15.000 lobistas y representantes de 2.500 grupos de interés circulan por los pasillos de las instituciones europeas según el exhaustivo informe estudio realizado por el nuevo think tank “Foro Europa Ciudadana” relativo a la “Transparencia en la Unión Europea: evolución y perspectivas” con conclusiones críticas respecto al modo de conducirse de los responsables comunitarios a pesar de los avances que ha habido en esta materia.
De ese enorme montante pocos son los que están inscritos en el llamado Registro de Transparencia, destinado a ejercer un mayor control sobre los llamados "grupos de interés" en su relación con la administración comunitaria. A 17 de abril de este año lo han hecho poco más de seiscientos asesores profesionales, despachos de abogados y consultores independientes, cerca de 3.000 representantes de empresas, 1.566 ONGs, 405 think tanks, 40 organizaciones empresariales y 272 entes de ámbito municipal y regional. Y a ellos se une, además, la información deficiente que se aporta a este registro respecto de los objetivos concretos que se pretenden obtener.
De hecho, de las 289 inspecciones aleatorias que se realizaron por parte de la Secretaría del Registro de la Transparencia, en 215 casos “se comprobó que lo declarado no se correspondía con la realidad”, de modo que hasta en 33 ocasiones se produjo la expulsión del registro. “Nos parecen cantidades relevantes en la medida en que casi un 75 por ciento de los investigados no habían declarado con exactitud sus datos en la inscripción”, reza el estudio de “Foro Europa Ciudadana”, que ha sido realizado por José Carlos Cano Montejano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de este nuevo think tank. Sólo seis países de los veintisiete que forman la Unión regulan el trato de los lobbys con la Administración, son Alemania, Francia, Lituania, Austria, Polonia y Eslovenia. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió en el debate del estado de la Nación una regulación de los "grupos de interés" dentro del reglamento del Congreso.
"Europa Ciudadana" propone una especie de cláusula "Güemes" o "Lamela", que pasaron de ser consejeros de la Comunidad de Madrid de Sanidad a trabajar en empresas del sector
Admitiendo que ha habido avances en materia de control, Cano Montejano propone un decálogo “para contribuir a la mejora del sistema”. Para empezar, apuesta por hacer obligatoria la inscripción en el Registro de Transparencia de todos los representantes de "grupos de interés" y de todos los lobbys incluyendo también a aquellos que sólo actúan de manera esporádica respecto de una iniciativa o propuesta legislativa de la Unión. En el mismo registro deberían figurar todas las agencias e instituciones comunitarias. Además, tanto la Comisión como el Parlamento "deberían hacer pública una relación de reuniones, solicitudes, consultas, opiniones y contribuciones" presentadas en los procesos legislativos. Otro tanto debería ser de aplicación para los eurodiputados. Incentivar la inscripción en el registro a cambio de información complementaria, hacer una redacción más transparente de los cuestionarios de consultas ante la comisión Europea o dar un papel más activo de en el proceso de acreditación a los responsables del registro son otros puntos del decálogo.
Otra propuesta bastante novedosa es la de regular de forma más estricta el "revolving door" o lo que España se llama "puerta giratoria", esto es, que un funcionario comunitario, en este caso, no pueda participar ni directa ni indirectamente, durante un periodo relevante de tiempo y "más allá del plazo testimonial actual" en nada en que hubiese participado en su calidad de miembro de la Comisión Europea. Es decir, una especie de cláusula "anti Güemes" o "anti Lamela", ambos consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid en periodos distintos que acabaron siendo contratados por empresas del sector.
Por último, el nuevo Foro apela a la exigencia de que los ciudadanos puedan conocer "sin ninguna restricción" quiénes son los receptores de los subsidios y fondos comunitarios que otorga la Unión Europea, sean fondos estructurales, de cohesión o de política agraria común". "En la actualidad -explica el informe- las diferentes regulaciones nacionales permiten sólo un conocimiento particular y disperso que debido al elevado importe de las cuantías, puede generar controversia".
