La magistrada de Estepona que investiga al expresidente madrileño pidió en julio de 2014 a las autoridades del país centroamericano información sobre la empresa Waldorf Overseas Investments Ltd, registrada por el polémico despacho de abogados y pieza clave en la adquisición y posterior venta de la polémica vivienda de lujo del político. La respuesta sólo tardó quince días en ser redactada y en ella la Procaduría General del pequeño estado rechazaba la petición al considerar que los delitos que se investigaban, fraude fiscal y blanqueo, no eran suficientes para justificar la colaboración.