La Policía Judicial ve contradicciones en la versión del testigo protegido que convenció al juez del caso Pujol de ampliar la búsqueda del el presunto dinero oculto de la familia del expresident de Cataluña. "Ante la imposibilidad de comprobar la veracidad de las manifestaciones vertidas (...) y las continuas contradicciones", los agentes dieron por "finalizadas las diligencias indagatorias en relación con esta pieza separada".
El magistrado a cargo de la investigación continuó con las pesquisas y amplió las órdenes internacionales a la espera de respuesta de las ya enviadas a Portugal y Suiza. Seis meses después de la declaración, ha cerrado la pieza, según la documentación a la que ha tenido acceso ahora este periódico.
El 12 de diciembre de 2019 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional recibió en sede judicial a un recluso de centro penitenciario Brians-II, Barcelona. I.P.S, un empresario con nacionalidad andorrana, presumió ante el juez de ser una persona de la más estrecha confianza de la familia Pujol. Durante la hora que duró la declaración, detalló presuntos movimientos bancarios del clan, cajas de seguridad en Portugal y Suiza, así como cuentas en Nueva Zelanda y en países de América.
El juez José de la Mata preguntó y repreguntó. A los ocho días ordenó una batería de diligencias internacionales para seguir el rastro de los detalles aportados por el testigo. Una semana después la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), aquella que en noviembre tomó declaración al testigo en la cárcel catalana y que posteriormente trasladó al recluso hasta la Audiencia Nacional, avisó en un informe de sus reticencias.
Versión sin comprobar
Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, los agentes argumentaron que no habían podido comprobar parte de las afirmaciones realizadas por I.P.S. Hicieron hincapié en tres diligencias practicadas en Cataluña y en Francia -en colaboración con las autoridades galas- que no dieron fruto. Los funcionarios se desplazaron junto al testigo hasta tres inmuebles en los que habría "documentación incriminatoria" para los Pujol que "acreditaría el origen ilícito de la fortuna que ocultaron en entidades bancarias andorranas", pero el recluso no consiguió hacerse con las llaves.
"Ante la falta de correspondencia de lo referido por el testigo en anteriores ocasiones, habiendo afirmado ser muy conocido por los empleados y responsables del establecimiento, se suscitan dudas sobre la realidad de la versión manifestada", señalaron los agentes. Según recoge el informe, la titular de uno de los inmuebles aseguró a las autoridades que "en el mismo no hay ningún tipo de documentación o efecto de pertenencia de esta persona", en referencia al testigo.
"Dando por finalizadas estas diligencias, habiéndose culminado con resultado negativo, el testigo proporciona a través de su colaborador una clave que según refiere le va a permitir acceder al servidor en el que conserva más documentación incriminatoria de la familia Pujol Ferrusola". Los investigadores observaron una serie de carpetas en las que se apreciaban las iniciales JPF, que corresponderían al primogénito del expresident. El testigo, sin embargo, "no permitió comprobar el contenido de las mismas ni la fecha de creación de éstas, negándose a continuar colaborando".
I.P.S. ingresó por primera vez en prisión en 1993. La última vez fue en marzo de 2019, para cumplir una condena de dos años dictada por el Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona y otra de seis meses impuesta por la Audiencia Provincial de Tarragona. Ambas sentencias fueron por estafa; en medio constan al menos otras siete condenas. Fuentes policiales han precisado a Vozpópuli que terminará de cumplir su pena en septiembre de 2021.
Las diligencias del juez
Tras el aviso de los investigadores de la Policía Judicial, que dieron por "finalizadas las diligencias indagatorias" relativas a la pieza separada sobre el testigo protegido, el juez prosiguió con las pesquisas y prorrogó el secreto de las actuaciones. El 5 de febrero amplió la orden europea de investigación a Portugal para preguntar por las presuntas cajas de seguridad de los Pujol en Novo Banco.
Esta semana, el magistrado ha dictado una providencia en la que da por recibidas cinco carpetas aportadas por I.P.S. en diciembre con "diversa documentación". También recoge la contestación de Portugal a la orden europea enviada el 20 de diciembre en la que preguntaba por las cajas de seguridad que, según el testigo, los Pujol tienen en Banco Espirito Santo. Las autoridades lusas avisaron de que no tenían constancia alguna. Tras siete meses de pesquisas, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha informado del cierre de la investigación.
