Miles de euros defraudados, distribución ilícita de tabaco y la compra de varios bienes muebles e inmuebles. Este fue el hilo conductor de una investigación conjunta del Cuerpo Nacional de Policía, Vigilancia Aduanera y la Policía Municipal de Madrid que destapó en 2018 la actividad de una organización criminal con lazos en el extranjero.
Los líderes de la red, una familia de origen búlgaro, ganaron miles de euros introduciendo tabaco de contrabando en España a través de diversos medios por vía terrestre y aérea para, posteriormente, venderlo en locales de Madrid. Ahora, seis años después, los miembros de este grupo criminal se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid en octubre de 2024.
Fiscalía pide para los once acusados penas que van desde los dos años y medio hasta los cinco años de prisión por cada uno de los delitos que se les imputa. Los integrantes de esta red tendrán que sentarse ante los magistrados de la audiencia madrileña por un delito de pertenencia a organización criminal, contrabando de labores de tabaco, blanqueo de capitales y falsedad en documento oficial.
El escalafón más alto de la pirámide de mando lo ocupaba S.V., líder del grupo, que era el encargado de "contactar con los proveedores, negociar la adquisición del tabaco, controlar los precios de venta y almacenarlo para su posterior distribución". Según el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el acusado utilizaba su vivienda y cinco trasteros a su nombre para almacenar la mercancía.
Para asentar los cimientos de su negocio se servía de ayudantes cercanos, entre ellos su expareja y los tres hijos de ella, uno de ellos también hijo del cabecilla. En un peldaño inmediatamente inferior estaba el hijo de la pareja, pieza clave para la adquisición, almacenamiento, comercialización y transporte del tabaco, así como para el presunto blanqueamiento de capitales.
Con la finalidad de acceder al dinero sin alertar a las autoridades, enviaban el dinero a Bulgaria mediante "correos humanos", para que las ganancias fueran entregadas a la abuela del joven, quien posteriormente lo ingresaba en una cuenta búlgara y, finalmente, desde esta el dinero se transfería a cuentas españolas abiertas a nombre de su nieto. En apenas tres meses, los ingresos alcanzaron los 75.322,67 euros.
Gracias a estas operaciones la vida de este joven cambió por completo, su patrimonio aumentó considerablemente "tanto en metálico como en la adquisición de bienes muebles e inmuebles". Según el escrito de Fiscalía, con tan sólo 19 años disponía de cuatro cuentas bancarias a su nombre, era propietario único de una empresa de reparación y venta de vehículos, y pasó a ser el arrendador de uno de los locales de se comercializaba con el tabaco de contrabando.
Asimismo, en el tercer mes de ingresos llegó a comprarse una parcela en el municipio madrileño de Camarma de Esteruelas por un valor de 77.000 euros.
Vías de distribución del tabaco
Las tácticas de los proveedores para introducir la mercancía a España también fueron claves para el éxito de todo el entramado. Tres de los acusados, de nacionalidad búlgara, armenia y ucrania, eran los encargados de suministrar la mercandía a S.V. y su familia. Dos de ellos manejaban la ruta desde Bulgaria. A través de la empresa de transportes, cuya administradora legal era la mujer de uno de ellos, introducían en el país el tabaco de contrabando en el interior camiones de mudanza.
Por su parte, el encargado de la ruta desde Armenia conseguía sortear el control de aduanas a través de estaciones de autobús o por vía aérea. Para ello, empleaba a "terceras personas que se encargaban de ocultar el tabaco entre su equipaje, facturando las maletas, siendo recogidas en el aeropuerto por alguno de los miembros de la organización", bajo las directrices del líder del grupo.
En el último escalafón de la pirámide organizativa se encontraban dos dependientas. Según señala el Ministerio Público ambas "conocían el origen ilícito del tabaco que vendían directamente a los clientes bajo las órdenes de S.V.".
La Fiscalía y la Abogacía del Estado pide a los acusados, entre los que se encuentra el defendido de Alfredo Arrien Paredes, responder conjunta y solidariamente del importe de la defraudada la cual asciende a la cuantía de 170.261,14 euros. Además, el Ministerio Público solicita imponer multas, en el caso del líder del grupo de hasta un millón de euros.
Para S.V. piden cinco años de prisión por un delito de dirección de organización criminal, cinco por contrabando, cinco por blanqueo de capitales y dos años de prisión por un delito de falsificación documental. Para su expareja y el hijo de ambos solicitan dos años y seis meses de prisión por pertenencia a organización criminal y cuatro años por otros dos delitos más que se les imputan. El resto de acusados, se enfrentan a penas inferiores que van desde los cuatro a los seis años de cárcel.
