La judicatura intenta recuperar su ritmo tras el parón de los primeros meses del estado de alarma. El departamento dirigido por Juan Carlos Campo inició su propia 'desescalada' el pasado 12 de mayo, cuando aún había comunidades en las que se mantenían todas las restricciones acordadas por el Ministerio de Sanidad. Ahora, cuando la Justicia avanza hacia su fase 3, y en el marco de la realización masiva de test, los juzgados de la Comunidad de Madrid han tropezado con positivos por coronavirus entre sus funcionarios.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) confirman a Vozpópuli la existencia de casos de covid-19 en tres de los juzgados de Plaza de Castilla y en dos de los juzgados de Collado-Villalba. Fuentes de la Consejería de Justicia madrileña ratifican que en estos dos últimos los afectados han sido los propios jueces. Según precisan, ambos han sido sustituidos para mantener la actividad judicial.
El sindicato STAJ denuncia que, ante los positivos, algunos juzgados han tenido que cerrar; la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sostiene que la semana se ha saldado con nuevos casos y el cierre del Registro Civil Central. Desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso sostienen que "no se ha cerrado ningún juzgado" y que no constan casos adicionales a los de Collado-Villalba.
Sin información de los casos
Según recoge en el acuerdo adoptado el 27 de mayo por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces "no cuenta con la información" relativa al número de integrantes de la carrera judicial afectados por la pandemia. Tampoco posee detalles de aquellos de que encuentran de baja o en cuarentena por covid-19. Sostiene que no es el "órgano competente" para la recepción de los partes de baja que se hubieran podido expedir.
"No obstante lo anterior, este Consejo, aún habiendo recibido alguna información sobre estas incidencias, no está en condiciones de conocer y en consecuencia de informar de manera precisa y fehaciente sobre el alcance real de la incidencia de la pandemia en el ámbito de la carrera judicial", según se lee en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Test serológicos
En el escrito, el Poder Judicial asegura que se "ha adoptado y se seguirá adoptando cuantas medidas sean precisas para garantizar la salud profesional de la carrera judicial". Hace referencia a la analítica de sangre habitual y a las pruebas de determinación serológica de anticuerpos de covid-19. Fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid recuerdan que la Comunidad también está haciendo test a los funcionarios.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia critican la metodología empleada. "La Comunidad decidió hacer los test, pero se retrasó. Llegó la entrada del 70%, se metió a todo el mundo en los juzgados y luego se hicieron las pruebas. Ahora, cada vez que hay un positivo, todos los que han estado con él pueden estar contagiados", señalan.
Equipos de protección individual
Desde que se iniciara la 'desescalada' en la judicatura, sindicatos y asociaciones han denunciado deficiencias en la entrega de material sanitario. CCOO y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) presentaron escritos contra el Ministerio ante la Inspección de Trabajo por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante el inicio de la reactivación de la actividad judicial. Según alegaron, no se dotaron los "medios materiales y personales a los servicios de prevención", ni se evaluaron "los riesgos en cada centro de trabajo antes de aprobar las medidas".
Según consta en las publicaciones de esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Justicia ha aprobado 440.033 euros para la adquisición de equipos de protección individual destinados al personal de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
En la plataforma de contrataciones del Estado figuran otros contratos. Cuatro de ellos fueron resueltos este 1 de junio por un importe total de 928.706 euros para el suministro de "mamparas destinadas a puestos de trabajo con atención al público en los Órganos Administrativos y Judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia", la compra de pantallas faciales de protección individual, la adquisición de "suministros necesarios para la protección de la salud del personal" que presta servicios esenciales y para mascarillas quirúrgicas.
Inversión para la fase 3
El Gobierno ha aprobado esta semana en Consejo de Ministros el acuerdo por el que se aprueba que se destinen casi 400.000 euros a la compra de material de protección de la salud de los funcionarios de la Administración de Justicia.
La cifra se suma a los 799.035 euros aprobados el 21 de abril y los 550.000 euros aportados en marzo por Justicia para la adquisición de guantes, mascarillas y geles. Está previsto que el próximo 9 de junio la judicatura avance hacia la fase 3 de la 'desescalada', con el 100% de efectivos trabajando de forma presencial en los juzgados.
