La Audiencia Provincial de Madrid lo ha dejado claro. No se puede dar carpetazo al caso del borrado por parte del PP de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas sin haber practicado antes algunas diligencias. El fallo que ordena la reapertura de la causa no sólo propina un severo rapapolvo a la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, María Esperanza Collazos, que cerró la causa a los 14 días de recibirla de su compañero de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, sino que abre la puerta a que los interrogatorios, informes y requerimientos de documentación que plantearon las acusaciones sean practicados ahora, nada menos que 27 meses después de que se presentara la primera querella allá por el 17 de octubre de 2013. Como destaca la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, la magistrada deberá ahora pronunciarse sobre "la pertinencia de las diligencias de investigación solicitadas por las partes personas" y "acordar aquellas otras que considere útiles para el esclarecimiento de los hechos y la valoración de su relevancia penal".
La querella de IU pedía imputar al PP y a su gerente, Carmen Navarro. La del Observatorio DESC, al cuñado y la secretaria de Bárcenas y a un empleado del partido
Y no son pocas. La querella presentada por IU, la Asociación Justicia y Sociedad, y los Verdes, y que fue la primera en incorporarse a la causa, incluía una decena de "diligencias a practicar". En primer lugar, quería que se citase a declarar como imputada a Carmen Navarro, tesorera y gerente del PP, además de reclamar al partido, a quien también pedía imputar en su condición de persona jurídica, que identificase tanto "a los responsables del departamento de informática que llevaron a cabo el formateado" de uno de los discos duros como a "los responsables del Partido Popular que destruyeron el registro de visitas y las grabaciones de las cámaras de seguridad". También reclamaba que se citase a declarar como testigos al propio Luis Bárcenas; a la que fuera su secretaria cuando tenía despacho en Génova, Estrella Domíguez; a su cuñado Antonio de la Fuente, que además era el jefe de seguridad de la sede 'popular', y a Alberto Durán, el abogado de la formación que fue quien comunicó a la Audiencia Nacional en agosto de 2013 que los soportes informáticos habían sido borrados.
Además, los representantes legales de IU querían que la juez requiriera a la empresa Universomac, que se encargó en octubre y noviembre de 2012 de cambiar el disco duro al segundo de los ordenadores que manejaba Bárcenas en la sede del PP, que entregase "toda la documentación que obre su poder sobre los trabajos", además de identificar a los empleados que participaron en aquellas labores. También planteaba que se rescatase de la 'intranet' de Génova 13 la copia de seguridad de las carpetas personales que en la misma utilizaron el extesorero, su secretaria, su cuñado y Carmen Navarro, la gerente contra la que dirige la querella. Además, solicitaban a la magistrada que requiriera al partido que aportase "las fechas de las reuniones de la Ejecutiva Nacional del Partido del año 2013 [...] así como estatuto de los gerentes y secretarios técnicos" de la formación.
Documentación de tres juzgados
Para terminar, IU quería que se reclamara a diversos juzgados documentación relacionada con el caso. En primer lugar, solicitaba requerir al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional aquellos de la causa de los 'papeles de Bárcenas' que dieron origen precisamente al sumario que ahora se reabre, pero también de la pieza principal del 'caso Gürtel', de la que aspiraba incorporar el escrito de personación del PP en dicha causa, el posterior auto que expulsó al partido de la misma como acusación popular y el que ordenó el ingreso en prisión del extesorero. Al Juzgado Central de Instrucciónl número 3 quería solicitarle dos autos de 2013, cuando el entonces titular del mismo, Javier Gómez Bermúdez, se disputaba con su compañero Pablo Ruz la instrucción de la causa sobre los apuntes contables del extesorero. Y, finalmente, al Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, que aportase copia de las diligencias previas 604/2013, abiertas tras la denuncia del propio Bárcenas contra su partido al que acusó de robo por no dejarle recoger los equipos informáticos. Aquel procedimiento concluyó con un fallo a favor del PP al considerar que éstos eran propiedad del partido y no del empleado.
