Emilio Monteagudo era el jefe de la Policía Municipal de Madrid la noche de la tragedia del Madrid Arena. Sus agentes prepararon, con errores sin duda, el evento, enviando pocas fuerzas al exterior, una decisión que permitió la entrada de tres mil personas sin entrada y que culminó con la muerte en el interior de cinco niñas, donde la Policía no tiene competencias salvo que tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito. Pese a esto, nadie sabe claramente qué autoridad se debía preocupar de que no se superara el aforo. La jueza, que está llevando la causa con un gran esfuerzo pedagógico, intervino en un momento cuando un letrado le pedía una valoración sobre la licencia al jefe de la Policía y señaló que “está constatado, y todo el mundo lo sabe, que (el Madrid Arena) no tenía licencia de funcionamiento”.
Monteagudo está en el banquillo, pero la Fiscalía no pide cárcel para él, algo que sí solicitan las acusaciones particulares. Ni sus enemigos, que los tiene, creen que tuviera ninguna responsabilidad directa en los sucesos que se produjeron en el Madrid Arena. El jefe de Policía cometió el error de no rebelarse contra los políticos que les imponían recortes de horas extras constantemente. Pero pese a esto, curiosamente, no hay ningún político imputado en el procedimiento que se juzga en la Audiencia Provincial de Madrid, que este miércoles escuchó al jefe de la Policía de la capital de España.
Monteagudo está en el banquillo, pero la Fiscalía no pide cárcel para él, algo que sí solicitan las acusaciones particulares
La impresión general es que saldrá sin condena, pero tiene otra causa pendiente por presunta falsedad documental al hacer, presuntamente, varios días después, un parte por escrito elevando el nivel de riesgo tras la tragedia. Emilio Monteagudo contestó este miércoles a las preguntas de las acusaciones. El fiscal renunció al no pedir ninguna pena. Está claro que el responsable de la Policía no quiere comerse la responsabilidad de la tragedia e insinuó en varias ocasiones que la oficial de esa noche, Cándida Jiménez, había cometido errores, como priorizar su trabajo en el Madrid Arena y no prestar atención al macrobotellón de tres mil personas que terminó colándose en el pabellón sin entrada.
Tampoco se quedó corto cuando comentó que fue la Delegación del Gobierno la que autorizó la apertura de puertas. ¿Pero quién tenía que inspeccionar? Le preguntaron. “La Ley –contestó- le confiere la capacidad de inspección a la Comunidad, Ayuntamiento, Policía Nacional y Municipal”.
¿La realidad cuál es? Que la Ley de Espectáculos es tan ambigua y vieja que nadie sabe qué tenía que inspeccionar ni quien tiene que hacerlo. Todos desde el primer día dicen que es otro el que tiene que revisar. El jefe de la Policía explicó que la oficial Cándida Jiménez llamó a la emisora diciendo que se iba a centrar "en la misión principal", y no en el botellón, pero en ningún momento pidió refuerzos. Incluso la oficial pidió a la emisora que si llegaba algún aviso por incidentes en el botellón avisara a los distritos limítrofes.
Larga experiencia
Explicó que Cándida Jiménez no solicitó el turno de refuerzo y parecía burlase de ella cuando señaló que “su buen hacer y larga experiencia profesional,” le aconsejaron no intervenir en el botellón y centrarse en la misión principal en el Madrid Arena. La abogada de una de las familias de las víctimas, la de Rocío Oña, leyó la transcripción de la conversación de Cándida Jiménez con la central: "Posiblemente tendremos llamadas que no podemos atender; Lago está lleno de personas haciendo botellón y no disponemos de personal porque las patrullas están en la fiesta y hemos tenido que poner patrullas para la fiesta del Madrid Arena".
¿La realidad cuál es? Que la Ley de Espectáculos es tan ambigua y vieja que nadie sabe qué tenía que inspeccionar ni quien tiene que hacerlo
Emilio Monteagudo explicó que se había calificado la fiesta como de riesgo medio. Sin embargo, el inspector Gerardo del Rey, “con una orden verbal”, subió el nivel a “alto” pocas horas antes. Se enviaron los agentes necesarios para ese nivel, es decir 18. El abogado de una de las familias insistió en que eran 12 funcionarios y no 18. El Ayuntamiento, y sus policías, mientras tanto, estaban prestando servicio con las UCEs, fuerzas municipales para concentraciones de ciudadanos, en un programa de televisión.
No quedó claro este miércoles quien es el responsable de que a un programa de televisión se manden fuerzas especializadas en muchedumbres y a un evento con 20.000 personas se envíe a 18 agentes poco acostumbrados a la gestión de masas. También declaró en la sesión de este miércoles Ana Varela, representante legal de Madridec, la empresa municipal propietaria del local. Dijo que la factura por el alquiler del Madrid Arena era para menos de 5.000 personas. Afirmó que el palacio tenía un plan de autoprotección.
