La leyenda amable de las relaciones mercantiles entre Canarias y el Reino Unido no es cosa solamente del Canary Wharf, la sede de La City de Londres que tiene su nombre en las exportaciones de los isleños a Gran Bretaña de mitad de Siglo XX. Se cumplen 400 años de una de los episodios más divertidos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias creado por los Reyes Católicos "a perpetuidad": la permanente tomadura de pelo con la que los funcionarios que envió a las islas el Conde Duque de Olivares trataban las relaciones comerciales de las islas. Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar mandó a las islas refuerzos de su confianza porque los canarios estaban haciendo contrabando con Inglaterra. Pero sus esbirros llegados de la Península también cayeron en la idea de facturar sus propias tasas portuarias e impuestos como sobresueldos y mirar a otro lado argumentando que las islas estaban demasiado lejos. En las islas hacía contrabando todo el mundo. "Es común opinión que cada navío de éstos le ha valido al gobernador Diego de Alvarado muchos ducados por darles licencia", denunciaba Domingo de Brito, un franciscano de Garachico (Tenerife), que agregaba que estaba tan metido en ganar dinero con los ingleses que "hasta los niños lo cantan por la calle".
El caso es que a los isleños les obligaban a rendir cuentas de sus negocios por Sevilla y la burguesía insular no iba a permitir tener que reconocer la existencia de contrabando ilegal por Canarias. Cuando el 1 de noviembre de 1625 se produjo el ataque inglés a Cádiz y se ordenó la salida de España del todo ciudadano británico, los canarios se hicieron los tontos porque buena parte de la población flotante estaba en el archipiélago generando una economía para los isleños que Madrid era incapaz de igualar. Hasta tal punto que ni la orden de Felipe IV del 22 de marzo de 1626 hizo que los canarios dejasen de hacer sus chanchullos con los ingleses generó respeto.
El gobernador de Gran Canaria, Gabriel Frías de Lara, y su homólogo de Tenerife y La Palma, Diego de Alvarado Bracamonte, habían venido de la Península y se quedaron con la copla del turrón comercial que se movía en Canarias. Simulaban tener interés en el cumplimiento de la norma firmada en Madrid pero no entraban en materia. De gobernador Alvarado de Bracamonte el cronista Viera y Clavijo decía para describir su cinismo que "se había hecho canario por sus alianzas y amor a los isleños", y agregaba: "unido a la principal nobleza del país (…), no miraba los intereses de la provincia sino los suyos propios".
Buscar una percha jurídica
No hubo sanciones y hasta se buscó una percha jurídica de 91 años antes para frenar las pretensiones de Madrid de ejecutar un embargo comercial a Inglaterra en Canarias por las exportaciones de vino. Por ello, el Cabildo de Tenerife empleó una norma de 1594 sobre apresamientos de barcos y marinos holandeses que era una especie de trabalenguas jurídico: "Que por solo que los navíos y gente de ellos sean y vengan de tierras de herejes y rebeldes a su majestad, que no se proceda a inquirir contra ellos en el crimen de herejía". Por tanto, se amonesta pero no se sanciona porque no existían mecanismos para verificar si los pasaportes de otros países de los ingleses que pasaban por las islas eran auténticos o no.
El capitán Pedro de Alvarado, alguacil mayor, estaba en Madrid cuando por el Consejo de Guerra se hizo una comisión de servicios al Regente Carvajal para investigar lo que pasaba en Tenerife (en Gran Canaria ocurría lo mismo) con los ingleses, manifestó que algunos consejeros le dijeron que "esta isla (…) era la más perniciosa que tenía Su Majestad y que en ella se trataba con Holanda e Inglaterra como en tiempo de paces"; y que en otra ocasión "halló a algunos consejeros de Estado y Guerra y al Sr. Conde Duque (...) y todos le respondieron que de esta isla se daba mantenimiento al inglés y al holandés", según consta en las actas del cabildo con referencia 20-IV 1629.
Julián Bienvenido de Paz, notario Los Realejos (Tenerife), explicaba en una carta al Consejo de Guerra que, tras las inspecciones en Garachico para encontrar ropa procedente de Inglaterra, "dejan las tiendas desiertas sin un palmo de ropa (…) y no falta quien diga que hasta en los conventos así de monjas como de religiosos hay ropa oculta". La información de las redadas se filtraba antes hasta el extremo que el comerciante flamenco Felipe Hernández Vestre decía: "no importa, que dineros lo han de hacer todos". Y razón no le faltaba porque alcaldes como el de Garachico, Bartolomé de Ponte y Pages, o Antón Delgado, alcalde de La Rambla, eran conocidos contrabandistas de Tenerife. En Puerto de la Cruz nunca se encontraba nada de las importaciones textiles de Inglaterra por las monjas participaban en la mecánica escondiendo en los conventos la mercancía.
