El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado que cambiará la legislación para sancionar a las gasolineras flotantes permanentes ("bunkering") en Gibraltar, y ha negado que una de las empresas de la que es accionista se dedique a esta práctica.
Este viernes se presentará en Consejo de Ministros la propuesta de modificación de la ley de patrimonio natural y biodiversidad para afrontar la "laguna legal" que hoy impide aplicar un régimen sancionador y se tramitará por procedimiento de urgencia, ha dicho en una comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso.
Según Arias Cañete, la legislación vigente exige la existencia de daño ambiental y no solo un riesgo potencial, como el que se está dando en la zona de Especial Protección del Estrecho Oriental (que alberga un Lugar de Interés Comunitario, LIC, de gran valor ambiental). De ahí que la modificación incorporará el "riesgo ambiental" para poder castigarlo.
En su comparecencia a petición propia para informar sobre el "bunkering" (gabarras que suministran combustible a otros buques desde el puerto o el mar) y a solicitud del PSOE para que explicara su supuesta vinculación con una empresa dedicada a esa práctica, Arias Cañete ha explicado que posee unas 85.000 acciones por valor de 185.104 euros en la empresa Petrolífera Ducar S.L, pero su negocio -ha dicho- es solo el almacenamiento de combustible en Ceuta. Representa el 2,5 % del accionariado de la empresa, de la que dimitió como presidente cuando fue nombrado ministro hace dos años y no desempeña tareas directivas.
Denuncia de Medio Ambiente ante la Fiscalía
"He trabajado en el sector privado y tengo pasado; esto es bueno porque aporta capacidad de gestión al sector público. Es mejor que depender toda la vida de un escaño y de unos Presupuestos Generales", ha subrayado. Ha anunciado, por otro lado, que seguirán las denuncias ante la Fiscalía contra los incumplimientos medioambientales en Gibraltar y, si no hay respuesta de la Comisión Europea, "queda el recurso del Tribunal de Justicia de la UE, demandando al Reino Unido por no retirar o paralizar las actividades contaminantes".
Hace 24 horas, el ministerio de Medio Ambiente presentó una denuncia a la Fiscalía por la construcción de espigones ganando terreno al mar en un espacio natural protegido próximo a Gibraltar.
En su comparecencia, Arias Cañete ha explicado que el suministro de combustible a buques está regulado por las normas portuarias y se hace "con normalidad" en todo el mundo, sin embargo las gasolineras flotantes con tanques de gran tonelaje de carácter permanente es un sistema que no se usa en otros puertos españoles, solo en Gibraltar en una zona de gran valor ecológico.
Dicha fórmula implica un elevado "riesgo" de vertido al mar, ha recalcado Arias Cañete. Frente a una gabarra habitual de unos cien metros de eslora y 3.000 hectómetros cúbicos de capacidad, una de estas gasolineras flotantes mide 250 metros y tiene capacidad para 100.000 hectómetros cúbicos.
Durante su intervención, el diputado del PSOE y portavoz de Medio Ambiente, José Luis Ábalos, ha señalado que pese a que Petrolífera Ducar pueda no dedicarse al "bunkering" sí forma parte de la cadena de empresas que lo realizan. "Directamente no lo hace, pero según las informaciones de los medios de comunicación, su empresa constituye una base estratégica para que otras con sus buques hagan bunkering. Forma parte de esa estrategia de suministro comercial", ha recalcado Ábalos.
El diputado del grupo mixto Joan Baldoví (Compromís Equo) ha opinado que este asunto es una cortina de humo para ocultar el caso Bárcenas, y Álvaro Ganchuelo (UPyD) ha denunciado la "intolerable" situación colonial entre países miembros de a UE y ha solicitado información sobre las actuaciones emprendidas en los últimos años para atajar el "bunkering".
La diputada de Izquierda Plural Caridad García ha pedido la realización de una auditoría ambiental en la zona, donde se registran 5.500 operaciones anuales de "bunkering" y 4,3 millones de trasvase de toneladas en 2007, según sus datos.
En su intervención, la diputada popular María Teresa de Lara ha calificado a la oposición socialista de "irresponsable" al pedir la comparecencia del ministro por el tema Ducar y ha acusado al grupo socialista de carecer de sensibilidad ambiental, en particular por las "agresiones al Peñón", donde "han preferido mirar a otro lado".