La Junta de Andalucía ha reclamado que la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, sea apartada declarando la nulidad de sus competencias en la causa de las presuntas irregularidades en los fondos destinados a los cursos de formación en la comunidad, alegando que podría haberse vulnerado el derecho a un juez natural.
Fuentes de la Junta de Andalucía han indicado que el recurso de la administración se basa en que el funcionario Teodoro Montes, testigo clave del caso, habría declarado que el juzgado de Alaya le señaló que denunciara estas presuntas irregularidades ante la Guardia Civil y posteriormente el juzgado sevillano abrió la causa, por unos hechos que investigan otros órganos judiciales de varias provincias andaluzas, según informa Efe.
El Ejecutivo andaluz ha presentado un recurso en que el que señala que la competencia en esta materia correspondería, a su juicio, al Tribunal Constitucional
Este hecho supone, en opinión de la Junta de Andalucía, que se puede haber vulnerado el derecho a un juez natural, ya que la causa no fue a reparto y Alaya abrió una investigación que podría haber correspondido a cualquier otro magistrado, por lo que la Junta ha pedido la nulidad de competencias en la causa de formación.
La administración andaluza también ha recurrido el auto en el que la juez requería al Consejo de Gobierno para que le entregue las actas de las reuniones de los viceconsejeros, denominadas "consejillos", y que se celebran cada semana con carácter previo a los Consejos de Gobierno, desde el 2001 al 18 de octubre del 2012.
Según el auto de la juez, se trata de "poder investigar cuantas cuestiones eran analizadas en torno al uso ilícito de las transferencias de financiación para el pago de (la Agencia) IDEA de las subvenciones sociolaborales".
Tras esta petición, el Ejecutivo andaluz ha presentado un recurso en que el que señala que la competencia en esta materia no correspondería, a su juicio, a una jueza de instrucción, sino al Tribunal Constitucional.
Argumenta también que la juez pone en tela de juicio la capacidad de la Junta de Andalucía de regular ayudas sociolaborales, un punto en el que las fuentes han indicado que se trata de una materia en la que el Estatuto de Autonomía reconoce las competencias de la administración autonómica.
Además, la Junta de Andalucía ha decidido publicar en su web las actas del consejillo una vez que las entregue en el Juzgado, algo que las fuentes han definido como "inédito e histórico", porque "no hay nada que ocultar".
