Choque entre la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado del caso Villarejo por la investigación al BBVA. Mientras el Ministerio Público respalda que se practiquen más diligencias en aras a acotar la "millonaria e irregular" contratación del comisario jubilado, el juez precisa que solo se practicarán aquellas actuaciones que se reputen "esenciales". De este modo, el magistrado tumba la solicitud del exdirectivo de riesgos Antonio Béjar y de los fiscales de que declarase como testigo la exjefa de servicios jurídicos para aportar más detalles sobre los pagos al entramado del policía.
Así figura en la última documental incorporada a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que se da respuesta a una serie de solicitudes planteadas por este exalto cargo del banco que colabora con la Justicia. El magistrado Manuel García Castellón, que investiga los contratos de BBVA a Cenyt por 10,3 millones de euros, responde de manera negativa a que declare María Jesús Arribas así como también del que fuera responsable de compras Ángel Cabetas al considerarlas "innecesarias". No obstante, sí acuerda requerir al banco que preside Carlos Torres para que identifique a los empleados que autorizaron algunos de los gastos a Cenyt y que se atribuyen a Béjar.
Pese a que la principal acusación ve en estos testigos pruebas clave para probar la irregularidad de la contratación del policía, el magistrado apunta en otra dirección y dice que no hay pruebas de que estas personas tuvieran conocimiento de los trabajos de espionaje de Villarejo, entonces activo en la Policía Nacional. "El hecho de que la Fiscalía vaya a proponer más diligencias será un elemento que deba estimular al instructor a valorar su oportunidad (...). Precisamente, porque el procedimiento en la fase de instrucción debe encaminarse a practicar “sin demora” solo aquellas diligencias que se reputen esenciales", alega.
Al margen de los protocolos internos
Se trata de una postura con la que manifiesta su intención de ir concluyendo esta pieza novena del caso Tándem en la que figuran una decena de directivos imputados por los contratos del comisario, además del expresidente Francisco González y de la propia entidad como persona jurídica. El banco también se opuso a la petición de Béjar, el cual fue señalado en el forensic como uno de los principales responsables de los pagos girados a las empresas de Villarejo. El también expresidente de Distrito Castellana Norte alega que hay errores de calado y que se contrató con Cenyt por orden de la cúpula.
La Fiscalía también entiende que es importante escuchar como testigo a Arribas. Aunque el banco defiende que no redactó los documentos que ahora se investigan, los fiscales consideran que puede arrojar luz al hecho de que los servicios jurídicos no detectara las contrataciones con Cenyt que se llevaron a cabo entre los años 2004 y 2016. Al respecto advierte que, con los pagos al espía, se saltaron los protocolos internos para la selección de proveedores de compras y sistemas para el pago de las facturas y señala que el entonces presidente de la entidad se pudo servir de personal del banco para realizar operaciones "de puro interés personal".
Doctrina FG
Pero incluso va más allá y asegura que en esta pieza del caso Tándem se han recabado "multitud de indicios" que apuntan que responsables de los servicios jurídicos, pese a no intervenir de manera directa en la contratación de este proveedor, sí que trabajaron con datos del entramado de Villarejo. Ponen como ejemplo el resultado de espionajes a morosos de la entidad o a Ausbanc. "El BBVA ha manifestado que disponía de una política de cumplimiento normativo tanto formal, como informal (Doctrina FG en palabras de su ex presidente), pese a lo cual, la misma no impidió que en su seno y en las más altas instancias directivas se llevase a cabo una contratación millonaria e irregular", añade el escrito.
De hecho, añaden que "la política interna del BBVA no se percató de nada" durante todo el tiempo en que trabajaron con Cenyt y ya avanzan una línea clave que mantendrán casi con total seguridad en una posible vista oral por estos hechos: "Hemos de adelantar ya que la explicación dada por la persona física
representante de la jurídica, derivando la “imposibilidad” al tamaño y número de operaciones de la entidad, resulta absolutamente carente de sentido, pues se supone que una política de cumplimiento normativo medianamente seria exigiría una planificación de la misma que fuese acorde precisamente a esas cuestiones de tamaño y número de operaciones", sentencian.
