La Fiscalía Anticorrupción se opone a imputar en el caso mascarillas a Carlos Martínez-Almeida Morales, primo del alcalde de Madrid. El Ministerio Público considera que no hay indicios de que el abogado madrileño cometiera delito de tráfico de influencias -como le atribuyen algunas acusaciones- ya que únicamente puso en contacto a los comisionistas del contrato de material sanitario con el Ayuntamiento. Del mismo modo rechaza también imputar a la responsable de compras del consistorio, Elena Collado.
En un nuevo escrito incorporado a la causa y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el fiscal da respuesta a la petición del juez Adolfo Carretero, el cual pidió a las partes de este procedimiento que se pronunciaran sobre la citación del primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida. Del mismo modo suspendió la declaración de Elena Collado, prevista para este lunes, para preguntar a las partes si debe comparecer como testigo (condición en la que fue llamada en un primer momento) o como imputada.
El Ministerio Público ha dado respuesta a los requerimientos negando que se les deba implicar en la causa. La Fiscalía viene manteniendo que no hay indicios que apunten que el Ayuntamiento es responsable penal en esta supuesta estafa con el contrato de suministro de mascarillas. Al respecto explica ahora que la declaración del primo de Almeida es "irrelevante" porque los delitos que se investigan en la causa (estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en el caso de Luis Medina), se cometieron después de su actuación.
La responsable de compras, solo testigo
"No existe ningún indicio de que su conducta, que se limitó a facilitar los datos de contacto de la persona que gestionaba en el Ayuntamiento de Madrid la compra de material sanitario pueda haber constituido delito de tráfico de influencias", reza el Ministerio Fiscal. Del mismo modo también rechaza que se impute en la causa a la responsable de compras del consistorio que se encargó de cerrar este contrato de 11 millones para suministrar a Madrid mascarillas, guantes y test en el peor momento de la pandemia.
La Sra. Collado fue la persona principal y directamente engañada por los investigados, por lo que resultaría contradictorio admitir que ha podido ser responsable
Sobre Collado dice que debe de citársele como testigo, tal y como estaba previsto en un primer momento, y que tampoco hay pruebas que demuestren que era partícipe de la estafa. Más bien al contrario, el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol responde a la petición del Grupo Mixto que no se le puede imputar malversación y tampoco prevaricación cuando no se ha identificado "una concreta resolución presuntamente arbitraria" por su parte.
Posible embargo de Luceño
"Respecto a la afirmación de que la Sra. Collado podría haber sido cómplice o cooperadora necesaria en la estafa, la querella presentada por el Ministerio Fiscal se basa, precisamente, según el relato de hechos que contiene, en que la Sra. Collado fue la persona principal y directamente engañada por los investigados, por lo que resultaría contradictorio con sus propios actos y vaciaría de contenido la imputación de un delito de estafa, que el fiscal admitiera que la Sra. Collado ha podido ser penalmente responsable de dicha estafa", indica Anticorrupción.
De esta forma, la principal acusación del procedimiento insiste en mantener el foco en los dos empresarios querellados por haber cobrado comisiones de cinco millones de dólares en el caso de Alberto Luceño y de un millón de dólares en el de Luis Medina. Tras interrogarles en sede judicial el pasado 25 de abril, el instructor abrió diferentes vías para poder asegurar como fianza las cuantías equivalentes al cobro de las comisiones. Al respecto dio a Luceño un plazo de 48 horas para que presentara una fianza de 4 millones.
El comisionista respondió al juzgado que no podía reunir ese monto en dicho tiempo, motivo por el cual el magistrado Adolfo Carretero acuerda en una providencia de este mismo viernes que se proceda a la averiguación patrimonial de sus bienes y de su empresa Takamaka Invest SL a través del Punto Judicial y también de Hacienda. Se trata de un movimiento que ya advirtió que haría en caso de que no reuniera los cuatro millones restantes para cumplir con la caución fijada.
Del mismo modo, los investigadores ya han recibido respuesta de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en relación al contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa asiática Leno. Al respecto la Fiscalía pide que se adhiera a la causa para su estudio, así como un informe del Sepblac relativo a una sociedad que constituyó Luis Medina el 14 de mayo de 2020; esto es; tras cobrar su comisión por mediar entre Luceño y el Ayuntamiento para la firma de este contrato de mascarillas.
