Rodrigo Rato se enfrenta a un nuevo problema en los tribunales. El caso de las tarjetas de crédito opacas de Bankia será sólo la penúltima de las causas que tendrá que afrontar en los juzgados como consecuencia de su gestión de la entidad intervenida puesto que la Audiencia Nacional planea dictar una pieza separada para investigar si Rodrigo Rato cobró de manera irregular por adjudicar contratos a la Banca Lazard, una entidad en la que el propio Rato fue directivo entre 2008 y 2009.
El juez Fernando Andreu pretende desgajar las adjudicaciones realizadas a Lazard desde Bankia del resto de la causa después de que la entidad francesa abonara a Rato más de 6 millones de euros en el año 2011, cuando ya era presidente del banco rescatado. En su interrogatorio, el ex ministro de Aznar justificó haber recibido esos pagos en 2011 con el argumento de que fueron opciones sobre acciones generadas en el año 2008
La Fiscalía Anticorrupción ya ha comenzado a investigar un nexo entre la adjudicación de contratos y el ex hombre fuerte del PP: su relación de amistad con Jaime Castellanos, presidente de la Banca Lazard en España. Fuentes de la causa adelantan que UPyD, acusación popular en el caso Bankia, pedirá que se tome declaración a Jaime Castellanos, al que pretende acusar de falso testimonio por haber negado su relación con Rato en una prueba testifical anterior. Andreu tiene intención, adelantan esas mismas fuentes de la causa, de admitir la declaración de Castellanos en calidad de testigo en próximas fechas, un testimonio que será clave para consolidar la instrucción de la pieza separada.
Bankia una bomba de fragmentación bancaria
El “caso Bankia” amenaza con convertirse en una bomba de fragmentación económica puesto que los tribunales están optando por evitar una macro-causa para agilizar la investigación y las condenas en pequeños casos que abarcan cuestiones descritas como “no esenciales” en la quiebra de Bankia. Así, de ese sumario original se han desgajado ya:
- La Oferta Pública de Suscripción (OPS) o salida a bolsa de la entidad en una causa en la que el Supremo ha cerrado las puertas a demandas colectivas
- La comercialización de participaciones preferentes que el Ejecutivo ha desactivado con mecanismos de arbitraje y cambio de preferentes por acciones
- El pago de 15,5 millones de euros en efectivo a 86 consejeros y directivos mediante una red de tarjetas opacas o “black”
- El análisis de retribuciones, blindajes, pensiones y créditos auto-concedidos en el consejo de administración.
En todas esas causas, Rato y el resto del consejo de administración de la entidad se enfrenta a cargos comunes que convergen en la acusación por delitos societarios como la falsificación de cuentas y delitos de administración desleal. Ahora, los pagos de la Banca Lazard podrían ser los últimos que cobren entidad judicial propia.
