Las acusaciones del caso Bárcenas han coordinar su actuación para acusar al PP de "obstrucción a la Justicia", según revelan fuentes de sus equipos jurídicos. Las acusaciones han comenzado a mantener reuniones esta misma semana. El detonante ha sido la comunicación por parte del PP de que ha destruido los discos duros de los ordenadores del ex tesorero, Luis Bárcenas. Sin embargo, según esas mismas fuentes, los equipos jurídicos pretenden extender la acusación, al menos, a otras dos pruebas para demostrar que Génova obstaculiza la investigación judicial: el borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad y la destrucción del libro de visitas de Génova.
"Es increíble pensar que la decisión del borrado se ha tomado a nivel técnico sin la responsabilidad de los máximos órganos del Partido”, afirma uno de los abogados
Las acusaciones pretenden establecer la veracidad de la presunta contabilidad B del PP elaborada por Bárcenas. Para ello, buscaban fijar la coincidencia entre las fechas en que se registran los donativos con las fechas en que ciertos empresarios visitaron Génova 13, la sede del PP en Madrid. Según el ex tesorero, sus ordenadores contenían una agenda con los días en que presuntos donantes ilegales habían acudido a la sede a hacer entregas de dinero. Sin ese ordenador, la reconstrucción de las visitas dependía de las grabaciones de las cámaras de seguridad y del acta de visitas de Génova que tamibén han sido destruidas, según el Partido Popular.
- Actas de visitas: El juez Ruz solicitó el pasado 31 de mayo al Partido Popular que le entregara los registros de entrada de la sede popular comprendidos entre los años 2001 y 2008. Los letrados del PP respondieron al juez que no podía dárselos "porque son eliminados cada mes en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos".
- Cámaras de seguridad: Esas mismas visitas podrían reconstruirse con la imagen de los empresarios entrando en la sede de Génova. Los populares informaron al juez que no conservan esas grabaciones.
Las acusaciones buscan responsabilidades en la dirección
Los equipos jurídicos consultados sostienen que el borrado de esos documentos "sólo puede producirse con el conocimiento y la instrucción de la dirección del partido". Por ese motivo, Izquierda Unida ha anunciado ya que pretende ampliar su querella para acusar o bien a la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, o bien a los vicesecretarios Carlos Floriano y Javier Arenas de “destrucción de pruebas, encubrimiento y obstrucción a la Justicia”. Según el abogado de la formación, Enrique Santiago, no resulta creíble pensar que “esa decisión se ha tomado a nivel técnico sin la responsabilidad de los máximos órganos del Partido”.
El PP como organización podría enfrentarse a una multa todavía por determinar. Los partidos pueden ser considerados responsables ante la Justicia tras la última reforma de la Ley de Financiación de Partidos que permite la acusación institucional.
Por su parte, Cospedal, Floriano o Arenas podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de cárcel, segú el artículo 451 del Código Penal, afirman los abogados consultados.
