El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha ganado el pulso a la Justicia europea en la batalla por la libertad de Oriol Junqueras. Esta semana, Bruselas ha cedido en su conflicto con el Alto Tribunal y ha acordado que el líder de ERC está inhabilitado para ejercer como diputado en el Parlamento Europeo desde el 3 de enero, cuando la Junta Electoral Central comunicó la situación del condenado.
La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como europarlamentario -y la posterior reacción del Supremo- ha provocado un enfrentamiento entre las autoridades de Bruselas y la Justicia española, que en un auto de este viernes del magistrado Pablo Llarena ha recordado a la Eurocámara la necesaria "lealtad" con España.
"El principio de cooperación leal no solo obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión, sino que impone también un deber recíproco de cooperación leal del Parlamento Europeo con el órgano jurisdiccional nacional que debe realizar la aplicación del derecho europeo", especifica la resolución de Llarena.
Precisamente este viernes, Bruselas se ha visto obligada a dar la razón al Tribunal Supremo, que unas horas antes le había informado de que Junqueras no podía ser europarlamentario, ya que había sido condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargo público.
"Sin dilación"
"Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo está obligado a tomar nota sin dilación de las decisiones que con carácter definitivo tomen las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros", reconoce en un comunicado el presidente del Parlamento Europeo, David-Maria Sassoli.
Europa inició la disputa al cambiar de forma radical su jurisprudencia y asegurar que Junqueras, y por extensión también Carles Puigdemont y Toni Comin, eran eurodiputados desde el momento en el que fueron elegidos, y no desde que recogieran el acta parlamentaria.
Con esta decisión, el TJUE modificó de un plumazo la legislación, ya que hasta el momento los europarlamentarios no eran considerados tales hasta que recogían el acta en el Congreso de los Diputados. Este cambio trastocó el trabajo realizado por Manuel Marchena, presidente del tribunal del procés, y del resto de magistrados que firmaron por unanimidad la sentencia contra el desafío soberanista.
"Novedosa doctrina"
En un auto de 9 de enero, en el que el Tribunal Supremo rechazaba liberar a Junqueras, el propio Marchena reprochaba a los jueces de Luxemburgo que "la novedosa doctrina que ahora se proclama no solo interpreta una específica norma, sino que la deconstruye para configurarla con nuevos elementos que determinan la práctica inutilidad de una gran parte de la legislación interna de diversos Estados miembros".
En el mismo auto, y en respuesta a las alegaciones de Junqueras, el magistrado destacaba que una hipotética salida de la cárcel del exvicepresidente catalán significaría que los tribunales europeos estarían obligados a dejar en libertad "a cualquier recluso" que obtuviera un escaño en Bruselas.
"Pero ello supondría aceptar con normalidad que cualquier condenado por delitos de especial gravedad obtuviera una insólita oportunidad de eludir la pena de prisión en el momento exacto en que su condición de electo fuera acordada", concluía el presidente del tribunal del procés.
Ya fueron procesados
Fuentes consultadas por Vozpópuli explican que esta apreciación de Marchena apunta a que con esta interpretación de la inmunidad parlamentaria, cualquier preso preventivo, incluidos los reos por delitos contra las personas, tendrían la posibilidad de viajar a Bruselas -fuera del alcance de la Policía española- si fueran elegidos europarlamentarios.
En este sentido, el instructor del procés, Pablo Llarena, pone de manifiesto que cuando Puidemont y Comín fueron elegidos, el 26 de mayo de 2019, estos ya habían sido procesados. Y por eso, si se otorgara la inmunidad, explica el magistrado, "podría observarse como un privilegio susceptible de instrumentalización para la elusión de eventuales responsabilidad penales ajenas a la actividad del Parlamento, y un elemento de perjuicio del principio de igualdad ante la ley".
Por todo ello, Llarena pide al Parlamento Europeo la retirada de la inmunidad de Puigdemont y Comin. Marchena, por su parte, ya ha conseguido que Bruselas retire este mismo viernes por la tarde el acta de eurodiputado a Junqueras.
