Llarena mantiene la orden de detención de Puigdemont y desliza que la malversación puede verse excluida

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya ha activado los mecanismos para responder a la publicación en el BOE de la amnistía. El instructor del procés ha preguntado a la Fiscalía y a las partes si esta ley se puede aplicar a los delitos atribuidos a Carles Puigdemont y otros tres acusados aunque de su providencia ya se desprende que la malversación puede no tener encaje en la medida de gracia.

En concreto, pregunta si los delitos de desobediencia y malversación "pueden considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la Ley por la especifica previsión del legislador recogida en su artículo 2 apartado e".

Dicho artículo está dedicado específicamente a las excepciones de la aplicación de la amnistía y en el apartado concreto que menciona Llarena se especifica que quedan fuera de la medida de gracia "los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea".

La malversación en la UE

Precisamente los cuatro fiscales del procés ya avisaron en una reunión mantenida con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el delito de malversación por el que se acusa a Puigdemont en esta causa choca con la norma europea. Por ello, los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que son los que informarán al magistrado Llarena, ya avisaron que se opondrán amnistiar este delito.

Como informó este medio, los delito de terrorismo y malversación se han convertido en la 'patata caliente' de esta ley que pretende borrar más de una década de procés. Amnistiar los gastos en los que incurrieron los acusados por el procés (entre ellos Carles Puigdemont) y condenados como Oriol Junqueras se complica en exceso si se entiende que el dinero público desviado a la consulta ilegal del 1-O afectó a los intereses de la zona comunitaria.

La Directiva 2017/137 del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el fraude determina que la protección de los intereses financieros de la UE no se ciñe exclusivamente a la gestión de los créditos presupuestarios sino que abarca "todas las medidas que afecten negativamente a sus activos y a los de los Estados miembros en la medida en que éstas guarden relación con las políticas de la Unión".

En ese sentido, la propia ley de amnistía impulsada por el PSOE junto con Junts y ERC puede cerrar el paso a la amnistía de la malversación del dinero que desvió la Generalitat para organizar el referéndum ilegal.

Junqueras, inhabilitado

Cabe recordar que el Ejecutivo modificó el Código Penal para eliminar el delito de sedición por el que estaba acusado Puigdemont a la par que rebajó la pena de malversación en sentido opuesto a la reforma de 2015, con la que se endureció el castigo a la comisión de este delito.

Además de preguntar a las partes por la aplicabilidad de la ley de amnistía, el magistrado del Supremo avisa que las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de acusados en esta parte siguen vigentes. En concreto traslada a la Policía que las medidas acordadas contra Antoni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira en enero de 2023, se deben seguir aplicando.

El movimiento de Llarena se produce en paralelo a otras dos providencias dictadas también desde el alto tribunal, la primera de ellas en relación a la parte del procés que condenó a 12 personas y la segunda sobre la causa abierta en febrero contra el líder de Junts por delito de terrorismo. En ambos casos se ha dado traslado a las partes para que informen de esta amnistía a los líderes del procés.

Con todo, de la primera respuesta del Supremo se desprende que no se producen cambios significativos en cuanto a las medidas cautelares y personales adoptadas contra los acusados. Así, Puigdemont será detenido si pisa suelo español en función de la orden de detención que se mantiene vigente y Oriol Junqueras mantiene su inhabilitación para ejercer cargo público hasta 2031.

En paralelo el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa contra Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, también ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre la amnistía por delito de terrorismo, mientras que el Tribunal de Cuentas ha dejado en el aire la sentencia que tiene pendiente de dictar por el desvío de fondos con el procés para dirigirse previamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.