El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) tira de las orejas a Yolanda Díaz a tenor del 'Anteproyecto de Ley por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad', que está en fase de tramitación.
Según la plataforma, esta iniciativa legislativa supone la supresión o una reducción muy significativa de las bonificaciones de la Seguridad Social que las empresas, el empleo protegido y otras entidades sociales tienen en la actualidad. Para el CERMI, la nueva normativa modifica sustancialmente el sistema vigente podría tener unas "consecuencias muy negativas en términos de pérdida de puestos de trabajo, disminución de la contratación de personas con discapacidad y la puesta en riesgo de la viabilidad del empleo protegido".
"Si finalmente, este texto se aprobase, con el contenido que tiene actualmente, provocaría unos efectos devastadores para el empleo de las personas con discapacidad en España", advierte el citado comité.
El CERMI pide respaldo a Ayuso
Ante esta alarmante situación, considera la entidad, es necesario hacer un gran esfuerzo desde todos los sectores comprometidos con el empleo de las personas con discapacidad para evitar las "graves consecuencias" que la aprobación final de esta iniciativa puede conllevar y también para "evitar el peligroso precedente para otro colectivos o sectores".
La asociación ha enviado un formulario base para que todo el que quiera pueda presentar alegaciones y aportaciones y, además, ha dirigido un escrito a la Comunidad de Madrid, solicitando apoyo y respaldo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la "alteración sustancial" que supone la regulación de una parte fundamental de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, "al considerar que tienen un impacto devastador, en especial en los referidos al empleo protegido".
El departamento de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, no ha sido el único al que el CERMI ha recriminado sus acciones. La plataforma también ha criticado que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra trasponga "fuera de plazo" la directiva de accesibilidad a bienes y servicios, en referencia al anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el próximo lunes. Asimismo criticó su escasa ambición y "falta de diálogo con la sociedad civil".
Enmiendas contra Derechos Sociales
Por ello, el CERMI ha anunciado "un potente paquete de enmiendas" para mejorar el texto en su tramitación parlamentaria. "La directiva europea que este texto plasma en el ordenamiento jurídico español tenía que estar incorporada al Derecho interno en virtud de una ley nacional antes del 28 de junio de este año, de modo que nace con un retraso considerable, pues su tramitación en el Parlamento llevará aún meses", advierte.
Y explica: "El texto elaborado por el ministerio ve la luz con muy escasa ambición en su contenido y sin apenas diálogo con el sector social de la discapacidad. Se limita a replicar meramente el contenido de la Directiva sin ir más allá. A partir de los requisitos mínimos que impone la Comisión Europea, cada país puede y debe incrementar estos compromisos". Por tanto, considera el comité, "no puede decirse que sea una ley construida con la sociedad civil con la que ésta esté cómoda".
