La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que contaba con cinco furgonetas con las que presuntamente explotaba laboralmente hasta a 50 trabajadores y que había captado a un joven de 18 años en Bulgaria para obligarle a trabajar en el campo igualmente en condiciones infrahumanas mediante coacciones y que se alimentaba de las basuras.
La investigación se inició a finales de octubre, a raíz de la propia denuncia de la víctima en una comisaría después de escapar de sus captores, quienes le vigilaban constantemente, y en la que explicaba la situación en la que se encontraba, al llevar en España desde agosto, trabajar en el campo en condiciones infrahumanas y no haber recibido ninguna retribución por ello.
El joven relató a la Policía, según ha informado en un comunicado, de que había sido trasladado desde Bulgaria a Huelva bajo la promesa de un trabajo en el campo con unas buenas retribuciones, una oferta que aceptó dada sus necesidades personales. No obstante, una vez en España, la organización presuntamente le tenía controlado en un piso de la barriada El Torrejón de Huelva, donde compartía la vivienda con más de ocho personas, entre ellos, uno de los detenidos, que ejercía las funciones de control sobre la víctima.
La Policía ofreció a la víctima alojamiento en un centro de asistencia de Sevilla, donde solo permaneció una noche y se marchó al día siguiente sin dejar rastro alguno. Así las cosas, comenzó una investigación para conocer la veracidad de los hechos y localizar, identificar y detener a los miembros de esta organización, así como localizar al joven y a otras posibles víctimas si las hubiera.
50 trabajadores explotados
Los agentes descubrieron que la organización contaba con al menos cinco vehículos tipo furgonetas habilitadas para el transporte de personas en las que trasladaban diariamente a unos 50 trabajadores, a los que supuestamente explotaban laboralmente recogiendo aceitunas en diferentes localidades de la provincia de Sevilla.
Ya el 27 de noviembre, se localizo a la víctima denunciante, cuando era trasladado por la organización en una de las furgonetas, identificando a su vez a todas las personas que con él viajaban. El joven explicó entonces que cuando fue alojado en el centro asistencial, uno de los cabecillas de la organización criminal, junto con uno de los controladores, dieron con su paradero, obligándole a montarse en un vehículo con el que fue trasladado directamente a la finca donde estaba siendo explotado, y que por miedo y por las amenazas sufridas no había vuelto a escaparse.
Según ha expuesto la Policía, este grupo criminal llegó incluso a privar de alimentos al joven, teniendo que alimentarse bien de los que recogía de las basuras o bien de lo que le daban algunos vecinos puntualmente. Además de no recibir dinero alguno, la víctima debía de pagar a la organización seis euros diarios en concepto de transporte y 50 euros mensuales en concepto de alquiler, por lo que tenía una deuda adquirida que iba en aumento.
Tres detenidos
El operativo policial culminó con la detención de tres personas, presuntas autoras de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a organización criminal, así como se llevó a cabo un registro en el domicilio de dos de los detenidos, en el que se intervino numerosos teléfonos móviles, material informático y dinero en efectivo.
El presunto miembro principal de la organización, P.A.S., de 37 años, se encargaba de traer a las víctimas desde Bulgaria, a las que les retiraba la documentación y cobraba 150 euros por el viaje. Su hijo, de 21 años, era supuestamente el encargado de sustituirle, de forma que controlaba todo cuando su padre no se encontraba y conducía una de las furgonetas con las que la organización trasladaba a las personas al campo donde trabajaban.
El tercer detenido vivía en el mismo domicilio que la víctima liberada, supuestamente realizando las funciones de control dentro de la organización y viajando además diariamente a las fincas para controlar el trabajo de las víctimas.
Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado prisión provisional para dos de ellos, en el marco de una investigación y operativo policial llevado a cabo por la Policía Nacional de Sevilla y de Huelva.