Las dos acusaciones reclamaban tomar declaración al propio Bárcenas y al abogado del PP, además de incorporar numerosa documentación
A estas diez diligencias se sumaron posteriormente las solicitadas por otra de las acusaciones del 'caso Bárcenas' que también se personó en el sumario por el borrado de los discos duros. Se trataba del Observatorio DESC, cuyo representante legal planteaba en su querella otras ocho pruebas a realizar para avanzar en la investigación. Así, pedía citar a declarar a los que ellos consideraban presuntos responsables en esta fase inicial de la investigación: Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas; la secretaria del extesorero, Estrella Domínguez; y Javier Barrero, responsable de informática del PP cuando se produjeron los hechos. Además, también quería interrogar, en este caso como testigo, al propio Bárcenas y al abogado del partido, Alberto Durán. Todo ello acompañado de diversas peticiones de documentación. Por un lado, al Juzgado Central de Instrucción número 5, pero también al numero 21 de Madrid, el que falló que los ordenadores eran propiedad del PP. Además, quería que reclamase a la Tesorería General de la Seguridad Social certificado de "la vida laboral completa" del extesorero y que se aportase "la hoja histórica penal" de las tres personas contra las que dirigían la querella.
un sumario con 27 meses de nula 'instrucción'
El sumario por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas derivó del caso que instruía la Audiencia Nacional por los apuntes contables del extesorero. Su arranque puede situarse el 19 de agosto de 2013. Aquel día, el PP respondió al requerimiento que el entonces titular del Juzgado Central de Intrucción número 5, Pablo Ruz, le había hecho unos días antes para que el partido le entregara los ordenadores que Bárcenas utilizaba y que estaban custodiados en Génova 13. El partido remitió aquel día los dos equipos informáticos, un Mac y un Toshiba, y junto a ellos un escrito en el que informaba de que habían borrado los discos duros de los mismos en cumplimiento de su protocolo de seguridad informática. La destrucción de todos estos elementos se produjo después de que, unos meses antes, en abril, un juzgado ordinario fallara a favor del PP en la denuncia por robo que interpuso el extesorero cuando no pudo recoger los ordenadores en la sede del partido. Aquel magistrado justificó su decisión en que consideraba que ese material informático era propiedad del partido y no del empleado.
Tras aquella notificación, el juez Ruz dictó a medidados de octubre de 2013 un auto de once páginas en el que apreciaba posibles delitos de encubrimiento por destrucción de pruebas y daños informáticos en la decisión del PP de eliminar los datos de las ordenadores de su extesorero. El magistrado estimaba también que la investigación por estos hechos no era competencia de la Audiencia Nacional sino de los juzgados de Instrucción de Madrid, por lo que se inhibía en el órgano judicial ordinario de la capital al que correspondiera el caso por turno de reparto. En su escrito, el magistrado era cauto a la hora de valorar los hechos, pero consideraba necesario efectuar "una valoración acerca de si en los hechos acaecidos es posible apreciar la concurrencia de indicios que hagan presumir, siquiera a modo apriorístico, su eventual relevancia penal". Según Ruz, una "primera aproximación y análisis" de los hechos no permitía "descartar" esto último.
El caso terminó recayendo en la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, María Esperanza Collazos, quien 14 días después acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al considerar que no concurrían los delitos de daños ni encubrimiento a los que apuntaba su compañero de la Audiencia Nacional. En un auto del 30 de octubre de 2013, la juez hacía suya la posición de la Fiscalía de Madrid, que poco antes había presentado un escrito en el que dejaba clara que no entendía que hubiese delito en aquel borrado informático. Así, la instructora indicaba que en su opinión no había pruebas que pudieran llevarse a cabo en esta causa para "determinar la titularidad" de los discos duros y destacaba que había que presumir que pertenecían al titular del inmueble en el que se encontraban, "con lo que, hallándose los ordenadores en la sede del PP, a él le pertenecen sobre prueba en contra".
La decisión de la magistrada fue recurrida por los abogados de IU, que fueron los que presentaron la denuncia. En primer lugar, en reforma ante la propia magistrado y, ante el rechazo de ésta a reabrir las diligencias, el 26 de diciembre de 2013 en apelación ante la Audiencia Provincial. Tras este último recurso, la juez dictó una providencia de febrero de 2014 en el que comunicaba que elevaba la causa, a través del Decanato de los Juzgados de Madrid, a aquel órgano judicial para que decidiera. Sin embargo, la causa se extravió y hubo que recomponerla por completo para, finalmente en marzo, remitirsela a la Audiencia Provincial. Ahora, nueve meses después, tres magistrados han ordenado que se reabra y se practiquen diligencias. En total 27 meses de instrucción... sin practicar ni una sola prueba.
