El tercer supuesto despenalizador del aborto que permite la interrupción del embarazo en las 22 primeras semanas en caso de que "se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas" lleva camino de desaparecer de la reforma que prepara Alberto Ruiz-Gallardón pero no del todo. Porque el Ministerio de Justicia y los expertos que ha puesto a trabajar en este tema estudian una vía intermedia que podría acabar con el supuesto eugenésico pero disfrazarlo bajo el primer supuesto, el terapéutico, esto es, "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada", según ha podido saber Vozpópuli.
Se terminaría nominalmente con este tercer supuesto, aunque, de hecho, una embarazada podría alegar problemas psicológicos para no seguir adelante con un embarazo de un feto al que se le han detectado las anomalías que entran en el supuesto de la despenalización de 1985, que avaló el Tribunal Constitucional. Ruiz-Gallardón cree que de esta manera cumple con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad así como con la sensibilidad de los sectores más conservadores de su partido, que como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no duda en comparar el aborto con el terrorismo.
El artículo 10 de dicha convención, que España ratificó en 2008 dice textualmente que "los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás". Este texto es al que se aferra el ministro para justificar el cuestionamiento del tercer supuesto y, ya de paso, dar satisfacción a los sectores más conservadores de su partido, con los que no se ha llevado especialmente bien hasta ahora.
El portavoz del Grupo Popular en el congreso, Alfonso Alonso, admitió este martes que con el tema del aborto "hay gente que piensa en el PP de manera muy distinta, siempre la ha habido", pero el punto de coincidencia, explicó, es la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, que declaró al nonato bien jurídico a proteger y, por tanto, sujeto a derecho, por lo que sólo era posible la despenalización de aborto en determinados supuestos. El PP recurrió la ley de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010 pero el alto tribunal, ante el anunciado cambio legislativo, ha decidido aparcar el debate sobre la constitucionalidad de esa Ley puesto que, con la reforma, decaerá. Agregó Alonso que "nuestro compromiso es volver a 1985", lo que supondría dejar los tres supuestos, aunque fuentes de la dirección del PP explicaron que la reforma de Gallardón "no supone volver más atrás de 1985 sino más adelante, respetando de mejor manera el espítitu de la sentencia del 85".
Gallardón explica en el Senado que la reforma impedirá que cualquier mujer vaya a prisión o sea multada por abortar
Los populares creen que por el camino de "ampliar" el primer supuesto, de modo que el tercero quede "disfrazado" bajo él, "bien articulado, puede permitir una vía de acuerdo", sin olvidar que a su paso por el Congreso hay margen de maniobra para retocarla al tiempo que se abre la posibilidad de que "algún otro grupo parlamentario pueda apoyarnos". Además, el titular de Justicia tiene a su favor que en este momento es mayoritario en el Gobierno "la posición de que hay que modificar la ley eliminando el supuesto de taras o malformaciones en el feto", admiten otras fuentes populares consultadas por este medio.
En cambio, tanto desde el Grupo como desde Génova no parecen tenerlo tan claro, pero se escudan en todo momento en la necesidad de conocer antes el texto de Justicia. Sólo el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha salido públicamente a señalar que la supresión del tercer supuesto era una "reflexión personal" del ministro y que él, por su parte, era partidario de mantener la despenalización del aborto de 1985 tal cual. La vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos, expresó el pasado lunes en la reunión de la ejecutiva del PP su oposición a la reforma y ayer se levantó de su escaño cuando una compañera de partido defendía en la Cámara Baja la oposición a una moción socialista para que se retire la reforma Gallardón. También le pidió a Fernández Díaz "una rectificación en toda regla" por relacionar aborto y ETA, que luego matizó el ministro.
Gallardón tiene la reforma guardada bajo siete llaves, no ha querido dar plazos para su presentación a sabiendas de que será una de las grandes banderas que enarbole la izquierda. Este martes mismo le preguntaban en el pleno de control del Senado sobre su reforma, de la que solo adelantó que contempla, "por primera vez en la historia de España", la imposibilidad de que una mujer vaya a la cárcel por abortar ni de que le multen administrativamente. "Le puedo asegurar que en todas las leyes del aborto que ha habido en España aprobadas por el Gobierno socialista se preveía la posibilidad de que en determinados supuestos las mujeres fueran a la cárcel", dijo en respuesta a una senadora socialista que le acusó de querer encarcelar a las mujeres, informa Efe.
