El Partido Popular ha presentado un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la orden del Gobierno de crear un comité que pretende actuar contra la "desinformación", lo que el partido de Pablo Casado y otras formaciones de la oposición denominan el "ministerio de la verdad".
El secretario general popular, Teodoro García-Egea ha anunciado que su formación ha recurrido esta decisión del Ejecutivo en la que se incluye, entre otras cosas, la intención de "examinar el pluralismo de los medios" para "evitar" las 'fake news'.
Al mismo tiempo, el PP ha lanzado una campaña con el hastag #MinisterioDeLaVerdad en la que van a participar los principales cargos del partido de las distintas estructuras territoriales.
En esta campaña, según explica el partido, podrá verse a miembros del partido con la boca tapada y una cinta de "contenido censurado", así como una simulación de noticias censuradas de distintos medios de comunicación.
Con esta campaña, los populares quieren "denunciar el ataque del Gobierno de Sánchez-Iglesias a la libertad de información", algo que, recogen, "han denunciado las propias asociaciones de periodistas y medios de comunicación".
Sacamos una campaña en redes sociales para denunciar lo que es este #MinisterioDeLaVerdad antes de que Pedro Sánchez siga haciendo de las suyas.
? @TeoGarciaEgea en @DebatAlRojoVivo https://t.co/yfh4zy5HKK pic.twitter.com/gWuu03NyOJ
— Partido Popular (@ppopular) December 1, 2020
La orden del Gobierno
Tal y como publicó 'Vozpópuli', el pasado 5 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una orden del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en la que abogaba por "actuar contra la desinformación" y donde habla de "adopción de medidas" en el caso de atribución pública a un tercer Estado de las campañas de desinformación.
La cartera dirigida por Carmen Calvo señalaba en su escrito que los ciudadanos deben tener acceso a una "información veraz y diversa" y que se ve "cada vez más amenazada" por la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática" de información falsa que quiere "influir en la sociedad".
En concreto, la orden indicaba que, con el objetivo de "atajar la desinformación", y a través del European Democracy Action Plan, se actuará para "incrementar" la integridad electoral y "garantizar" unos sistemas electorales "libres y justos"; y "examinar" los medios que se emplean para "interferir en sistemas democráticos", luchando contra la desinformación sobre la covid-19 y en procesos electorales.
