Esta semana se cumplen dos años de la victoria electoral del Partido Popular por mayoría absoluta. Un bienio en el que, según dijo ayer el presidente ante las Nuevas Generaciones de su formación, "hemos hecho reformas que no ha hecho nadie" y en el que, en contra de quienes le acusan de inmovilismo y de inacción, ha demostrado que "llegamos al gobierno para decidir y para gobernar".
Nada más poner el pie en la Moncloa, el equipo de Mariano Rajoy tuvo que afrontar seguramente su reto más difícil. Poner en orden las arcas del Estado, vacías y rebosantes de deudas, con un díficit del 8 por ciento y con el crédito exterior prácticamente cerrado. Los primeros compases fueron particularmente duros ya que se incurrió en decisiones que chocaban frontalmente con lo que se recogía en el programa electoral. Fue entonces cuando se hizo famosa la muletilla de Rajoy sobre "no queremos hacerlo, pero no hay otro remedio". Las implacables subidas de impuestos, en especial el IRPF y el IVA, así como el IBI y otros gravámenes especiales, empezaron a despertar los recelos y las críticas de la oposición en bloque y la desconfianza de los suyos.
Desempleo y Bankia
La reforma laboral, a empujones de las exigencias europeas, fue la herramienta a la que se recurrió para afrontar el desafío más serio: el inclemente aumento de las cifras de desempleo. Se nacionalizó Bankia, se tuvo que recurrir a la ayuda exterior para recapitalizar el sistema financiero, "sin duda mi decisión más difícil", según reconocía ayer mismo el ministro de Economía, pero se evitó la solicitud del rescate del país, huyendo de la terrible senda de algunas naciones de nuestro entorno. Este seguramente es el mayor logro de la actual etapa de Rajoy en el Gobierno. Se conseiguió mejorar la percepción de los mercados financieros, se recuperó la credibilidad internacional y se despejó el temor a una prima de riesgo disparatada, algo que generó turbulencias económicas y políticas al gobierno del PP a lo largo del verano del pasado año.
El frente soberanista
Pese a la dureza de las decisiones adoptadas, pese al descontronalo nivel de desempleo, la pérdida de poder adquisitivo de la sociedad, la ausencia de horizontes en el sector más joven de la población, en Moncloa se considera que "el nivel de conflictividad social se ha movido en unos índices asumibles y hasta puede caracterizarse de bajo".
La economía, en efecto, ha sido el frente que más tiempo y más desvelos ha ocupado al presidente del Goberno. Sólo comparable, en los últimos meses, con el reto soberanista promovido en Cataluña por Artur Mas. Así como en el plano económico la situación parece algo más templada en las inquietudes del Gobierno, el problema territorial no ha desminuido en intensidad. Los dos principales partidos soberanistas catalanes, CiU y ERC, siguen empeñados en la convocatoria de una consulta sobre la independencia, una iniciativa a la que se ha opuesto frontalemente el Gobierno central por considerarla ilegal.
La evolución hacia posturas más racionales por parte del PSC, merced seguramente a las presiones tanto desde el PSOE como del tibio empresariado catalán, puede modificar en los próximos meses esta situación, ahora mismo de muy difícil salida. Quizás por eso ayer mismo Rajoy insistió en señalar muy firmemente el territorio de sus decisiones: "No acepto que nadie juegue con la soberanía nacional" y descartó cualquier posibilidad de llegar a acuerdos en este aspecto al asegurar con firmeza que "no voy a entrar en juegos de división, de enfrentamiento y de regreso al pasado".
Inopinadamente también se coló de rondón el escándalo del "caso Bárcenas", que desde principios de año y hasta hace escasas semanas produjo enormes quebraderos de cabeza al partido. Al margen de sorpresas de última hora, tanto en Moncloa como en Génova se considera que este terremoto ha retornado ya ámbito de lo estrictamente judicial y la repercusión política del asunto puede calificarse ya de razonablemente controlada. El coste en la credibilidad del PP ha sido notable. Pero la corrupción ha pasado factura a casi todos los partidos y organizaciones sociales de nuestro país en cuanto a la pérdida de credibilidad y a la desafección por parte del contribuyente.
El calendario inmediato
Con los "objetivos cumplidos", de acuerdo con la expresión que se utiliza en los despachos próximos al presidente, se abre ahora la segunda mitad del mandato de Rajoy, con dos metas muy claras. Impulsar y cerrar en lo posible las reformas pendientes y afrontar el calendario de citas electorales que arrancan el próximo año.
Entre las primeras figuran la reforma fiscal y financiera, la energética, la siempre atrasada de las administraciones públicas, muy reclamada desde Bruselas, y una segunda vuelta a la reforma laboral. La UE exigía esta semana última más secrificios para cumplir el compromiso de déficit de los dos próximos años. El equipo económico del Gobierno responde que no harán falta más recortes pero sí que habrá que modular algunos ajustes.
En el terreno político, Mariano Rajoy aprovechará el arranque del nuevo año, con la cita electoral de las europeas en el horizonte, para imprimir un impulso político a su Gobierno, con el fin de encarar el rosario de elecciones que van a caracterizar los dos próximos años. Para ello se da por descontado que el presidente procederá a recomponer, mínimamente, su Gabinete, moviendo algunas piezas que se colocarán en las listas europeas, y quizás sacrificando ciertos elementos que ahora chirrían en el Consejo de Ministros.
No le agradan a Rajoy los cambios y el ruido. Pero hay dos ministerios en los que fuentes de Moncloa anuncian cambios. José Ignacio Wert, una vez cerrada y aprobada la puesta en marcha de la ley de Educación, podría pedir su salida del Gobierno. Rajoy le aprecia en lo personal y lo valora enormemente en lo político. Pero Wert ha desplegado una batalla tan intensa que quizás piense llegado el momento de retornar a la actividad privada. Ruiz Gallardón, por su parte, ultimada la siempre postpuesta ley del aborto, podría también dejar la cartera de Justicia. No es Gallardón uno de los ministros favoritos de Rajoy, quien le retiró su confianza tras observar cietrtos movimientos en el caso Bárcenas que le desagradaron profundamente.
Con este impulso político y con la mirada puesta en recuperar ese sector de votante que, según anuncian las encuestas, empieza a orientarse hacia otros partidos o, sencillamente, a la abstención, Rajoy buscar afrontar el con cietas garantías el compromiso electoral de las autonómicas y municipales, en la primavera de 2015, un desafío de enorme relevancia y antesala de las generales de otoño de ese mismo año.
