El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha celebrado este martes 27 de febrero una jornada de encuentro entre juristas, magistrados y profesionales del sector jurídico que, bajo el nombre "Sociedad Civil y Estado de Derecho", han debatido sobre todo lo que rodea a la proposición de ley de amnistía. En colaboración con Hay Derecho y Plataforma Cívica por la Independencia Judicial han abordado la iniciativa legislativa del Gobierno de Sánchez desde la perspectiva constitucional y del derecho europeo.
El pistoletazo de salida ha venido de la mano del Decano del ICAM, Eugenio Ribón, quien ha centrado su discurso en el papel "garantista" de derechos fundamentales de la institución en un "momento histórico, clave para el Estado de Derecho".
El decano ha defendido que las últimas maniobras del Gobierno de coalición para negociar con los líderes independentistas una amnistía a medida "pone en riesgo la estabilidad de nuestro sistema democrático". Por tanto, la labor de instituciones como el ICAM debe ser "supervisar al poder político y también educar a la ciudadanía sobre las necesidades del Estado de Derecho".
En esta misma línea, Luis Sanz Acosta, moderador del coloquio y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, ha defendido el derecho de los jueces a poder opinar sobre propuestas legislativas y medidas del Gobierno. El juez ha matizado que esta norma afecta directamente al funcionamiento de los tribunales y, por tanto, los togados tienen legitimidad para opinar al respecto.
Eugenio Ribón ha añadido, además, que el ICAM "no puede estar ausente en una situación como la que estamos viendo y, por tanto, debe asumir una responsabilidad ética como defensor de la independencia judicial y de la libre práctica del derecho". "Todos somos herederos de una democracia ejemplar y tenemos la obligación de proteger y garantizar la continuidad del Estado de Derecho", ha sentenciado.
Seguidamente, ha llegado la intervención de Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y socia del Despacho GC Legal, quien ha debatido sobre los aspectos más técnicos de la tramitación de la futura ley de amnistía y de su legitimación parlamentaria, de manera independiente a su viabilidad constitucional.
La abogada de Estado en excedencia ha hecho especial hincapié en esta norma ha arrebatado al Parlamento su poder legislador al "imponer" a las Cortes un texto pactado previamente por dos partidos políticos. Asimismo, ha señalando el papel de la Comisión de Venecia y su interés sobre los detalles procedimentales de ley. Sánchez-Cascado ha remarcado la necesidad de realizar una "consulta pública o referéndum" sobre la amnistía o ejecutarla con una amplía mayoría parlamentaria que legitime la necesidad para el Estado y para la ciudadanía de su aprobación.
Por último, ha intervenido Jaime Lozano, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Plataforma Cívica, quien ha versado su discurso sobre los puntos de la norma que chocan de manera frontal con el derecho europeo. El experto ha señalado que aunque el Gobierno logre sacar adelante la ley, "la norma caerá en Luxemburgo".
