El Gobierno de la Generalitat ha criticado duramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de fijar un 25% de clases en castellano en las aulas catalanas, pero están convencidos de que no tendrá recorrido. Los departamentos bajo el mando de ERC, como Educación, confían en que la llamada ley Celáa -que está en vías de aprobación en el Senado- dejará sin efectos el fallo del alto tribunal catalán.
Los nacionalistas fueron los autores de la polémica disposición adicional 38 de la nueva legislación relativa a eliminar el castellano como lengua vehicular en las comunidades autónomas con idiomas cooficiales. Este cambio respecto a la ley educativa vigente abre la puerta a que en las futuras denuncias -ya sea de otro Ejecutivo del PP o de las asociaciones a favor del bilingüismo- el criterio de los magistrados sea distinto al que hasta ahora han sostenido.
ERC es consciente de ello y el propio conseller de Educación, Josep Bargalló, ha informado de que recurrirán ante el Tribunal Supremo el fallo del TSJC y ha avanzado que el Proyecto de ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) dejaría sin efectos dicha resolución judicial. Es decir, consideran que la nueva ley blinda el modelo de inmersión lingüística. No solo de "injerencias políticas", sino también de los tribunales.
Esta posibilidad futura de que los tribunales emitan sentencias "interpretativas" donde no se imponga ninguna cuota de castellano fue una advertencia lanzada por las asociaciones de padres y profesores a favor del bilingüismo. En conversación con Vozpópuli, alertaban del riesgo de que la nueva norma incurriera en un "fraude constitucional" al suprimir, de facto, la posibilidad de que los alumnos reciban una cantidad mayor de horas en castellano.
Además, no es la primera vez que el TSJC emite un veredicto en la dirección de garantizar un 25% de clases tanto en castellano como en catalán y que la Generalitat incumple sistemáticamente. En este sentido, la nueva ley Celaá del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos puede representar un espaldarazo a las posiciones del nacionalismo. En contra, incluso, del posicionamiento del PSC en la región, que se muestra partidario de "flexibilizar" el modelo actual.
"Competencia del Parlament"
La Consejería de Educación, a través de un mensaje en las redes sociales, ha aprovechado esa nueva sentencia judicial para abrir otro frente con la justicia, al acusarles de pretender, con su sentencia, "regular la política educativa, cuando es competencia del Parlament".
El objetivo de ERC, con su apoyo a la reforma educativa de Isabel Celaá, es evitar lo que denominan tentaciones "centralizadoras" o "injerencias" de los sucesivos gobiernos centrales con respecto al modelo educativo catalán. Desde el Govern apelan a que el Parlamento catalán es quien tiene la autoridad para legislar sobre una competencia que está transferida a las comunidades autónomas.
Ley polémica
La nueva ley no ha estado exenta de polémicas desde los primeros debates sobre sus enmiendas. Como informó Vozpópuli, otro de los efectos indirectos de la aceptación de la disposición adicional 38 es que abre la puerta a perseguir el castellano más allá de las aulas: en el comedor, el patio y las actividades extraescolares.
El Gobierno asegura que la propia ley prevé mecanismos de control para que todos los alumnos tengan las competencias lingüísticas exigidas al término del primer y segundo ciclo escolar. No obstante, no hay ninguna prueba homogénea en toda España para evaluar el nivel de castellano de los alumnos de aquellas escuelas de las comunidades donde el castellano es, según la sentencia del TSJC, "residual".
Reacciones políticas
El jefe de la oposición en Cataluña y presidente del grupo de Ciudadanos en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa, ha asegurado este jueves que el auto judicial demuestra que la ley Celaá "se ha hecho en contra de los criterios del Tribunal Constitucional” porque “la ley excluye la necesidad de que el español sea vehicular en todo el territorio”.
Por su parte, la secretaria del PSC de Educación, Esther Niubó, explica a instancias de este medio que por primera vez la LOMLOE aplica "criterios de flexibilización y compensación" que garantizarán el "pleno dominio" de ambas lenguas. En su caso, se mantienen a la espera de que el auto del TSJC sea recorrido.
Desde el PP catalán, su líder Alejandro Fernández, ha pedido que “Sánchez y Celaá den un paso atrás tras el fracaso que para su planificación representa esa sentencia” y ha recordado que “con matices diferentes esta no es la primera sentencia de estas características”. También hubo una anterior del propio TSCJ, otra del Tribunal Supremo y otra del Constitucional.
La diferencia estriba, sin embargo, en los fallos futuros una vez la ley Celaá esté vigente. Y si los tribunales se basan en la jurisprudencia existente o, como espera ERC, se abran paso nuevas interpretaciones que blinden la inmersión en las aulas de la región.
