El Ministerio de Justicia ha previsto para este 2021 una dotación adicional de 60 unidades judiciales, lejos de las 110 que había solicitado como mínimo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por considerar que son las "imprescindibles" para adaptar la planta judicial a la litigiosidad existente, según un informe del CGPJ al que ha tenido acceso Europa Press.
De acuerdo con el documento, avanzado por La Razón, el Ministerio de Justicia pidió el pasado 15 de febrero al CGPJ que formulara su propuesta sobre las nuevas unidades judiciales que creía necesarias para 2021 para, en base a dicha información y la recabada de las distintas comunidades autónomas y tribunales, elaborar el plan de desarrollo de la planta judicial de este año para adecuarla a las necesidades derivadas de la crisis provocada por la covid-19.
El departamento de Juan Carlos Campo ya avanzó al CGPJ que "está prevista la creación de 60 nuevas unidades judiciales que integran la programación de 2021 que, atendiendo a la carga de trabajo existente y siendo presupuestariamente posible la efectividad tanto de plazas de magistrado/a en órganos colegiados como de la entrada en funcionamiento de los nuevos juzgados, son necesarias desde un punto de vista estructural".
Justicia detalló incluso el reparto de esas 60 unidades judiciales, en base a "parámetros objetivos previamente definidos de litigiosidad y de población de derecho", conforme a los cuales Andalucía (12) y Cataluña (10) eran las comunidades autónomas que más recibían, seguidas de Madrid (8) y Valencia (7).
A continuación se situarían Canarias (4), Galicia y las dos Castillas, con tres cada una; Murcia y País Vasco, con dos por región; y Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra, Extremadura y Baleares, todas con una. Por otro lado, La Rioja, Ceuta y Melilla se quedarían sin nuevas unidades judiciales.
Una dotación "imprescindible"
La Sección de Oficina y Planta Judicial del CGPJ ha concluido, en cambio, que se necesitarían "al menos 110 unidades judiciales" para "agilizar la actividad judicial y adecuarla planta judicial a la litigiosidad existente".
"La creación de estos nuevos órganos jurisdiccionales se considera imprescindible", indica este órgano del CGPJ en la propuesta que emite a nivel interno a la Comisión Permanente, del pasado 18 de marzo.
No obstante, consciente de que la previsión ministerial son solo 60 nuevas unidades judiciales, propone un reparto distinto de las mismas por el territorio nacional, apoyándose en el informe redactado sobre este asunto por el Servicio de Inspección.
Así, aboga por adjudicar 12 unidades judiciales al Tribunal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla; 10 al de Cataluña, 8 a Madrid, 7 a Valencia, 4 a Canarias, 3 a Castilla La Mancha, Galicia y Murcia, 2 a Castilla y León, y uno a Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Navarra y País Vasco.
Refuerzos en la Audiencia Nacional
Dentro de esas 110 unidades judiciales que reclama, la Sección de Oficina y Planta Judicial pide reforzar a la Audiencia Nacional con siete nuevos magistrados en las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo.
En la Sala de lo Penal, interesa la creación de tres unidades judiciales, detallando que serían nuevos magistrados titulares "de manera que cada sección cuente con una planta de cinco, de modo que el mantenimiento de los refuerzos permita desdoblar tribunales y apoyar a los magistrados durante la celebración y dictado de sentencias en causas de excepcional dificultad".
En lo Contencioso-Administrativo, apuesta por "la creación de cuatro unidades judiciales (magistrados) para ampliar en una sección más el número de las existentes en la sala o, al menos, de dos plazas, para constituir dicha sección".
El Ministerio dice que es habitual
Interrogadas por este desfase entre el número de unidades judiciales requeridas por el CGPJ y las previstas por el Ministerio, fuentes de Justicia han explicado que es habitual que el órgano de gobierno de los jueces pida más de las que finalmente se crean.
Entre los motivos de que normalmente se rebajen las expectativas, las fuentes ministeriales han mencionado el necesario encaje de los distintos planteamientos de todas las partes implicadas en el proceso, así como la disponibilidad presupuestaria --subrayan que este año solo da para 60--, las infraestructuras disponibles y los recursos que hay que inyectar a las nuevas unidades judiciales.
