La Policía Judicial se personó este martes por la tarde en las cocheras de Metro de Laguna, en Madrid, para certificar la presencia de amianto en algunos de los coches auxiliares, según explicaron fuentes solventes.
Las mismas fuentes indicaron que también acudieron policías municipales que procedieron a fotografiar algunas piezas. Además de las máquinas auxiliares los agentes revisaron algunos trenes.
La Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias nada más conocer las primeras informaciones que hablaban de que un trabajador sufría cáncer y que otro podría tener la misma enfermedad como consecuencia de la utilización del amianto en algunos de los vehículos.
En una primera acta la inspección de Trabajo detallaba que Metro no había adoptado las medidas necesarias para evitar la exposición de los trabajadores a esta sustancia cancerígena prohibida por la legislación española desde el año 2001.
El descubrimiento de que los trenes tenía piezas de amianto se produce en una empresa en la que han navegado en los últimos años dos estructuras diferentes.
La primera era la política, la de los cargos políticos nombrados por la Comunidad de Madrid. La segunda la de los ‘profesionales’, algunos de los cuales prefirieron subirse a la zona de sombras y hacer negocios de forma paralela a su trabajo en la empresa.
Ildefonso de Matías dimitió tras conocerse que una empresa familiar hacía estudios y obras y para compañías del sector que trabajaban con Metro
La estructura política se dedicaba a hacer ampliaciones y a cuestiones institucionales y los ‘profesionales’ a gestionar la empresa en el día a día y buscar futuros negocios.
Eran los tiempos en los que en la gerencia estaba Ildefonso de Matías, que dimitió tras conocerse que una empresa familiar hacía estudios y obras y para compañías del sector que trabajaban con Metro.
Uno de los vocales del consejo de administración en aquellos años era Jesús Miguel Trabada Guijarro, implicado hoy en el caso Púnica.
Esperanza Aguirre fulminó como director general de Infraestructuras a Trabada sin que se supieran las razones de este cese. Posteriormente, se ha conocido que este ingeniero constituyó una empresa en la que se cree que participó Francisco Granados.
En aquellos años los rumores sobre los escándalos paralelos a la ampliación del Metro eran constantes, pero nunca se quisieron investigar. Había una especie de pacto entre políticos y algunos ‘profesionales’.
Comisión de investigación
Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha iniciado el debate sobre la creación de una comisión de investigación sobre el amianto en el Metro. La propuesta de Podemos fue apoyada por el PSOE y Ciudadanos, por lo que es segura su puesta en marcha.
El consejero madrileño de Presidencia y Justicia y portavoz, Ángel Garrido, dijo en la rueda de prensa tras el consejo de Gobierno que "no se pueden pedir dimisiones sin escuchar antes las explicaciones".
La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, tiene previsto dar explicaciones el próximo viernes en la comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid. Podemos pidió la dimisión del consejero delegado, Borja Carabante.
Otras fuentes señalaban que el actual consejero delegado era viceconsejero de Transportes cuando se vendieron los trenes a Argentina.
Es un problema –añadió Zafra- por el que el ejecutivo madrileño está haciendo muy poco, bien porque no sabe dónde hay amianto, o bien porque no quiere decir dónde está”
Mientras, Cesar Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, dijo que tiene la sensación de que la Comunidad de Madrid está ocultando la gravedad del caso del amianto en el Metro”. “Es un problema –añadió- por el que el ejecutivo madrileño está haciendo muy poco, bien porque no sabe dónde hay amianto, o bien porque no quiere decir dónde está”.
Reclamó “un plan urgente de evaluación y retirada del amianto de todas las estaciones y trenes, tal y como los sindicatos del subterráneo llevan años reclamando de forma infructuosa”. “Desde Ciudadanos –añadió- vamos a apoyar todas las comparecencias que ayuden arrojar luz sobre este caso”.