Cuando Madrid ordenó a las fuerzas auxiliares a auditar las entradas y salidas de mercancías se encontraron que no había papeles por ningún lado. En Puerto de la Cruz, Tenerife, el capitán Juan Antonio Bustamante, declaró que no guardaba documentación alguna de las mercancías que trasladaba en su navío. Si el ataque a Cádiz fue en 1625 e hicieron llegar la firma de Felipe IV para que entraran en razón en marzo de 1626 y todavía era diciembre de 1627 el maestre de campo Cristóbal de Salazar Frías expresaba su indignación por el poco caso que le hacían y dejaba entrever que Diego de Alvarado Bracamonte lo único que hacía era estorbar.
Otro mundo pero están en este
Decía Fray Antonio del Espíritu Santo, dominico de Garachico, que Alvarado "de poco tiempo a esta parte es tenido por rico y que tiene buen caudal y que de antes era muy moderado" y que "hacía de gran intermediario y en 1627 descargó y despachó al menos siete barcos". En junio de ese 1627 el Cabildo de Tenerife interviene pero vagamente porque no entendía el problema dado que los buques que aparecían por los puertos desplegaban bandera alemana o francesa e introducían mercancías o facilitaban exportaciones de vino de Canarias a Brasil como si nada estuviera ocurriendo en la Península con los ingleses.
El 29 de octubre de 1627 el Consejo de Guerra nombra a Juan de Carvajal y Sande, regente de la Real Audiencia de Canarias, como juez de contrabandos para averiguar, proceder y castigar en todo lo que se refería al ilícito trato que en el archipiélago se hacía con Inglaterra y las Provincias Unidas rebeldes, de lo que el Consejo decía tener información. Era una justicia mercantil ágil porque ya en noviembre comenzó a recabar datos formales para detectar qué grupo de presión trataba de frenar las órdenes del Rey Felipe IV. Y los primeros testimonios hablaban bien de los funcionarios.
Así, en noviembre de 1627, el marino Francisco de Molina dijo ante Carvajal y Sande que "el gobernador había cumplido con el servicio del Rey en todo, y en particular en lo que tocaba a los navíos" porque "y no es de parecer que en esta sala se trate más de este particular porque el servicio al Rey no solo consiste en castigar a los navíos de contrabando, sino que también mirar por el bien universal de esta isla que consiste en el comercio y trato de los buenos".
En esa misma vista agregó: quienes decían que los barcos eran de enemigos encubiertos en realidad dañan a las islas porque "eran falsos rumores echados por diferentes fines, unos por no tener vino que vender, otros por no querer hacer las partidas con ellos los extranjeros, otros por estorbar que el vino se sacase a las partes del norte y lo pudiesen comprar barato para navegar a las Indias y Brasil". En 1628 para simular ante las autoridades peninsulares en algunos puertos se hizo alguna redada.
El colmo del disparate
Sobre 1629 Madrid manda a Canarias a descubrir la pólvora con rango de capitán general de las Islas a Juan de Ribera Zambrana, que logró permanecer en el puesto siete años. Y lo primero que hizo fue generar 'amigos'. Prohibió a los gobernadores de Tenerife y Gran Canaria así como a los regidores locales tocar asuntos relacionados con el comercio internacional y contrabandos. Para mandar en Canarias Ribera Zambrana nombra a su hijo, Luis de Ribera Baena, mano derecha en Tenerife chocando con el hombre de confianza, o eso se le suponía, del Conde Duque de Olivares en Tenerife, el gobernador Alvarado Bracamonte.
Pero ya la isla era un caos porque había en Tenerife entre 28 y 30 barcos de ingleses y holandeses. Luis de Ribera Baena sucumbió a la corrupción y comenzó a cobrar una tasa para él a cada barco que llegaba a la isla siendo Pedro de Silva juez de Indias en Tenerife y jefe de recaudación de la Junta del Almirantazgo. Juan de Ribera Zambrana nombró mano derecha suya en Las Palmas a su sobrino, Alonso de Ribera, que fue encerrado a la fuerza por vecinos de Las Palmas portando armas y tuvo que intervenir el Obispado de Canarias para tranquilizar los ánimos. Un 15 de noviembre de 1630 se firmó en Madrid el tratado de paz entre España e Inglaterra. La noticia llegó a las islas con la misma indiferencia que cuando estalló.
