Las 12 comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular van a tratar de frenar el calendario de implantación de la LOMCE a unas semanas de que empiece el curso. Llevarán a la reunión con el nuevo ministro Íñigo Méndez de Vigo una batería de propuestas con garantías jurídicas para retrasar un texto “que nadie quiere”. Advierten de que “ensañarse con una Ley que va a ser derogada más pronto que tarde no es razonable”, según Adelaida de la Calle, Consejera de Educación de Andalucía. “Somos mayoría”, ha asegurado.
De la Calle no ha querido adelantar ni el número ni el tipo de propuestas, pero ha aclarado a Vozpópuli que no se trata de bloqueos judiciales, sino de una serie de medidas que el ministro podría usar para racionalizar la implantación de la LOMCE.
“Lo que pedimos es más flexibilidad para cada Comunidad”, asegura a Vozpópuli Esther Gutiérrez, Consejera de Educación de Extremadura. “El ministro nos ha llamado a cada consejero, pero ha sido por cortesía y no se ha hablado de nada concreto. Eso lo haremos esta tarde”.
Hoy a partir de las cuatro se reúne el nuevo ministro, que ha sustituido a José Ignacio Wert, con las Comunidades autónomas. Es la Conferencia Sectorial de Educación pedida por las CCAA. Entre otros asuntos, se hablará del calendario de implantación y del reparto de los 363 millones de euros previstos en el proyecto de Presupuestos Generales para 2016, una partida especial para la implantación de la nueva Ley.
Las Comunidades Autónomas que han hecho un frente común son las siete comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana); además de Canarias (CC-PSOE), Cantabria (PRC-PSOE), Cataluña (CDC), Navarra (Geroa Bai) y País Vasco (PNV).
Los consejeros de estas comunidades se han reunido esta mañana para perfilar la postura común. Una reunión similar de las del Partido Popular ha sido cancelada "por problemas de agenda", según Génova.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), o Ley Wert, ha sido una de las más polémicas de toda la legislatura del Partido Popular, y ha supuesto la caída en desgracia del anterior ministro, José Ignacio Wert. Modifica la LOE socialista de 2006. El PP la justifica por la baja calidad de la educación española y el alto abandono escolar, del 28%. La oposición, entre ellos gran parte de la comunidad educativa, cree que no era necesaria, es ideológica, enmascara recortes y una tendencia hacia la educación para una élite. Religión vuelve a ser una asignatura que afecta a la nota final. Desaparece la Selectividad y vuelven las Reválidas. Las lenguas autonómicas han pasado a ser “de especialidad”, y eso ha sido muy contestado en Cataluña sobre todo. Se reduce el poder de las asociaciones de padres en los centros y pretende favorecer la “excelencia”. Además, se reforma la Formación Profesional y se flexibilizan los itinerarios.
