El Ministerio del Interior pagó 120.516 euros a Ernst&Young por la auditoría realizada en 2019 para analizar si los 807 millones de euros presupuestados eran suficientes para conseguir la equiparación salarial de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil con respecto a los sueldos que perciben los cuerpos policiales autonómicos. Un informe que causó polémica y que las asociaciones de guardias civiles y sindicatos de policías consideran una auditoría 'ad-hoc' utilizada por el Gobierno para "cerrar en falso" la equiparación salarial.
En una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria efectuada por los diputados del PP Ana Vázquez y Carlos Rojas, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, sobre el importe pagado por el Ministerio del Interior y la fecha de dicho pago por el informe de equiparación salarial realizado por la auditora, el Gobierno informa que "el pago de dicha auditoría se ordenó el 17 de octubre de 2019 y fue por un importe de 120.516 euros".
En el acuerdo de equiparación salarial suscrito el 12 de marzo de 2018 con los sindicatos de Policía y las asociaciones de guardias civiles, Interior se comprometía a "contratar los servicios de una Consultoría Externa" que fijase "criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros" contemplados en el acuerdo suponen "la equiparación total y absoluta".
En un primer informe remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad, al que tuvo acceso Vozpópuli, Ernst&Young llegó a la conclusión de que "la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva". La auditora señalaba que existían determinados conceptos que se tomaron en consideración en la masa salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en comparación con la correspondiente de los Mossos D'Esquadra que, de no haberse tenido en cuenta, "habrían arrojado una cantidad superior".
El informe citaba complementos y pluses que "tienen carácter indemnizatorio" y "no retributivo". Y que, de haberse excluido de la masa salarial utilizada en el cálculo efectuado por la Secretaría de Estado, la cifra de 807 millones no permitiría alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos d'Esquadra.
Aquel informe de la auditora no fue aceptado por Interior, alegando que no se ajustaba al pliego de prescripciones técnicas contempladas en el proceso de licitación pública. Ante esta situación, la consultora remitió un segundo informe, "tal y como nos ha sido requerido por la Secretaría de Estado de Seguridad", en el que se detallaba que los "807 millones acordados entre las partes firmantes" del acuerdo de equiparación eran "el marco total y absoluto" del que debía partirse para realizar la auditoría.
Ese segundo informe, concluyó que los cálculos de realizados por la Secretaría de Estado de Seguridad, concretados en 807 millones de euros entre las FCSE y los Mossos d'Esquadra sí eran correctos y ajustados a la realidad retributiva existente.
Los sindicatos piden otra auditoría
"Aquel informe al final se quedó a medio camino. Fue un parche para cerrar la equiparación salarial en falso y cuanto antes", señala Miguel Gómez, presidente de Jusapol, asociación que integra al sindicato de policías Jupol y a la asociación de guardias civiles Jucil. "A la vista está que las nóminas de los agentes siguen reflejando una diferencia salarial con respecto a los Mossos", añade en declaraciones a este diario.
Según un estudio elaborado por Jusapol, en la escala básica los agentes de la Policía Nacional perciben aún entre un 14,56% y un 17,98% menos que los Mossos. Horquilla que aumenta hasta entre el 17,98% y el 21,27% en el caso de los guardias civiles.
El Ministerio del Interior considera que la equiparación salarial sí se ha producido y que los 807 millones de euros destinados han permitido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cobren de media un 20% más que en 2017
Tanto Jusapol como el Sindicato Unificado de Policías (SUP) reclaman a Interior la realización de una nueva auditoría independiente que se realice de forma más exacta y con datos precisos que reflejen las "brechas salariales" que se mantienen con respecto a las policías autonómicas. Además, piden una Ley de Retribuciones que garantice que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil reciban una remuneración igual a la del resto de cuerpos autonómicos.
Denuncian incumplimiento del acuerdo
"Nunca estuvimos de acuerdo con aquella auditoría. Creemos que falta montante económico para que podamos alcanzar una equiparación salarial real", indica Carlos Morales, portavoz del SUP. Este sindicato, al igual que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncian además que aún no se han cumplido los puntos tercero y octavo del acuerdo de equiparación salarial suscrito en 2018.
El punto tercero establecía que se destinarían 100 millones de euros cada ejercicio para incentivar el reingreso de personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo. Mientras, en el octavo, el Ministerio del Interior se comprometía a impulsar medidas legislativas para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre policías que realicen las mismas funciones.
El Ministerio del Interior considera que la equiparación salarial sí se ha producido y que los 807 millones de euros destinados han permitido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cobren de media un 20% más que en 2017, "la mayor subida salarial que se ha producido y frente al aumento para el resto de funcionarios públicos en el mismo periodo de un 6,25%".
