¿Dónde están los originales de loa 'papeles de Luis Bárcenas'? El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, cree que en cualquier lugar menos en el domicilio madrileño del extesorero. De hecho, el magistrado rechazó el pasado 11 de junio la petición de una de las acusaciones populares de registrar la vivienda que el exsenador para buscar en ella "documentos, ordenadores, facturas y demás elementos relevantes" para la causa. En su escrito, el juez considera que ésta diligencia, y otras que se le habían solicitado, eran hace un mes "improcedentes e inncesarias en este momentos procesal a los fines de la presente investigación". Cuatro semanas después, dos de estos originales llegaban a sus manos después de que El Mundo los publicase 24 horas antes tras recibirlos supuestamente de manos del propio Bárcenas.
El magistrado consideró en junio que el resgistro del domicilio del extesorero era "improcedente e inncesario en este momentos procesal a los fines de la presente investigación"
La petición de registro rechazada fue propuesta el pasado 22 de marzo por el Observatori per al Compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDHC) al Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, que en aquel momento había concentrado dos denuncias presentadas por sendos colectivos para que se investigase la contabilidad B de Génova 13. El titular de este juzgado, que ya para entonces había anunciado que se iba a inhibir en favor de la Audiencia Nacional, ni siquiera respondió a la petición y se la trasladó al magistrado Pablo Ruz para que fuera él quien decidiera sobre la misma. Poco después, el juez de la Audiencia Nacional daba traslado de la misma a las partes para que informaran sobre su parecer a la práctica de la misma.
La Fiscalía Anticorrupción remitió un informe en el que destacaba que la mayor parte de las diligencias interesadas tanto por el Observatori como por el sindicato Manos Limpias, la otra acusación que se habían incorporado a la causa tras presentar una demanda en los Juzgados de Plaza de Castilla, no eran pertinentes porque, o bien ya se habían practicado, o bien "porque entendemos que no deben serlo". Finalmente, el magistrado hacía suyos los argumentos de la Fiscalía y rechazaba todas y cada una de las pruebas solicitadas "al no inferirse de los escritos presentados su utilidad para la averiguación de los presuntos delitos investigados y la determinación de sus responsables". Entre ellos, estaba la del registro del domicilio familiar del extesorero.
Solicitado desde marzo
El escrito de la acusación popular que solicitó el entrada policial en la vivienda de Bárcenas, y que fue adelantado por Vozpópuli el pasado 29 de marzo, destacaba que el domicilio particular de Bárcenas en la capital "se trata del lugar conocido más probable" en el que el extesorero podía ocultar la documentación comprometedora que se supone tiene en su poder. En este sentido, los abogados de la asociación recordaban que "el querellado ha cesado recientemente en su actividad laboral" en Génova 13 y que "no se conoce que hasta el momento haya encontrado otro lugar [de] trabajo donde haya podido depositar esos elementos de prueba".
El escrito de la asociación que propuso la diligencia calificaba de "sorprendente" que pese al tiempo transcurrido desde la primera imputación de Bárcenas no se hubiera realizado el registro
En el escrito, los denunciantes consideraban "necesario recordar la reciente desaparición de unos ordenadores propiedad del querellado que se encontraban en el despacho de la sede nacional del PP" y destacaban que el propio extesorero había presentado una denuncia por dicha sustracción. "No resulta nada descabellado pensar que en tales ordenadores podrían encontrarse efectos de interés de la presente investigación. Motivo que quizás explicaría la citada desaparición o sustracción", añade el escrito. En el mismo se califica de "sorprendente" que pese al tiempo transcurrido desde la primera imputación de Bárcenas en el caso Gürtel, aún no se hubiera practicado el registro.
En los razonamientos de su solicitud de registro, el Observatori era especialmente crítico con la actitud de Anticorrupción durante las pesquisas, que llegaba a tildar de "displicente". "Buena muestra de ello es que ni siquiera ha interesado ningún tipo de medida que permita impedir el evidente, y ya casi inevitable, riesgo de destrucción de pruebas por parte del imputado", destacaba para, a continuación, afirmar que "parece difícil no ver tras esa pasividad una posible maniobra para dar carpetazo al asunto". En este sentido, recordaba que el máximo responsable del Ministerio Público es Eduardo Torres-Dulce, "nombrado por el Gobierno del presidente Mariano Rajoy", del que destacaban que aparece, junto a otros miembros de su partido, "en los apuntes del extesorero como receptores de sobresueldos con cargo a la contabilidad en negro del partido".
