Los miembros de las Fuerzas Armadas, a través de cuatro asociaciones representativas, han puesto en marcha una campaña para equiparar sus salarios a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Consideran que su intervención en la Operación Balmis, en primera línea contra el coronavirus, es un aliciente para espolear esa mejora en sus sueldos. Por eso han empezado a recoger firmas: “En un momento en el que la equiparación salarial está sobre la mesa de negociación tanto para la Guardia Civil como para la Policía Nacional, no podemos olvidar a nuestras Fuerzas Armadas”.
Como contó Vozpópuli, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo en la que pedían “salarios dignos” para el personal militar. Según señalan, las retribuciones de los efectivos son “manifiestamente injustas”.
“Las asociaciones profesionales llevamos años exponiendo que las nóminas militares están muy alejadas de las del resto de la Administración Pública”, señalan las asociaciones, al mismo tiempos que apelan al trabajo desempeñado durante la pandemia del coronavirus: “Finalizado el estado de alarma y con él la Operación Balmis, la ciudadanía ha podido constatar la profesionalidad y entrega de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas”.
Durante la Operación Balmis, los miembros de las Fuerzas Armadas han llevado a cabo un total de 20.002 intervenciones en 2.302 localidades. También fueron la punta de lanza en las residencias de ancianos, uno de los puntos más críticos durante la pandemia, donde han llevado a cabo 5.128 desinfecciones.
Esta noche ha finalizado la #OperaciónBalmis, un gran reto para los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, los cuales han demostrado con su trabajo, esfuerzo y sacrificio el compromiso que mantienen con la sociedad española.
¡Gracias!#JuntoPorUnFuturoMejor pic.twitter.com/v9fbxPb3Hf— Ministerio Defensa (@Defensagob) June 21, 2020
El ejemplo de Interior
Por eso las cuatro asociaciones han habilitado un portal web donde recogen firmas como medida de presión para su mejora salarial: “Muestra tu apoyo. Salarios dignos para nuestros militares”, apuntan. Y añaden: “Los defensores de la soberanía y la independencia nacional deben cobrar sueldos dignos”.
Asimismo, los representantes de las asociaciones recuerdan Interior ya ha lanzado un plan de equiparación salarial para aproximar los sueldos de policías y guardias civiles a los de otros cuerpos autonómicos, principalmente los Mossos d’Esquadra. Juan Ignacio Zoido firmó con sindicatos y asociaciones un acuerdo por valor de más de 800 millones que se abonaría en tres tramos consecutivos y que iría a parar directamente a los bolsillos de los agentes.
El ministro Fernando Grande-Marlaska anunció durante el estado de alarma el desbloqueo de 247 millones de euros para la mejora retributiva de ambos cuerpos. “La nueva normalidad ha de servir para que desde la reconstrucción las retribuciones de las Fuerzas Armadas se ajusten a las de otros cuerpos de servidores públicos”, apuntan las asociaciones militares.
Estudian manifestarse
Los miembros de ASFASPRO estudian la posibilidad de tomar las calles para protestar por sus retribuciones. Consideran que sus peticiones salariales no se han escuchado en las consecutivas reuniones del Consejo de Personal (COPERFAS) del Ministerio de Defensa, en gobiernos de distinto color: “Entendemos el contexto de crisis, pero no nos queda más remedio que pensar en la manifestación como medio para reivindicar lo que nos han prometido desde diferentes partidos políticos”, indicaron fuentes de la asociación a este diario.
ASFASPRO considera que una protesta pública bajo esta reivindicación no supondría ninguna vulneración de los principios que rigen al personal de las Fuerzas Armadas, bajo las máximas de la neutralidad y de no participar en actos públicos carácter político, sindical o reivindicativo. La asociación recupera una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 que apuntaba: “Se habrá de diferenciar entre la reivindicación meramente profesional, social o económica de la netamente sindical o política”. Y dice que se estudiarán las medidas oportunas para plantear sus reivindicaciones.
