El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo ha reclamado a Liechtenstein que desvele la fortuna de la trama de Ignacio González. Se refiere a las cuentas presuntamente atribuidas al entorno del expresidente de la Comunidad de Madrid en la que constarían transferencias procedentes de Suiza. El dinero que se encuentra bajo sospecha formaría parte de las supuestas comisiones ilegales que cobró el exdirigente del PP a cambio de la adjudicación de las obras públicas.
En un providencia del 15 de noviembre, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado Manuel García Castellón ha acordado ampliar la comisión rogatoria enviada al Principado a petición de la Fiscalía anticorrupción. "Al amparo de lo expresado en el auto que acordó la solicitud de cooperación internacional referenciada, procédase a su ampliación", ha ordenado el juez.
Entre los importes sospechosos que se persiguen en Liechtenstein estaría parte de la presunta mordida de 1,4 millones que habría recibido el expresidente madrileño a cambio de adjudicar la obra del tren de Móstoles Navalcarnero. Según consta en documentación de la causa, adelantada por Europa Press, en septiembre de 2007 se habría abonado dicha suma en el banco suizo Anglo Irish Bank y posteriormente habrían salido una serie de transferencias dirigidas a cuentas en el Principado y en Luxemburgo.
Más de una docena de comisiones rogatorias
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ya había requerido auxilio internacional para desenredar las diferentes piezas que componen el caso Lezo. Solo en abril del año pasado, se libraron 12 comisiones rogatorias para obtener información sobre las presuntas irregularidades cometidas en el reparto de las comisiones derivadas de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II. En aquella ocasión, las peticiones fueron enviadas a Andorra, Bélgica, Brasil, Colombia, Guernsey, Jersey, Liechtenstein, Panamá, Reino Unido, República Dominicana y Suiza.
En 2016, cuando se desveló la investigación, se denunció la existencia de un entramado societario complejo, con cobertura nacional e internacional, creado para canalizar las 'mordidas' obtenidas en la ejecución de contratos públicos y de inversiones de entidades públicas de la Comunidad de Madrid. En un auto adelantado en marzo por Vozpópuli, el juez advirtió de que los imputados aún mueven dinero y que mantienen reuniones secretas.
Imputación de González
Este mes, el juez García Castellón ha acordado el procesamiento de Ignacio González por fraude a la administración y malversación de caudales públicos en el marco de la investigación de la presunta compra fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao.
En el auto, se describe todo el proceso de adquisición de la mercantil brasileña en el que se cursaron distintas transferencias hechas por el ente público en cuentas radicadas en Suiza y Brasil, con comisiones que terminaron en distintas cuentas situadas en el extranjero a nombre de alguno de los investigados y sus sociedades interpuestas. Según las pesquisas, la comisión del expresidente madrileño fue de 1,8 millones de dólares.
En el caso de la presunta compra fraudulenta de Inassa por 73 millones de euros, el magistrado ordenó el archivo de la causa contra González. En la investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero la decisión del juez fue otra: rechazó desimputar al exdirigente del PP al considerar que subsistían "aquellos indicios de criminalidad que motivaron la apertura de diligencias judiciales".
