María Jesús M.C., conocida como Maje, ha sido condenada a 22 años de cárcel por el asesinato a puñaladas de su marido, Antonio, en un garaje del barrio valenciano de Patraix el 16 de agosto de 2017. Uno de sus amantes, Salvador R.L., autor material del crimen, cumplirá 17 años.
Así se desprende de la sentencia dictada por el presidente del tribunal que juzgó a Maje y Salva ante un jurado popular y que consideró a ambos culpables del asesinato por unanimidad.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), para fijar las penas, el magistrado ha aplicado a Maje la circunstancia agravante de parentesco y ha apreciado la atenuante de colaboración con la justicia en Salva.
Junto a la prisión, se establece una indemnización conjunta y solidaria a la familia de la víctima de 250.000 euros.
Maje había negado durante el juicio cualquier tipo de participación, planificación o deseo de la muerte de su marido y solo admitía haber encubierto a su examante, mientras que él confesó la muerte aunque aseguró que porque ella le pidió que lo hiciera.
El jurado creyó a Salvador y opinó que ambos actuaron de común acuerdo para perpetrar el crimen y que sería él quien ejecutaría la acción. Para ello, Maje facilitó las llaves del garaje a su entonces amante e información precisa de Antonio para que acabara con la vida de él a cuchilladas.
El letrado de la familia de la víctima solicitaba para la acusada la pena máxima por el asesinato, 25 años de cárcel
La Fiscalía pedía para ella 22 años de prisión por el delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco y otros 18 años para Salva.
Petición de la familia de la víctima
El letrado de la familia de Antonio Navarro, la víctima, solicitaba para la acusada la pena máxima por el asesinato, es decir, 25 años de cárcel, mientras que rebajó lo reclamado para Salva hasta los 16 años al estimar la atenuante de confesión. Entiende que sin su versión de lo que ocurrió hace dos años hubiera sido más difícil la condena de Maje.
La defensa de Maje reclamaba la absolución para su representada al considerar que no había quedado probada su participación en los hechos, mientras que la abogada de Salva reclamaba para su cliente siete años y medio de prisión al estimar las atenuantes de confesión y de reparación del daño.
