Alberto Luceño suma un delito más en el caso mascarillas. El magistrado Adolfo Carretero ha ampliado la imputación del conseguidor con el delito de falsedad en documento oficial a tenor del carnet del CNI que se localizó en su domicilio y que él mismo habría confeccionado para coneguir vender el material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia.
El instructor del conocido como caso Mascarillas acuerda en un auto firmado este lunes y al que ha tenido acceso Vozpópuli que se amplíe la investigación contra Luceño. De él dice que habría distorsionado "su actividad y profesión" para facilitar "el presunto engaño". El magistrado habla de una estafa mediante la venta de productos sanitarios con "precio sobredimensionado y exorbitado" en el marco del cual se ocultaron "comisiones excesivas" de seis millones de euros.
El instructor explica que el documento falso que se incautó la Policía (un carnet del CNI) pudo haber sido utilizado para facilitar las relaciones comerciales con Asia. "El Sr. Luceño se hizo pasar en el Ayuntamiento como un agente exclusivo en Europa de la compañía asiática Leño", recuerda el auto relativo a esta causa que se sigue contra Luceño y su socio Alberto Medina.
Una placa del CNI falsa
Además, el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid accede al otro reclamo de la Fiscalía Anticorrupción y requiere al Ayuntamiento de Madrid y a la empresa Kuehne & Nagel (con sede social en Mejorada del Campo) pra que informen en el plazo de un mes acerca de la cantidad exacta de guantes de nitrilo que recibió la Funeraria de Madrid por parte de la empresa Leno.
Sostiene el instructor que esta diligencia es necesaria para acreditar el perjuicio al consistorio de José Luis Martínez-Almeida y de esta empresa pública, toda vez que de los 2,5 millones de guantes adquiridos llegaron a España únicamente 1,2 millones. Cabe recordar que Luceño actuó como intermediario entre la empresa Leno (de la que sería dueño San Chin Choon) y el Ayuntamiento para suministrar un millón de mascarillas por 6,6 millones de dólares; 2,5 millones de guantes de nitrilo por 5 millones y 250.000 test rápidos por 4,2 millones de dólares.
Los juzgados de Plaza Castilla abrieron causa en abril del año pasado a tenor de una querella interpuesta por Anticorrupción, en la que pidió que se investigara este contrato por estafa, toda vez que los precios que se pagaron excedían en demasía del valor del material sanitario adquirido. Además, también apuntó al cobro de seis millones de euros en comisiones; cinco que habrían ido para Luceño y un millón para Medina. El hijo del Duque de Feria y Naty Abascal cobró por presentar a Luceño en el Ayuntamiento de Madrid.
Registro en su casa
En el marco de esta investigación, el juez del caso Mascarillas abrió una pieza separada y acordó el registro del domicilio de Luceño tras aparecer una serie de correos atribuidos a la empresa asiática que suministró las mascarillas. Ante la sospecha de que el propio Luceño los pudo haber manipulado y teniendo en cuenta que San Chin Choon no ha prestado declaración en las diligencias porque el jue requiere que comparezca de manera presencial , se ordenó el registro del domicilio del imputado.
Entre la documentación requisada se encuentra una placa y una tarjeta del CNI que, según consta en un reciente informe de la Policía Científica, son falsas. Los agentes precisaron en el acta del registro que en el interior de una cartera negra se encontró un "portapapeles negro con una placa de agente del Centro Nacional de Inteligencia" y una tarjeta blanca y azul del CNI junto con su foto.
Del mismo modo localizaron seis hojas con impresiones de imágenes del CNI, del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. Tras el análisis de todo este material, la Policía Científica concluyó que dichos documentos eran falsos, por lo que Anticorrupción solicitó que se ampliara su imputación al delito de falsedad documental; diligencia que ahora acuerda el juez.
