La mesa del Congreso de los Diputados y la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes manejan un informe sobre la pertinencia de regular de una vez por todas el funcionamiento de los lobbys o grupos de interés en su relación con el Parlamento. España es uno de los pocos países de nuestro entorno que carece de normas reguladoras sobre la forma en que esos grupos pueden influir, modificar o interferir en la iniciativa política lo que, desde luego, no es una garantía de transparencia. De hecho, la futura Ley de Transparencia no es de directa aplicación a la Casa Real, pero tampoco al Parlamento, que queda a salvo de los principios inspiradores de ésta, es decir, de la posibilidad de que el ciudadano pueda conocer “las decisiones que les afectan y disponer de información comprensible sobre el manejo de fondos públicos y la eficiencia social de los actos políticos”, según reza el informe, al que ha tenido acceso Vozpopuli.
El documento, de quince páginas, alude al modelo comunitario de regulación del lobby, habla de los intentos baldíos que ha habido en otras ocasiones por regular esta delicada cuestión y sale en defensa de los lobbys como instrumento de participación de los ciudadanos en la vida parlamentaria, a pesar de admitir la mala imagen que tienen en nuestro país. El modelo que gusta al autor del texto, miembro de la Mesa del Congreso y diputado popular, Santiago Cervera, es el del Parlamento Europeo, ahora también de aplicación a la Comisión Europea tras la entrada en vigor, el 1 de enero de este año, del nuevo código de conducta aplicable a los eurodiputados en sus contactos con personas ajenas a la Cámara.
Este sistema obliga a los lobbys o grupos de interés a inscribirse en un registro que controlan los encargados de los asuntos económicos y administrativos de los parlamentarios; se entrega a los lobbistas una tarjeta de acceso a las Cámaras, de carácter nominativo y por el plazo de un año; éstos deben declarar los intereses que representan y comprometerse a no difundir a terceros , con fines lucrativos, copias de documentos obtenidos en el Parlamento, entre otras medidas. Pero el sistema etablecido en la Eurocámara no solo regula el comportamiento de los representantes de grupos de interés sino, también, de los parlamentarios en su relación con ellos, puesto que pretende controlar de forma estricta la aceptación de regalos así como la actuación de aquellos ex eurodiputados que pasen a trabajar para grupos de interés. Además, el modelo establece un sistema de sanciones.
La regulación que se pretende importar de Bruselas supondría la imposibilidad para los diputados y senadores de aceptar regalos de más de 150 euros y la obligación de declarar cualquier apoyo económico externo que reciba. Además, las sanciones por incumplimiento del Código --que es mucho más amplio-- pueden pasar de una amonestación, a la pérdida del sueldo de un día o la suspensión de actividad hasta por diez días, no así del derecho de voto que le han delegado los ciudadanos que lo eligieron. El documento que maneja la mesa del Congreso y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, no baja a ese nivel de detalle, pero sí aboga por "considerar el estudio de un modelo similar al del Parlamento Euroepo, basado en la creación de una registro de lobbies autorizados para representar intereses de parte ante los legisladores, y la enunciación de un código de conducta en esta materia, debidamente auditado".
Un lobby puede ser cualquier "organización de la sociedad civil", lo que incluye a sindicatos, despachos profesionales, asociaciones de consumidores y hasta ONGs
¿Y qué se entiende por lobby o por lobista? Pues según la unión Europea se trata de una "organización de la sociedad civil", lo que amplía el abanico a, por ejemplo, sindicatos, organizaciones empresariales, despachos profesionales, asociaciones de consumidores y hasta ONGs. Pero también crean lobby los poderosos sector bancario, inmobiliario o energético, que no pocas veces presionan al Ejecutivo. En esa misma categoría de lobby cabría encuadrar, por ejemplo, a la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña que el pasado 22 de marzo entregó al presidente del Congreso, Jesús Posada, 587.000 firmas para que los toros sean declarados Bien de Interés Cultural en toda España. No cabe duda de que esta federacion representa unos intereses concretos, pero también, su legitimidad a presentarlos ante el Parlamento.
Porque si hay algo que reclama el redactor del texto como uno de los argumentos principales para que se regulen los lobbys, es considerar un "derecho fundamental que los representantes de la sociedad civil tengan acceso a las instituciones y de forma muy especial a los poderes ejecutivo y legislativo a fin de trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o instar a cambiar legislación que les afecte". Para el Parlamento Europeo, los grupos de interés "desempeñan un papel esencial en el diálogo abierto y pluralista en que se basa un régimen democrático y constituyen una importante fuente de información para los diputados en el marco del ejercicio de su mandato".
Con su posible regulación, --que ya fue reclamada en otras legislaturas por Grupos parlamentarios ideológicamente tan dispares como el PP (1990), el CDS (1993) o Izquierda Unida y Esquerra Republicana (2008)-- se persigue incrementar la transparencia, abrir la adopción de decisiones a la participción de grupos de interés o mejorar la imagen en el exterior "de nuestra calidad institucional al participar en estándares de transparencia y rendición de cuentas análogos a los del entorno político al que pertenecemos", según reza el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.
