Si una persona se pasea el próximo martes por el centro de Madrid se puede encontrar con una imagen un tanto extraña en una democracia como la española. Ese día, según las predicciones de fuentes policiales, el Congreso de los Diputados amanecerá fuertemente custodiado y en las calles que lo rodean habrá un amplio dispositivo policial. No en vano, serán unos 1.350 agentes de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos popularmente como antidisturbios, los que estén movilizados esa jornada. Todo ello con el propósito de que no puedan acercarse a la sede parlamentaria ninguno de los manifestantes convocados por la Plataforma En Pie y la Coordinadora 25-S para protestar contra el Gobierno y el actual sistema político.
Mientras ambos colectivos ultiman los detalles de lo que la Coordinadora llama “un acto de desobediencia civil”, la tensión con la policía y el Gobierno ha ido en aumento. Una de los últimos encontronazos ha sido la imputación de al menos ocho personas que se encontraban reunidas el pasado domingo en una asamblea de la Coordinadora 25-S en el madrileño Parque del Retiro. “Llegaron varios policías nacionales y nos pidieron la documentación porque argumentaban que éramos más de 20 personas y que deberíamos pedir permiso para reunirnos, cuando en ese momento en el parque había más grupos compuestos por más de 20 personas”, explica una portavoz de la Coordinadora. Los imputados deberán declarar el próximo día 4 ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
La delegada del Gobierno ha calificado la marcha como "un golpe de Estado encubierto"
Según el escrito que recibieron el viernes en sus domicilios se les acusa de un “presunto delito contra altos organismos de la nación tipificado en el artículo 494 del código penal”. Dicho artículo dice que se castigará con cárcel o multa a aquellas personas que “promuevan, dirijan o presidan manifestaciones” ante la sede del Congreso cuando estén reunidos “alterando su normal funcionamiento”. Precisamente es a este último matiz al que se agarra la Coordinadora 25-S para asegurar que la marcha del martes no es ilegal, “ya que no se impedirá salir ni entrar a ningún diputado”. “La acción consistirá en pasear rodeando el Congreso tan cerca como nos deje el cordón policial”, añade una portavoz, que recuerda que su lema para la marcha es Rodea el Congreso.
Desde la Coordinadora explican, no obstante, que no pueden asegurar qué medidas de protesta llevaran a cabo las personas reunidas bajo la Plataforma en Pie, con quien este medio ha intentado ponerse en contacto sin recibir respuesta. Dicha Plataforma fue la que impulsó la marcha del martes bajo el lema Ocupa el Congreso y según el manifiesto colgado en su web su intención es “manifestarse de forma indefinida antes las puertas del Congreso hasta conseguir la dimisión del Gobierno”.
Equo considera que la actuación de la Delegación del Gobierno "es una auténtica persecución"
Esta movimiento fue calificado por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, como “un golpe de Estado encubierto”. En unas declaraciones a Telemadrid a finales de agosto, Cifuentes aseguró que detrás del movimiento se encuentran “grupos muy radicales, tanto de derechas como de izquierdas”. La Coordinadora rechaza de plano estas afirmaciones y consideran que la Delegación del Gobierno está llevando a cabo una campaña de “intimidación” contra los representantes de los movimientos convocantes. Como ejemplo citan, además de las identificaciones del domingo, la detención de cuatro personas un día antes en la manifestación contra los recortes del Gobierno. Uno de los detenidos aseguró que la policía le había pedido que se identificara por desplegar una pancarta alusiva a la marcha del sábado. Cifuentes, en su cuenta de Twitter, negó que las detenciones se llevaran a cabo por mostrar una pancarta y aseguró que fueron por un posible delito de resistencia a la autoridad.
Con respecto a las identificaciones realizadas por la Policía Nacional, fuentes policiales aseguran que en este caso se hacen para intentar obtener información sobre lo que va a pasar el próximo martes y poder planificar un dispositivo para evitar incidentes. La Coordinadora replica que con estas medidas lo que se pretende es criminalizar la marcha para que algunas de las personas que tenían pensado acercarse desistan de hacerlo por temor a posibles incidentes.
Quien también secunda la idea de que las medidas llevadas a cabo por la Delegación del Gobierno son “una auténtica persecución” es el partido Equo. En un comunicado remitido el sábado, la formación tacha de “intorable” las imputaciones porque, considera, “traspasa las líneas rojas de un Estado democrático. Mientras se acerca el día, los organizadores de la marcha muestran su alegría en Internet por una noticia llegada desde el otro lado de la frontera. El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, va a dar marcha atrás en los últimos recortes anunciados debido a la presión social.
