Nuevo giro de guion en la configuración jurídica de la ley 'trans'. Al lío ya existente debido al texto legal aprobado por el Gobierno de coalición la pasada legislatura, se une ahora un anteproyecto de ley del Govern de la Generalitat que pretende dar un vuelco a lo ya establecido actualmente. El pasado viernes 19 de enero, se publicó el articulado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), lo cual abrió el inicio de una audiencia pública.
Esta publicación tiene como objetivo facilitar que las personas interesadas puedan participar en el proceso de elaboración de la futura ley y formular las alegaciones que consideren oportunas desde el momento que vio la luz hasta el 9 de febrero, ambos días incluidos.
Una vez recogidas las alegaciones, pedirán los informes preceptivos a los órganos estatutarios y, finalmente, el texto definitivo pasará a aprobación del Govern "en unos meses" para que después se lleve al Parlament.
A grandes rasgos, según deslizan desde el Govern, este anteproyecto quiere formular una nueva ley 'trans' que reconozca el derecho a la identidad y expresión de género, "protegiendo y consolidando" los derechos, valga la redundancia, de los ciudadanos transexuales en Cataluña. Esta ley aspira a ser, en palabras de la Conselleria de Igualdad y Feminismos catalana, "una reivindicación histórica del movimiento LGTBI catalán".
Puntos claves de la ley 'trans' catalana
¿Cómo lo van a lograr? Pues yendo más allá de las concesiones actuales que hace la ley 'trans' estatal. Buceando en lo presentado en el DOGC, se deslizan dos pilares básicos. El primero es obligar a las administraciones a nombrar y tratar a las personas con el nombre y la identidad de género manifestada, así como a incorporar en los formularios y documentos administrativos una tercera casilla con la opción de género no binario. Básicamente, la Generalitat va a obligar a tratar a estas personas según el género que ellas sientan, sin necesidad de tener que estar registrado así.
No solo eso, sino que prevén incorporar sanciones para las terapias de conversión. Estas infracciones serán perseguidas según su nivel de gravedad, pudiendo acarrear multas de hasta medio millón de euros.
Por último, en este apartado, se reconocerá el acceso a la atención sanitaria pública de las personas trans en situación administrativa irregular, garantizando su derecho de poder tener a su alcance técnicas de reproducción humana asistida.
Mediación para menores de edad ignorando a los padres
Dentro de esa búsqueda por garantizar los derechos de todas las personas transexuales, independientemente de su edad, en Cataluña, el anteproyecto de ley hace hueco en su legislación a los menores de edad, traspasando una línea roja un tanto delicada.
A tenor de lo publicado, la nueva ley 'trans' que el Govern pretende sacar adelante establece que los niños y niñas menores de 16 años tienen derecho a expresar su opinión y voluntad en la toma de decisiones, "siempre que tengan la madurez suficiente para formarse un juicio propio".
Antes de alcanzar los 16 años, se exige que debe de haber consentimiento del menor y de sus padres y/o representantes legales en caso de orfandad de los implicados. Sin embargo, gracias a esta nueva legislación trans, si no existe un acuerdo entre los menores ubicados en la franja de edad de 12 a 16 años y sus progenitores o tutores, la Generalitat contempla la mediación para recibir el tratamiento.
"Como norma general, y especialmente en el caso de los mayores de 12 años y hasta que hayan cumplido los 16, debe asegurarse que la decisión final respete la opinión de la persona menor y que sea compartida con sus representantes legales. En caso de discrepancia, puede acudirse a mediación", anuncia el anteproyecto.
Una fórmula que trata de socavar, aún más si cabe, la autoridad de los padres, dando luz verde a un paso tan sensible en la vida de una persona menor que puede no tener un juicio completamente formado al respecto. Veremos cómo lidia con eso el Govern cuando comiencen a llegar peticiones de medicación.
Por último, la Generalitat plantea un programa para atender la situación de aquellas personas trans expulsadas de sus hogares por su identidad de género o que se encuentran en situación de sinhogarismo. También reconoce el derecho a la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) a aquellas personas transgénero entre 18 y 23 años víctimas de violencia por razón de identidad de género.
Cosasquepasan
Otra grotesca barbaridad derivada del ya famoso sinseny catalán. Se acuerda alguien de cuando se hablaba del seny catalán? Era como por la guerra civil me parece. Cosas de abuelos, cosas de sisset sentado a la puerta de su casa. Lo instaurado desde hace decadas de manera firme y me temo irreversible es el sinseny. Y además cursi. Pobre Cataluña y pobre España, que tiene que vivir con esta panda de sinsenys.