Vuelco en el caso de los discos duros. El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas no pedirá que el Partido Popular se siente en el banquillo de los acusados por la destrucción de las memorias internas de los ordenadores portátiles que él tenía en Génova 13, tal y como ha adelantado Okdiario y ha podido confirmar Vozpópuli.
Según explican fuentes de su defensa a este periódico, ha sido el propio Bárcenas quien ha dado instrucciones a sus abogados para desistir de ejercer la acción penal aunque reservándose solicitar acciones civiles –es decir, reclamar una indemnización- por la destrucción de los citados discos duros.
Sin embargo, pese a que el ex tesorero ha decidido en el último momento no presentar escrito de acusación contra la formación de Mariano Rajoy el PP podría acabar igualmente en el banquillo de los acusados ya que el resto de acusaciones populares personadas en esta causa -ejercidas por Observatori Desc e Izquierda Unida- tienen previsto presentar en los próximos días sus peticiones de pena para los populares ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, Rosa María Freire.
Cambio de estrategia
En el escrito presentado ante la magistrada Rosa María Freire sus abogados sostienen que "siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, venimos a efectuar expresa reserva de las acciones civiles que pudieran corresponderle como perjudicado, para ejercitarlas de forma separada en el momento y procedimientos oportunos, desistiendo de la acción penal".
Sin duda, que el extesorero haya dado órdenes a sus letrados de no presentar escrito de acusación contra el PP supone un cambio de estrategia jurídica. Hasta ahora, y a lo largo de toda la instrucción, el equipo jurídico de Luis Bárcenas -formado por los letrados Francisco Maroto y Joaquín Ruiz Infante- han afirmado que el protocolo de borrado en el que se ha escudado el PP para borrar 35 veces los discos duros de los ordenadores Mac y Toshiba no era "más que un acto ex post buscado para justificar una acción injustificable".
Además, el ex senador siempre ha defendido que los citados los ordenadores no eran propiedad del PP sino suyos y que contenían datos relevantes de la Caja B de los populares.
