El PSOE vuelve a vivir momentos de zozobra tras conocerse la imputación por el Tribunal Supremo de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La primera reacción de su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, fue clara: ambos serán obligados a dejar sus escaños si se les llama a juicio oral. Después de hablar con la dirección de su partido, cambió de opinión: dejarán de ser parlamentarios solo si acaban siendo imputados por algún delito. El código ético del PSOE reza que cualquier cargo público u orgánico al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal, dimitirá en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo. Para mayor confusión todavía, hace meses que la presidenta andaluza, Susana Díaz, entonces en sintonía con Pedro Sánchez, defendió que su partido no iba a tener imputados sentados en los escaños.
El PSOE no se aclara sobre si hay que dimitir cuando hay imputación o cuando se abre juicio oral
Al final, pues, salvo sorpresas, Chaves seguirá en su asiento del Congreso y Griñán en el del Senado, ambos protegidos por el aforamiento, como mínimo hasta que declaren en abril, después de las elecciones locales y autonómicas, ante el Supremo.
El problema le llega al secretario general del PSOE solo una semana después de haber descabezado a la dirección del Partido Socialista de Madrid y de haber aniquilado políticamente a Tomás Gómez. El secretario de Organización, César Luena, fue claro al explicar los motivos que llevaron a la ejecutiva federal a tomar esta decisión: había que actuar ante el proceso judicial que investiga los sobrecostes del tranvía de Parla, localidad de la que Gómez fue alcalde, y ante la Operación Púnica, en la que se encuentra involucrado un amigo personal de Gómez. Con posterioridad, la ejecutiva socialista corrigió el tiro y explicó que la defenestración del exlider del PSM obedeció a su baja valoración en las encuestas y a la debacle electoral que se temía en mayo.
Tomás Gómez no ha sido imputado
Fuentes socialistas de Madrid recuerdan que Gómez ha sido decapitado sin haber llegado a ser imputado, mientras que Chaves y Griñán se mantienen en sus escaños a pesar de haber sido citados ya por el Supremo. La investigación judicial que les atañe no es menor, pues tiene como objetivo averiguar si ambos, cuando tenían distintas responsabilidades dentro de la Junta andaluza, intervinieron en la creación del fondo dotado con 855 millones de euros para subvencionar expedientes de regulación de empleo y ayudas directas a las empresas en crisis. La administración andaluza llegó a gastar este dinero para despedir a más de 6.000 trabajadores, de los que 126 nunca tuvieron empleo en las empresas beneficiadas por estos recursos.
"Es evidente que se están aplicando desde el partido diferentes varas de medir y que, a pesar del código ético, los criterios son variables según convenga", afirman fuentes del PSM.
A 90 días de las locales y autonómicas, el PSOE afronta terremotos en Madrid, Andalucía y Baleares
Chaves ha dicho en su defensa que, a pesar de que el Supremo le ha citado a declarar, ni siquiera ha dado el paso de solicitar al Congreso el suplicatorio, un requisito que sería imprescindible para su procesamiento.
En todo caso, la preocupación existente en la dirección del PSOE y en su grupo parlamentario es palpable. La decisión del Supremo contra Chaves y Griñán llega a un mes de las elecciones andaluzas y a noventa días de las municipales y autonómicas. El terremoto de Madrid está lejos de remitir y, por si fuera poco, los socialistas de Baleares han anunciado su disposición a pactar con Podemos después de las elecciones de mayo con tal de frenar al PP, aunque para ello necesiten renunciar a sus siglas. En la dirección del PSOE se valora esta decisión como la de un caso aislado, pero se temen importantes réplicas en las próximas semanas.
