La jueza Delia Rodrigo ha solicitado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la elaboración de informe sobre el procedimiento legal que debería haberse cumplido en el marco del acuerdo con Arabia Saudí para celebrar la Supercopa de España en el país. Según la providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Majadahonda pide al órgano público indagar sobre la normativa interna de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que analice si el citado contrato, así como las anteriores negociaciones, se llevaron a cabo en cumplimiento de dicha normativa.
El requerimiento de la magistrada llegada después de que el pasado mes de mayo, el propio Luis Rubiales remitiese al juzgado un informe que avalaba el cumplimiento normativo del acuerdo firmado con Sela Sport Company Limited, empresa pública saudí. Dicho documento defendía que el convenio por el que se acordó llevar el torneo de fútbol pasa el filtro jurídico, ya que la Federación no puedo hacerse con ninguna comisión o reparto de las mismas.
En la misma línea, Elvira Andrés, jefe del gabinete de Pedro Rocha, defendió ante la juez que el contrato para celebrar la Supercopa fuera de España no tenía que pasar por el departamento de cumplimiento normativo porque suponía ingresos para la Federación. Según la declaración de la que fuese jefa de compliance de la RFEF, esto es así, ya fue en el año 2022 cuando se cambió dicha normativa para someter a control todos los contratos del órganismo rector.
Ahora, la magistrada a cargo de las diligencias de investigación abiertas por presuntas irregularidades en la gestión de Luis Rubiales, durante su etapa al frente de la Federación, pone el foco sobre la normativa interna de la Federación. El objetivo pasa despejar todas las incógnitas sobre "el procedimiento legalmente correspondiente que debería haberse cumplido, especialmente desde el punto de vista económico, en el seno de la RFEF (...) a partir de la propia normativa interna federativa y aquella con la que pudiera estar relacionada y fuera de aplicación".
Comisión de 4 millones en el contrato de la Supercopa
Entre los contratos que se encuentran bajo la lupa de la Justicia destaca el firmado en 2019. Entre los vértices de dicho acuerdo se encuentra la participación del exfutbolista blaugrana Gerard Piqué, cuya sociedad Kosmos intermedió en las negociaciones. La instructora pone el foco sobre la cláusula por la que la RFEF "trataba de garantizar" el pago de 4 millones de euros anuales de comisión en favor de esta empresa.
Precisamente el hallazgo de indicios delictivos en dicha comisión lo que llevó a Rodrigo a imputar al exjugador del F.C. Barcelona. Y es que, según develaba el auto de la juez, la Federación incluyó dicha cláusula en el contrato, cuando la empresa Kosmos era comisionista de SELA y no del órgano español.
En paralelo, el juzgado de Majadahonda ha requerido al Secretario General del órgano federativo, cargo ostentado en la actualidad por Álvaro de Miguel, que aporte con la mayor brevedad posible "las declaraciones de concurrencia o conflicto de intereses firmadas por los miembros de la RFEF en los años 2018 a 2022, debiendo dar explicación, si la tuviere, de las omisiones o ausencia de tales declaraciones". Con esta medida, la juez podrá comprobar si lo que publicado coincide con la información enviada.
Por el momento, la causa continúa en manos de la magristrada Delia Rodrigo. La titular del juzgado de Majadahonda desestimó la petición de la LaLiga por la que se solicitaba trasladar el caso a la Audiencia Nacional. La magistrada consideró que los delitos investigados por corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales no acreditan la competencia de dicho tribunal.
