El eurodiputado del PP Miguel Arias Cañete llega al sprint final para ser comisario de Energía y Acción por el Clima con un perfil cuestionado por el empleo de acusaciones machistas y por su reciente relación con la industria petrolera. El exministro de Agricultura del 'Gobierno Rajoy', que se somete este miércoles al examen de la Eurocámara, no ha desvelado todavía a la opinión pública a quién ha vendido las acciones que poseía en las empresas Ducar y Petrologis Canarias (un 2,5% de cada una de ellas). Una operación que se efectuó el pasado 18 de septiembre y de la que también ha trascendido que su hijo Miguel Arias Domecq ha dimitido como miembro de los consejos de administración de ambas entidades, dedicadas al almacenamiento de combustible.
Otro familiar de Arias Cañete que ha formado parte del órgano ejecutivo de dichas compañías --se desconoce si también ha dimitido, porque aún no hay constancia de ello en el Registro Mercantil-- es Miguel Domecq Solís-Beaumont, cuñado del exministro y hermano de Micaela Domecq. En concreto, Miguel Domecq sustituyó a Arias Cañete en la presidencia de Ducar y Petrologis Canarias cuando entró a formar parte del Ejecutivo popular, relevo que se formalizó a principios de 2012.
En la última actualización del citado registro, el propio Miguel Domecq figura como el segundo mayor accionista de ambas petroleras, con un 12,78% de Ducar y un 11% de Petrologis Canarias. Como primer accionista aparece la instrumental holandesa Havorad Besloten Vennootschap, con un 48% y un 45%, respectivamente. Miguel Domecq Solís-Beaumont ha estado inscrito como apoderado de esa "sociedad pantalla" --según la Agencia Tributaria-- con sede en Amsterdam.
Sin embargo, el entramado no acaba aquí: Havorad BV controla, según ha podido saber Vozpópuli, el cien por cien de dos empresas, Carlin Agroganadera y Lauter Agroganadera, beneficiarias de fondos de la Política Agraria Común (PAC) en Extremadura. Estas dos firmas, cuya presidencia recae en Miguel Domecq Solís-Beaumont, obtuvieron en el primer semestre de este año más de 3.200 euros (1.331 la primera y 1.951 la segunda) en subvenciones europeas. Tales ayudas se otorgaron siendo Arias Cañete ministro de Agricultura. Además, como máximo responsable de esta cartera participó en las negociaciones de la PAC mantenidas en Bruselas para el periodo 2014-2020.
La esposa de Cañete y sus hermanos ya tuvieron que comparecer en 2002 en la Asamblea de Extremadura por presuntas irregularidades en la percepción de ayudas europeas
Estas ayudas del Fondo europeo agrícola de garantía (FEAGA), dirigidas a la producción de carne de vacuno, no son las únicas que han terminado en Extremadura en manos de familiares de Arias Cañete. Otros dos cuñados del parlamentario popular también se hallan entre los receptores: Francisco de Borja Domecq Solís-Beaumont ha percibido entre enero y junio de 2014 una cantidad de 62.084,26 euros para la empresa Agrícola Borja Domecq. Por su parte, Fernando Domecq Solís-Beaumont ha conseguido 32.619,86 euros. A la lista hay que sumar las asignaciones que han correspondido a dos hijos de Francisco de Borja Domecq (sobrinos de Arias Cañete): Francisco de Borja Domecq Noguera y su hermana Fátima han ingresado 17.357 y 11.846 euros, respectivamente. En total, la suma de la familia asciende a 127.170,98 euros.
Los nombres de estos dos sobrinos ya salieron a la luz en un informe publicado a finales de 2012 por Greenpeace contra la Ley de Costas que impulsó Arias Cañete. La asociación ecologista denunciaba aquí su "visión de la costa como un espacio para el negocio del ladrillo" e incluía una relación de "posibles beneficiarios de esta peculiar reforma". Entre los citados estaban Borja y Fátima como "parte de Bofado Inversiones SL, dedicados a la construcción, edificación y, entre otros, reparcelación y venta de edificios".
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Tanto la esposa de Arias Cañete --entonces ministro de Agricultura del Gobierno de Aznar-- como los citados Fernando Domecq Solís, Francisco de Borja Domecq Noguera y su hermana Fátima tuvieron que comparecer en enero de 2002 ante la Comisión de Investigación para el Estudio de las Subvenciones y Ayudas Públicas de la PAC constituida en la Asamblea de Extremadura. Lo hicieron como perceptores de asignaciones europeas en el tramo de menos de 18.030,36 euros (tres millones de pesetas) anuales. El PSOE había denunciado presuntas irregularidades de Micaela Domecq al dividir una finca de su propiedad en nueve explotaciones (todas ellas con domicilio en Madrid y Jerez de la Frontera) para cobrar los fondos de la PAC por separado.
Un cúmulo de interrogantes sobre la mesa
El grupo de eurodiputados franceses de Los Verdes publicó ayer una carta en el influyente diario Le Monde en que pedían la retirada de la candidatura de Cañete. "Cuando parece que su esposa y su hijo han vendido el 18 de septiembre sus acciones personas (en las dos petroleras), las sospechas aumentan. Ni más ni menos que dos de sus hermanos controlan estas compañías", dice el escrito. Uno de esos hermanos es Miguel Domecq Solís-Beaumont.
Además, continúa el artículo, "existen sospechas de encubrimiento de intereses personales y familiares, vía regímenes fiscales, a través de la empresa fantasma Havorad BV, con sede en los Países Bajos". "En este punto, si se no confirma la ilegalidad de sus actividades --prosigue el artículo--, las preguntas se acumulan: ¿Qué ingresos se derivan a su familia? ¿Por qué utilizan este tipo de entramado opaco? ¿A quién vendió sus acciones el eurodiputado? ¿Ha habido intención de defraudar a las autoridades fiscales españolas?" A juicio de la delegación francesa de Los Verdes, estos interrogantes, entre muchos otros, "son legítimos y deben ser contestados". En su opinión, sin un acuerdo político entre los conservadores europeos y los socialistas "no puede entenderse la protección del señor Cañete".
En este sentido, es cierto que en Bruselas va cobrando fuerza un pacto de no agresión entre los dos principales grupos políticos para evitar que si la candidatura de Arias Cañete es retirada, haya una respuesta de los conservadores en forma de veto al futuro comisario de Economía y Finanzas, el socialista francés Pierre Moscovici. La votación sobre la nueva Comisión en su conjunto, donde los socialistas podrían abstenerse, está prevista para el próximo 21 de octubre