España

El letrado del Congreso purgado por la amnistía denuncia ante el Supremo "desviación de poder"

Manuel Fernández-Fontecha sostiene en su demanda que el cese de la Comisión Constitucional del Congreso fue una "sanción encubierta" y señala al actual letrado mayor, Fernando Galindo

  • Manuel Fernández-Fontecha en una imagen de archivo

El letrado que fue purgado de la Comisión Constitucional del Congreso mueve ficha ante el Tribunal Supremo. Manuel Fernández-Fontecha ha formalizado su demanda en el marco de la cual denuncia que su cese de la comisión que iba a estudiar la tramitación de la amnistía se traduce en "una desviación de poder" con la que se vulneraron sus derechos fundamentales.

El segundo letrado de mayor antigüedad de la cámara baja mantiene su cruzada contra Fernando Galindo, (el nuevo letrado mayor propuesto Francina Armengol) por su "arbitrario" cese de la comisión a la que le han vuelto a reincorporar. Su salida se produjo en plena redacción de la ley de amnistía de la que ha dicho en varias ocasiones que es inconstitucional.

Su criterio en aquel momento era trascendental teniendo en cuenta que todo apuntaba a que la ley para amnistiar a Carles Puigdemont iba a pasar su trámite por esta comisión, aunque finalmente se derivó a Justicia. En ese contexto, el 30 de noviembre el letrado mayor le cesó sin consulta previa y acto seguido se le adscribió a la Comisión de Hacienda.

Cese en plena redacción de la amnistía

"No puede aplicarse la destitución de plano sin que se incurra en arbitrariedad y desviación de poder", reza la demanda a la que ha tenido acceso Vozpópuli. El documento, que se ha incorporado a la causa que sigue la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, denuncia una serie de presuntas irregularidades con su abrupta salida de la Comisión en la que ingresó en el año 2020.

La primera de ellas, según expone, la constituye el hecho de que le derivaran a Hacienda sin que se notificara en esta comisión que había sido cesado en la de Constitucional. Según explica, este movimiento estaba previamente acordado por Galindo pese a que no se informa de ello en la comunicación a Hacienda. Este silencio, explica, se traduce en una "irregularidad" que invalida el procedimiento.

En segundo lugar denuncia que el expediente aportado a la causa por el Congreso "es en buena parte improcedente" puesto que se han aportado escritos ajenos a este asunto. Un ejemplo son los escritos previos que Fernández-Fontecha remitió al antecesor de Galindo, Carlos Gutiérrez Vicén. Precisamente el antiguo letrado mayor ha sido derivado a la Comisión Constitucional como primer letrado. Él, por su parte, ocupa el tercer y último puesto.

Se trata de un movimiento que Fernández-Fontecha recurrió a mediados de diciembre ante la Mesa del Congreso y que fue inadmitido a trámite "a propuesta de Galindo". Una reacción que ahora lleva ante el Tribunal Supremo al considerar que se ha vulnerado su derecho a la igualdad así como su derecho a acceder en condiciones de igualdad a cargo público.

"Nombramiento político"

En relación al primero de los bienes que considera vulnerados, el letrado que cuenta con 47 años de antigüedad en el Congreso asegura que lo que prohíbe el principio de igualdad son las desigualdades artificiosas como la que se habría producido en su caso. Al respecto denuncia que Galindo -que ha respaldado la tramitación de la amnistía del PSOE- justificó su cese en el hecho de que Gutiérrez Vicén tenía que recalar en la Comisión Constitucional debido al cargo de letrado mayor que venía ejerciendo hasta su salida.

No existe racionalidad en la sustitución del recurrente por el anterior Secretario General. Ni por antigüedad, ni por experiencia, ni por producción científica puede justificarse el cambioDemanda del letrado Fernández-Fontecha

Según argumenta, este criterio discrimina a los letrados de base y genera además "una grave distorsión" de cara al ascenso de este cuerpo porque designaciones como las de los letrados mayores tienen un carácter "político". A estos últimos no solo no se les exige méritos sino que, además, se les deriva a las comisiones más importantes del Congreso cuando cesan de su cargo como secretarios generales.

"El tener en cuenta únicamente el criterio de haber ocupado un cargo por designación política, cualquiera que haya sido el desempeño, excluye de raíz la valoración de los méritos y servicios prestados, constituyendo un trato discriminatorio evidente", recoge la demanda. La misma añade que, en lo relativo a un supuesta justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato con Gutiérrez Vicén, es "inhallable".

El letrado contrario a la amnistía

Sobre el segundo de los derechos que considera vulnerados, el letrado tira de jurisprudencia del Tribunal Constitucional para apuntalar que no ha habido condiciones de igualdad con el antecesor de Galindo. Al hilo razona que se está ante un caso de "discrecionalidad máxima".

De hecho dice que la elección de Gutiérrez Vicén como primer letrado de la Comisión Constitucional cuestiona su imparcialidad y le pone en duda para el cargo precisamente por su pasado como secretario general del Congreso.

"Además de las infracciones mantenidas de los mencionados derechos fundamentales. no existe ni racionalidad ni razonabilidad en la sustitución del recurrente por el anterior Secretario General. Ni por antigüedad, ni por experiencia ni por producción científica puede justificarse un cambio que sustentara la destitución y sustitución desde la perspectiva de los hechos determinantes del mejor servicio a la Comisión", detalla el letrado.

El Letrado Mayor del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo
El Letrado Mayor del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo /Europa Press.

Por ese motivo solicita a la Sala de lo Contencioso que estime su recurso y atienda sus razonamientos contra su cese de la Comisión Constitucional y su posterior reingreso como tercer letrado. Esta nueva designación se produjo, según expuso en su recurso a la Mesa del Congreso, para evitar que recurriera ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, el letrado Fernández-Fontecha mantiene el pulso ante el alto tribunal porque considera que esta nueva designación deslegitima su estatus teniendo en cuenta que ha ejercido como titular de la Comisión durante toda la pandemia ante la baja médica en dicho periodo del entonces letrado primero José Luis Peñaranda Ramos.

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