El Tribunal Constitucional suspende la ley trans de Ayuso tras admitir a trámite los recursos del Gobierno

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del Gobierno contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid y ha suspendido varios artículos, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.

Como también hizo el Defensor del Pueblo, el Ejecutivo central llevó ante la corte de garantías diversos preceptos de esas dos normas autonómicas al considerar que vulneraban la Constitución e invadían competencias exclusivas del Estado.

Al admitir a trámite su recurso, el pleno del Tribunal Constitucional suspende la vigencia y aplicación de los artículos impugnados, entre los que también figura el que permite el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que el Ejecutivo considera que supone una excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión. 

Según ha informado el Tribunal Constitucional, y a tenor de la invocación que ha hecho el Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución, "ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de las citadas normas, desde la fecha de interposición del recurso (26 de junio) para las partes de los procesos y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros".

"En el primer recurso, el Gobierno alega la posible vulneración de los artículos 9.3, 10.1, 14 y 15, entre otros, de la Constitución, contra los apartados once, doce, quince, diecisiete y veintidós bis del artículo único de la Ley 17/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2016, de 29 de marzo. Asimismo, considera que podría haber infracciones competenciales", señala el TC en su escrito.

Tras admitir a trámite su recurso y suspender los citados artículos, ahora el Tribunal Constitucional estudiará la norma y analizará si, como dice el Gobierno, ambas leyes madrileñas invaden competencias exclusivas del Estado al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.