas separadas a sabiendas de que partían de denuncias falsas. Igualmente, les acusó de ocultar y manipular pruebas determinantes que se obtuvieron en los registros de los imputados y de maniobrar para premiar al empresario Francisco Menéndez Rubio por sus revelaciones que dieron pie a estas pesquisas.
Al igual que hace el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía se opone a investigar todos estos asuntos argumentando que muchas de las decisiones tomadas no competen exclusivamente a Stampa y Serrano, sino que se adoptaron por la Fiscalía Anticorrupción. En referencia a las pruebas obrantes o a los registros que se produjeron tras su detención en noviembre de 2017, el Ministerio Público responde que contaban con el auto del magistrado que así los autorizaba, de manera que no serían actuaciones aisladas de los fiscales.
El cacheo de prisión
También responden al episodio recogido por el comisario en su querella relativo a un cacheo con desnudo integral al que fue sometido estando en la prisión de Estremera (Madrid). El auto da la razón a Villarejo en lo que respecta a que este hecho se practicó sin comunicarlo al juez de vigilancia penitenciaria, pero entienden que se trató de un "error" que se subsanó poco después. Por ello descartan que hubiera voluntad de engaño con este reconocimiento y que se pueda imputar irregularidad alguna tanto a Stampa como a Serrano, el cual sigue liderando estas diligencias junto con el fiscal César de Rivas.
En lo que respecta a Menéndez Rubio, determinan que será el tribunal que le juzgue el que decida si se le tiene en cuenta su confesión sobre esos hechos, pero que no se puede apuntar a un supuesto trato de favor de los investigadores por retirarle algunos de los delitos imputados. Este empresario, apodado como 'el pagafantas', se convirtió en una pieza clave para Anticorrupción pero también está imputado en el marco de la investigación abierta por un encargo en Guinea Ecuatorial. Se le acusa de haber blanqueado más de 19 millones de euros entre 2011 y 2012 de dinero de guineanos.
