La Fiscalía del Tribunal Supremo no es partidaria de investigar si los cuidados del padre de Mariano Rajoy corrieron por cuenta del bolsillo de todos los españoles. Así lo ha puesto de manifiesto el Ministerio Público en un informe donde se opone a la admisión a trámite de la denuncia que el Defensor del Paciente -a la que se adhirió posteriormente el partido Soberanía que preside el abogado José Luis Mazón- interpuso contra el presidente del Gobierno por cargar presuntamente a los presupuestos de La Moncloa los gastos derivados del cuidado y acompañamiento de su padre de 95 años, que padece una enfermedad.
En el citado informe del fiscal, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se sostiene que dichas denuncias deben ser archivadas por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal porque están basadas únicamente "en noticias periodísticas sin aportar elemento alguno indiciario que les otorgue sustento mínimamente objetivo".
La asociación el Defensor del Paciente y el partido Soberanía solicitaron a la Sala de lo Penal del TS que investigara quién pagó los cuidados del padre de Rajoy
El pasado 14 de octubre eldiario.es publicó que de los cuidados permanentes del progenitor del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Sobredo, se ocupaban dos sanitarios eventuales que fueron contratados para dicha tarea y cuyos servicios eran pagados con el presupuesto designado al Palacio de la Moncloa. Esta información desató la polémica entre las asociaciones y familiares de personas con dependencia.
Los presidentes del Gobierno y sus familias disponen de un servicio sanitario de alto nivel a cargo de los Presupuestos Generales del Estado que consiste en un equipo médico, pero sus funciones son estrictamente médicas y, entre ellas, no estaría el acompañamiento o la prestación asistencial de la que sí disfrutaría el padre de Mariano Rajoy Sobredo, juez jubilado y expresidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
No se aportan indicios
A raíz de esta información, el Defensor del Paciente y el partido Soberanía presentaron sendas denuncias en el Supremo por un delito de malversación de caudales públicos. En el caso de la formación política que lidera José Luis Mazón se sostenía que "un señor presidente del Gobierno se valga del cargo para costear los gastos de asistencia de la gran invalidez por vejez de su padre, para ahorrarse así el pago suyo o de todos sus hermanos, constituye un claro síntoma delictivo". Por su parte, la asociación que preside Carmen Flores solicitó al Alto Tribunal que "realice una investigación para aclarar lo sucedido".
La Fiscalía argumenta que las dos denuncias no contienen "ningún otro dato objetivo adicional" más allá de los publicado por un medio de comunicación
Sin embargo, el Ministerio Fiscal se opone a investigar quién y cómo se pagaron los cuidados del padre del presidente del Gobierno argumentando que en ninguna de las dos denuncias se ha aportado "ningún otro dato objetivo adicional del que se haya podido tener conocimiento" más allá de los publicados por el citado periódico digital.
En su informe, la Fiscalía recoge numerosa jurisprudencia del Supremo donde se recalca que "la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal". "No se justifica la apertura de un procedimiento penal cuando el querellante se limita a afirmar la existencia de un delito sobre la base de una información periodística publicada por un medio de comunicación sin aportar ningún otro dato objetivo adicional del que haya podido tener conocimiento y que permita su encaje en algún tipo de penal", subraya el fiscal.
En este sentido, el Ministerio Público explica que "quien interpone la querella no asume como propia la imputación de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una eventual falsedad".
En un primer momento, al conocerse la noticia, Moncloa se limitó a señalar que "la política de contratación de personal al servicio de la residencia oficial del actual presidente del Gobierno y su familia no ha cambiado. Es la misma que han seguido todos sus predecesores". Posteriormente, en conversación con este periódico, fuentes del Ejecutivo reconocieron que el padre del Presidente está siendo cuidado por personal del Palacio de la Moncloa.
Ahora, la pelota está en el tejado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal; el órgano que tiene la última palabra a la hora de admitir a trámite o archivar dichas denuncias contra Mariano Rajoy.
